Por Alejandro Ramos Magaña
Desde principios de la década de los 70, del siglo XX, los urbanistas ya advertían de los riesgos de escasez de agua por la tendencia de crecimiento urbano desordenado de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
El crecimiento hormiga, tolerado por los gobiernos en turno, empezó a invadir el suelo de conservación, barrancas, laderas y zonas lacustres. La expansión de la mancha urbana canceló con el concreto importantes áreas de suelo natural y con ello disminuyó la recarga del acuífero, por consiguiente la disponibilidad de agua se encuentra en una severa crisis.
Expertos del Colegio de Urbanistas de México sostienen que lo que ha ocurrido en la Ciudad de México y Zona Metropolitana se reproduce en casi todo el país, ya que predomina una falta de control de los gobiernos sobre el crecimiento urbano de sus entidades. Por ejemplo, suelos ejidales están siendo vendidos a desarrolladores, pero sin acatar la normatividad ambiental y urbana, como ocurre en las entidades: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, entre otros.
El país cuenta con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2021- 2024 --instrumento de planeación que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial--, pero se mantiene desarticulado por lo laxo de los gobiernos estatales, municipales y por las omisiones e improvisaciones del propio gobierno federal. Y supuestamente este programa debe estar vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, pero ni en estos instrumentos hay claridad sobre lo que se debe hacer con los parques nacionales, cuyo control está en manos de comuneros y ejidatarios, que son los titulares de la tierra.
Las políticas públicas no han podido darle un orden, una planeación sustentada en marcos jurídicos, ecológicos, económicos, administrativos, de salud y servicios. Faltó y ha faltado el desarrollo de planes metropolitanos con metas evaluables y tiempos definidos. Al término de un sexenio o un trienio de gobierno todo se desarticula y se vuelve a partir con otras iniciativas.
El problema no es que falten estudios metropolitanos, por supuesto que los hay, tanto de los gobiernos como de instituciones académicas, ONG's, de gremios de urbanistas, arquitectos e ingenieros. El país está sobrediagnosticado, ya se sabe qué es lo que se debe hacer, pero falta la instrumentación legal integral para echar a andar un plan que rebase los esquemas reduccionistas y parciales, que no terminen con trienios y sexenios ni con las alternancias en el poder de los partidos. Nuestro mal está en la fragmentación que se ha convertido como en una ley en el país
Las leyes en materia de ordenamiento urbano no terminan de articular un rumbo definido de crecimiento (y hasta con enfoques metropolitanos), persisten las inequidades y las injusticias; se le sigue dejando a que sea el conflicto el que determine qué tipo de reacciones se emprenderán, y no a la inversa que sería actuar con visión y misión estratégica a 30-50 años.
A finales de diciembre de 2019, un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS), del Instituto de Ecología de la UNAM, presentó un estudio sobre los mapas de urbanización proyectados al 2060 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), y con base a las modelaciones científicas reveló que, de continuar la misma tendencia de crecimiento urbano desordenado, la temperatura en esta región aumentará hasta 3 grados Celsius, sólo por esa causa, aunado al incremento de mayor calor por el cambio climático y por el fenómeno meteorológico El Niño.
El estudio, coordinado por la investigadora Yosune Miquelajauregui Graf, advierte que las zonas como Tlalpan, Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco, así como municipios mexiquenses como Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Texcoco, Tlalnepantla, Atenco y Zumpango, entre otros, experimentarán las altas temperaturas y por consiguiente demandarán más agua a un acuífero cada vez más sobreexplotado y a un Sistema Cutzamala con niveles bajos históricos un.
La propia investigadora lo ha dicho: "Se encienden los focos rojos, y en algunas áreas se debe tener más cuidado por las condiciones de vulnerabilidad ya existentes".
La investigación señala que la ZMVM, en el 2014, tenía 2 mil 287 kilómetros cuadrados (INEGI), y de seguir el anárquico crecimiento podría alcanzar los 6 mil 459 kilómetros cuadrados para 2060, lo que implicaría un área 282% mayor. El impacto mayor sería en las superficies naturales, las cuales cederían al cemento y al concreto, y ese crecimiento arrasador lo mantiene muy dinámico el Estado de México y con ello se va cancelando la recarga del acuífero, de donde se extrae para el Valle de México el 70% del agua potable.
Y con relación a la cobertura agrícola de las cuencas del surponiente de la Ciudad de México se corre el riesgo de una disminución del 14%, entre 2014-2060, y la cobertura forestal también se vería reducida en un 7%.
En el 2001, las propias autoridades ambientales de la Ciudad de México reconocieron que las invasiones a suelo de conservación en Tlalpan, Tláhuac, Álvaro Obregón, Xochimilco y Magdalena Contreras estaban fuera de control. Y muchos de esos asentamientos irregulares hoy, a 23 años de ese reporte, están consolidados, y a la fecha suman 867, según el Instituto de Geografía de la UNAM. Es decir, tienen servicios, se urbanizaron a costa de arrasar con la masa forestal –las "fábricas" de agua–.
El citado estudio lo precisa: "El crecimiento urbano sobre las cuencas altas también podría tener efectos sobre la disponibilidad del agua. Podría aumentar el escurrimiento superficial de agua pluvial; es decir, habría menos infiltración a mantos freáticos y, en consecuencia, menos recarga de los mismos".
¿Qué implica esto?, que la lluvia ya no se infiltraría al acuífero y los escurrimientos serán cada vez mayores a las partes bajas de las zonas urbanas provocando severas inundaciones, como ocurre hasta la fecha. La proyección al 2060 es que escurría hasta tres veces más agua a suelo urbano elevando la vulnerabilidad de inundaciones en colonias bajas.
Por eso el desabasto de agua cada año adquiere mayor relevancia, pues hay menos infiltración al acuífero. El caso de la crisis hídrica no es única de Monterrey, lo tienen en puerta el Valle de México, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, entre otros.
Vale recordar que el gran acuífero del Valle de México, del que se le extrae agua desde 1850 (siglo XIX), y que se encuentra dividido en cuatro para cuestiones administrativas y de gestión: Chalco-Amecameca, Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Texcoco, y Cuautitlán-Pachuca, están agotados por una sobreexplotación que rebasa hasta el 200%. Lo mismo ocurre en la cuenca de Lerma: Valle de Toluca e Ixtlahuaca-Atlacomulco.
La investigadora Yosune Miquelajauregui lo advierte, ante un crecimiento urbano sin restricciones "no se respetan las áreas naturales protegidas federales y estatales, ni el suelo de conservación; la zona urbana no tiene restricciones físicas o legales para expandirse". De tal forma que en las entidades del país no se maximiza la presencia de áreas verdes.
Ahí tenemos la tragedia de la ZMVM, con memos superficie natural, menos agua, alteración en el clima local, más incendios forestales, más contaminación del aire y con un detrimento acelerado a la calidad de vida de la población.
En esta columna lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, mientras las autoridades y legisladores no diseñen, integren y apliquen modelos para desarrollar y habitar en superficies naturales preservando los servicios ambientales, entonces seguiremos enfrentando las consecuencias del agotamiento de pozos, disminución de almacenamiento en las presas, mala calidad del aire, más calor y mayor erosión de suelos, entre otros.
Ante este escenario de vulnerabilidad creciente, es de alta prioridad una sólida Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, en el que se establezca una Autoridad Metropolitana –que trascienda las comisiones que se han creado con pírricos o nulos resultados–, con un fondo metropolitano para proyectos hídricos y de movilidad sustentable, y que se diseñen los instrumentos de evaluación para un plan maestro a 30-50 años.