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La CAMe sin huella propia




Fecha: 2022-10-25


Por Alejandro Ramos Magaña 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) –creada el 23 de agosto de 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que integra a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 224 municipios de las entidades: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con una población de aproximadamente 35 millones de personas–, aún no logra convertirse en un ente público descentralizado, con personalidad jurídica y con un presupuesto propio asignado por la Cámara de Diputados.

De tal forma que este organismo ambiental se mueve entre los vaivenes e intereses del gobierno federal en turno, que en el caso de la administración actual, bien sabemos que los temas ambientales no figuran en el esquema de altas prioridades, al contrario son de retroceso, y esto lo vemos con sus proyectos de la refinería de Dos Bocas, con el Tren Maya y con el uso de combustóleo y carbón para generar energía eléctrica.

Actualmente, la CAMe destaca que sus objetivos son: Diseñar, coordinar, concertar y catalizar programas y acciones que contribuyan a la protección, restauración y preservación del equilibrio ecológico de la región de la Megalópolis del centro de México. Y para para cumplir dichos objetivo centra su acción en cuatro temas prioritarios: Mejoramiento de la calidad de aire; combate al cambio climático; gestión integral de recursos hídricos y la conservación y restauración de la biodiversidad.

Pese a este plan de navegación, hasta ahora esta Comisión enfrenta un "congelamiento" prolongado y sólo tiene referencia pública cuando se activan las contingencias atmosféricas o cuando estalla una crisis ambiental en el Valle de México (Estado de México y Ciudad de México), principalmente. De tal forma el llamado equilibrio ecológico en la región no se percibe que esté integrado a un plan de megalópolis, pues cada entidad actúa territorialmente sin un eje rector que articule políticas ambientales en una sola plataforma y con resultados medibles.

Vale precisar que la actuación de este organismo está regulado sólo por un convenio de coordinación por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los gobiernos estatales, lo que implica que siempre se recarga en las voluntades políticas de los gobernantes.

Esto ya pasó con la anterior Comisión Ambiental Metropolitana (CAM), que se caracterizó por su actuar desarticulado y encajonado a las banderas políticas de cada gobierno. Simplemente, cabe recordar cómo se disputaban la presidencia del organismo las administraciones priistas del Estado de México con las entonces perredistas de la Ciudad de México. Hasta para emitir un boletín en contiangecia atmosférica había confrontación y se llegó al extremo de fracturar el programa de Verificación Vehícular en el que ambas entidades se acusaban de corrupción. La polarización política afectó seriamente la agenda ambiental metropolitana, y los signos de ésta siguen latentes.

El ansiado tejido ambiental de megalópolis aún es débil y únicamente se hilvana cuando afloran las crisis de mala calidad del aire, y es por ello que hace falta una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para blindar la CAMe y dotarla de un sólido soporte jurídico que le permita navegar en todas direcciones con fuerza legal y con recursos suficientes para impulsar programas de investigación y de restauración ecológica.

Desde su creación, hace nueve años, han pasado tres coordinadores ejecutivos: Francisco Barnés Regueiro, Martín Alberto Gutiérrez Lacayo y, el actual, Víctor Hugo Páramo, quien fuera nombrado en plena emergencia ambiental en mayo de 2019, cuando a la CAMe se le había dejado por más de dos meses acéfala debido al desinterés que mostró el gobierno de López Obrador. Tuvo que presentarse la crisis del aire dañino por partículas menores a 2.5 micrómetros (PM 2.5) para que las autoridades reaccionaran.

Estos personajes han sido designados por las autoridades de los gobiernos en turno, tanto federal como estatal, y tal vez ello no implicaría un problema, pero siempre están sujetos a las agendas políticas del poder, pese a que la CAMe en su directorio incluye como un "consejo asesor" a 15 notables expertos, donde figuró el Premio Nobel de Química Mario Molina. Y por cierto, Víctor Hugo Páramo está muy vinculado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con quien trabajó cuando ésta fue secretaria de Medio Ambiente capitalina (2000-2006).

Después de la emergencia ambiental por la que atravesó el Valle de México en 2019, se alzaron diversas voces de los legisladores federales y del Congreso capitalino para impulsar los cambios en el organismo que lo llevaran a robustecerlo jurídicamente y descentralizarlo, pero todo quedó en pronunciamientos, y las agendas legislativas movieron sus prioridades relegando a la CAMe, tal vez hasta que se vuelva a presentar otra emergencia ambiental en la metrópoli.

Si bien es cierto, que los gobiernos estatales han realizado donativos y aportaciones económicas a la CAMe, vía el Banco de Obras y Servicios Públicos (Banobras), para apoyar proyectos ambientales de la megalópolis, no hay claridad sobre el manejo de los millonarios recursos ni en qué programas se han destinado.

Desde el nacimiento de la CAMe se planteó que también este organismo impulsaría y coordinaría planes de rescate de los cascos históricos urbanos de las entidades, y resultó que de parte de los gobiernos estatales y municipales no había voluntad política para esa iniciativa, pues anteponían otras prioridades y a todo pedían más recursos. Tampoco existe un programa de movilidad sustentable o de uso de energías renovables con sello de magalópolis, ni la verificación vehicular está homologada y menos existe un programa integral para el uso sostenible del agua.

Además, a estas alturas la CAMe debería darle prioridad a un tema clave: exigir al gobierno federal la prohibición del uso de combustóleo para generar energia eléctrica en la Termoeléctrica de Tula, Hidalgo, ya que genera contaminación por partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros (PM-2.5) y óxidos de Azufre (SOx), y el impacto es tanto en la cuenca de Tula como en el Valle de México, debido a que los vientos transportan diariamente la materia partculada a la atmósfera metropolitana. Esta acción es urgente, pues dos contaminantes son altamehte dañinos para la salud y son generadores de muertes prematuras en personas vulnerables.

Aún la CAMe no cubre con sus objetivos ni con su misión de lograr una gobernanza ambiental de megalópolis. Este organismo está lleno de tareas pendientes, sin una ruta objetiva, sin metas claras y envuelto en malabarismos políticos.


 


 


 


 


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