POR RAQUEL MENDOZA
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, insiste en que la realidad es que la administración de justicia en México parece estar descuidada y ha sido muy descuidada en varias ocasiones, por falta de recursos materiales, económicos, por cuestiones de organización dentro del aparato judicial o, lo que es más importante, la corrupción masiva que impregna los tribunales locales, las fiscalías y los ministerios públicos comentó en la Conmemoración en Recuerdo de las Víctimas del Holocausto.
La justicia en Veracruz ha estado plagada de retrasos alarmantes, y este "escenario recurrente está socavando nuestro estado de derecho, mermando derechos y libertades de la población, y reduciendo los estándares de competitividad del país", dijo Monreal Ávila, quien ha venido expresando su descontento con la situación de los últimos meses.
He argumentado que la justicia no debe reservarse para unos pocos elegidos, sino convertirse en una necesidad y un derecho universales.
“Un Estado de derecho sólido es en el que la justicia jamás supedita a la política y menos a caprichos y odios personales de caciques locales. No podemos aceptar que el antisemitismo y otras ideologías xenófobas estén reviviendo en el mundo. Frente a las injusticias y tropelías no podemos actuar con neutralidad ni con tibieza, tampoco de manera tardía”.
Por ello, dijo que los servidores públicos deben estar siempre del otro lado de los opresores “Sin importar sus creencias políticas, religiosas o cualquier otro factor, se defiende a una persona de manera agresiva y sin ceremonias con el único fin de vulnerar sus derechos humanos y la dignidad humana básica sea violada, especialmente por las autoridades encargadas de su protección. Como en toda democracia, dijo, los mexicanos algún día buscarán justicia para proteger sus derechos constitucionales “Las leyes deben ser cumplidas y aplicadas de manera que garanticen la seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos y deberes en el marco de una verdadera división de competencias.
El estado de derecho, según él, es un sistema en el que el gobierno solo puede hacer lo que está autorizado a hacer y los gobernados pueden hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido en aras de su convivencia en sociedad. Y en el que, si se violan los derechos de las personas, existan medios rápidos para reparar las consecuencias.
“Como Senadores, tenemos el deber de pronunciarnos en contra de las conductas que no pueden aceptarse ni repetirse, así como de redactar leyes que eviten que vuelvan a ocurrir”, afirmó.