Por Alberto Martínez Romero
El pasado fin de semana, México vivió un intenso debate legislativo entorno a los aspectos energéticos y minerales de la actividad económica. La cobertura mediática se concentró en la reforma constitucional relativa a la generación eléctrica, la cual más allá de la estridencia, representaba un retroceso en cuanto a lo que se supone avanzar en la generación de energía sostenibles.
El debate público se constituyó en una lucha donde lo que importó fue la fuerza de la narrativa presidencial para impulsar proyectos de gran calado y transformación, realmente poco o nada se abordó en lo que se refiere al impacto económico que suponía emprender y aprobar la reforma propuesta por el poder ejecutivo federal.
Durante los días previos se especuló sobre el número de votos necesarios para autorizar dicho cambio, 323 votos; sin embargo, el partido en el poder y sus aliados sólo juntaron 275 votos, por lo que se dieron negociaciones y presiones mediáticas para logra que el PRI con sus 70 representantes populares apoyaran la iniciativa presidencial y lograra aprobar el cambio.
No obstante que, la iniciativa no fue aprobada, el daño ya ha sido hecho, la inversión en el sector se encuentra detenida y en franco retroceso, ello derivado no sólo de esta propuesta fallida, sino derivado del acoso y sometimiento al que han sido puestos los organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los organismos descentralizados relacionados con la explotación y comercialización del gas (CENAGAS).
Dichos organismos han negado la renovación o expedición de permisos para que agentes privados cuenten con la infraestructura necesaria para generar su propia energía eléctrica, razón que ahuyenta la inversión en el sector, inhibiendo el desarrollo económico y la generación de empleos.
En este sentido, cobra relevancia la ley que prohíbe la inversión para la explotación de un recurso natural como lo es el litio, este mineral raro ha cobrado relevancia recientemente derivado del crecimiento de dispositivos móviles y su importancia en la interacción social y económica. En el continente, Chile es el país con una buena cantidad de reservas de litio en Sudamérica; sin embargo, Bolivia es el país que probablemente cuenta con las reservas más altas de dicho mineral.
México por su parte, si bien se ubica dentro de los 10 países con reservas probables de dicho mineral, requiere de una infraestructura que permita no sólo su explotación, sino su transformación, por años nuestro país configuró empresas estatales, monopolios, que se caracterizaron por su ineficiencia y corrupción, lo que permitía a las administraciones federales en turno configurar dádivas y esquemas de premiación, sobornos financieros, a los aliados que le permitían mantener ciertos niveles de gobernabilidad y control sobre adversarios políticos.
La iniciativa de ley, en este sentido, antes que preservar una soberanía sobre los recursos naturales, es inocua, ya que todos los recursos naturales en nuestro territorio son propiedad del Estado, de manera que la supuesta nacionalización, no es más que un recurso retórico; lo que si es cierto es que dicha iniciativa estatiza el recurso natural, ya que faculta al estado como el único agente económico en posibilidades de explotar dicho recurso. Durante la década de los 70 y 80, nuestro país enfrentó severas crisis económicas.
Durante esos años el estado a través de empresas paraestatales monopólicas se hizo responsable de múltiples tareas, las cuales no resultaban en beneficios para toda la sociedad.
Ahora pretender regresar a esos modelos de desarrollo y crecimiento económico que ya han dado resultados fatales. Volver al pasado e implementarlo puede condenar a nuestro país a perder 30 o 40 años de desarrollo, situación que las actuales generaciones no pueden permitirse y nos llevaría a un retraso no sólo social, sino tecnológico, lo cual dejará a México en desventaja respecto al mundo postpandemia.
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