Por Alberto Martínez Romero
Durante los últimos años las acciones que se han realizado para mejorar las condiciones para la generación, promoción y conservación de empleo, han abarcado desde acortar los tiempos de los juicios laborales, hasta reformas para elevar el salario mínimo, eliminar el outsourcing y el insourcing, así como fortalecer y transparentar la vida interna de los sindicatos.
La contingencia sanitaria trastocó y afectó, de hecho aún continua impactando las dinámicas del trabajo y los ritmos de la cultura organizacional. En este sentido, la digitalización, el home office y esquemas híbridos del trabajo a distancia, emergieron como alternativas para preservar la actividad económica.
Si bien es cierto, que perduran actividades económicas donde se impone el trabajo presencial, el cual es inevitable, también es cierto que las alteraciones y cambios que provocó al resguardo, afectó de forma diferenciada a los países.
En este sentido naciones con modelos de desarrollo económico más elevados y digitalizados pudieron adaptarse de mejor forma a los nuevos esquemas y demandas de armonizar las necesidades laborales y de productividad con preservar la integridad física y de salud de sus trabajadores; mientras que, naciones en permanente desarrollo se han visto impedidas de modelos robustos que protejan el empleo formal, de hecho nuestro país es el que registra indicadores de recuperación lentos, aún por debajo de los niveles alcanzados anteriores a la pandemia, además de que se afectó profundamente a las mujeres, quienes fueron el sector poblacional más lastimado en la contingencia.
Ello generó un incremento en el sub-empleo o empleo informal, donde los riesgos y la falta de seguridad social, afectan a familias completas. Por tal motivo hablar de políticas laborales hoy día comprende no una moda si no una exigencia, en donde se deben considerar aspectos locales, de sectores económicos específicos y articularlos en dinámicas de interacción internacional.
Hace unos días, Sindicalismo Responsable realizó en Coahuila una reunión que convocó a representantes sindicales, legisladores y funcionarios locales y federales, así como especialistas y representantes de organismos internacionales, en donde se analizó el estado actual de la política laboral.
En dicho encuentro se urgió a que se establecieran criterios internacionales para definir una política laboral que promoviera y alentara la generación del empleo, se consideraran los aspectos locales y de cada sector de la actividad económica; y se diera fuerte impulso a la capacitación y la definición de reglas claras que permitieran asegurar los derechos laborales de los trabajadores, las condiciones de inversión para los empleadores y se fortaleciera el papel de los sindicatos, ya que si bien, se han emprendido reformas para impulsar el sindicalismo independiente, se han detectado acciones de los gobiernos para interferir en los procesos sindicales.
Elevar la productividad y combatir la pobreza, son acciones que pasan necesariamente por la definición de políticas laborales de largo aliento y no deben estar sujetas a los vaivenes sexenales y a caprichos de funcionarios que creen que impulsar el empleo es cosa del gobierno, en realidad es gracias a los empresarios, quienes atienden la necesidad del crecimiento económico y a la base laboral que requiere generar ingresos dignos.
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