Por Alejandro Ramos Magaña
A los mexicanos se nos vendió la obra de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, como un proyecto insignia de soberanía, seguridad energética y de sustentabilidad. Sobre todo, se reafirmó que sería muy benigna con el ambiente y gran detonador de empleos y fuerte competidor en el mercado global de los hidrocarburos. Pero el proyecto sigue una ruta cargada con más adversidades e ilegalidades que aciertos.
Vale recordar que este proyecto de Dos Bocas –rebasado por las tendencias mundiales de transitar a la era de las energías renovables y combatir el cambio climático–-, violó desde el inicio de su construcción –hace más de dos años–, la normatividad ambiental, pues los trabajos empezaron sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sin los estudios de Riesgo Ambiental. Tampoco se conoció el Proyecto Ejecutivo, el cual es fundamental para después realizar dichos estudios ambientales que marca la ley.
Y dado que se van a manejar sustancias peligrosas, el Estudio de Riesgo Ambiental era indispensable antes de iniciar las obras, y este trabajo junto con la MIA requieren de entre seis meses a un año para su elaboración. O sea, lo que se hizo después ha sido totalmente irregular.
Las instituciones ajustaron todo a la medida del interés del presidente López Obrador, y con ello quedó de manifiesto el abuso de poder y la forma de violentar el Estado de Derecho, pues primero iniciaron los trabajos de construcción y después cuadraron a su modo los requisitos que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ni Rocío Nahle, secretaria de Energía –que con enjundia promueve la refinería con carácter de "sustentabilidad"–, puso a consideración, en su momento, el proyecto a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (el cual la normatividad indica que debe publicarse en la Gaceta Ecológica de la Semarnat para conocimiento de la opinión pública). La opacidad, la ilegalidad y el abuso de poder envuelven a la obra insignia del gobierno federal.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sólo autorizó el proyecto de ampliación del puerto de Dos Bocas, Paraíso, para aumentar el volumen y profundidad del dragado, y al momento de iniciar obras no tenían ningún permiso más. O sea, todo el poder del Estado para sacar un proyecto torcido.
Expertos en materia ambiental y energía han calificado de altamente vulnerable la futura refinería a las inundaciones por los fenómenos meteorológicos, altos costos de obra y operación, y advierten limitaciones tecnológicas y falta de planeación, así como mercados adversos para Pemex ante el declive mundial del uso del petróleo. Hasta los análisis de Pemex identificaron 106 puntos de riesgo en la zona de obras y en la propia infraestructura del complejo petrolero.
Además, en el polígono de la obra se destruyeron 300 hectáreas de manglar y junto con éste, toda la fauna que ahí habita como moluscos, plantas, aves y otras especies endémicas. La refinería colinda con los pantanos de Centla y de la Reserva Ecológica Río Playa. Y biólogos del Instituto de Ecología de la UNAM me han comentado que en estas zonas aún se encuentran cocodrilos, manatíes, tortuga blanca (en riesgo de extinción), entre otras especies.
De acuerdo a la ley en la materia, destruir un manglar está prohibido y es motivo para suspender o clausurar la obra. Pero la orden del presidente pesa más que la normatividad ambiental.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha señalado que Dos Bocas estaba considerada por el Instituto Mexicano del Petróleo como una zona no apta para una refinería, pues de acuerdo a estudios de este organismo en 2008, consideró que de siete potenciales áreas en la región, la peor era donde hoy se construye el complejo petrolero, debido a la presencia de manglares y el riesgo permanente de inundaciones, como ahora ocurren.
López Obrador ha dicho que la obra se inaugurará el 2 de julio próximo, y justifica que "creará 100 mil empleos directos e indirectos" y tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo tipo Maya de 22 grados API. También el tabasqueño ha presumido que la refinería se construyó en tiempo récord, aunque el costo de este complejo se elevó a 12,500 millones de dólares, más de los 8,900 estimados al inicio de las obras. Y vale precisar que todo el gasto es con recursos públicos para un país pobre.
En su momento, expertos en economía y negocios advirtieron que una refinería a un costo de 8 mil millones de dólares era muy alto, y máxime para un país con crisis económica y con alta desigualdad social y pobreza.
El proyecto gubernamental de la refinería de Dos Bocas no sólo violó normatividades ambientales mexicanas, sino también acuerdos internacionales para conservar la biodiversidad.
La destrucción de los manglares es irreversible, y ninguna medida de mitigación que emprenda Pemex en la región compensará el daño ambiental en áreas que la Semarnat tiene catalogadas como protegidas.
Este desastre no lo ven las autoridades ambientales y dejan que el capricho del presidente se mantenga a costa de la destrucción de ecosistemas y a altos costos económicos para el país.
Y MÁS ABUSOS
Los abusos del poder de este gobierno también quedaron plasmados con el proyecto del Tren Maya, que sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental iniciaron las obras con severos daños a los ecosistemas, que según el CEMDA, los trabajos han provocado una deforestación de más de 2,500 hectáreas de selvas húmedas y secas, y afectaciones serias al sistema de cenotes y la flora y fauna regional.
El costo inicial del Tren Maya se estimó en 140 mil millones de pesos, pero este año subió a cerca de los 230 mil millones de pesos.
Las irregularidades en este proyecto provocaron las renuncias de tres funcionarios de la Semarnat quienes eran responsables de la Manifestación de Impacto Ambiental (15 de mayo pasado). Las presiones desde Palacio Nacional por sacar esta obra "torcida", llevaron a que los directores de Impacto Ambiental, Calidad del Aire y Registro de Emisiones, y de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas renunciaran, pues tal vez no estaban dispuestos a dar su aval a uno de los ecocidios más grandes de los últimos tiempos.
Y no hay que olvidar los más de 100 servidores públicos que han renunciado a Fonatur (institución a cargo del Tren Maya), tras la salida de Rogelio Jiménez Pons, quien carga con una serie de irregularidades con las obras de este proyecto ferroviario, pero que el gobierno federal aún lo premió dándole la subsecretaría de Transportes en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Así o más claro con los desastres a todo vapor.