REDACCIÓN
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La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que reforma el Código Penal local, para establecer mayores penas a quien incurra en delitos contra el ambiente.
La propuesta establece en el artículo 345 Bis del Código Penal que se impondrán de dos a diez años de prisión y de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización vigente, a la persona que de forma ilegal o con dolo derribe, tale, comercie, acopie, almacene, transforme o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles.
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas se realicen de manera reiterada, con ánimo de lucro, o cuando se hayan desarrollado en área natural protegida, de valor ambiental, verde de suelo urbano, suelo de conservación o barrancas de la Ciudad de México.
Asimismo, se determina que cuando estos actos sean cometidos a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le prohibirá realizar negocios u operaciones hasta por cinco años, y una multa hasta por cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente.
“La pena se aumentará en una mitad a las personas servidoras públicas que tengan algún tipo de participación en una o más de las conductas descritas en el presente artículo”, sostiene el texto aprobado.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado José Octavio Rivero Villaseñor (Morena), afirmó que con la aprobación del dictamen se envía un mensaje positivo a las y los vecinos de la capital del país que viven en zonas de conservación ecológica.
La legisladora Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) indicó que cuidar de las zonas de reserva ecológica es de vital importancia, sobre todo en áreas como Tlalpan donde existe un grave problema de tala clandestina.
De igual manera, las y los legisladores integrantes de la comisión votaron a favor del dictamen por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal local, referente al delito de extorsión.
Tras analizar la propuesta del legislador Rivero Villaseñor, se aprobó que además de las penas ya establecidas, cuando el delito se realice por parte de un servidor público, miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada,se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para desempeñar cualquier cargo público o comisión.
En la misma sesión de trabajo se aprobó el dictamen por el que se deroga la fracción III del artículo 28 y se reforma el artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica, con el objetivo de garantizar las libertades ciudadanas de reunión o asociación, y los derechos con que cuentan las personas adolescentes que son objeto de una detención por infracción a la ley referida.
La diputada promovente, Yuriri Ayala Zúñiga (Morena), indicó que esta propuesta busca evitar la detención injustificada de menores por un lapso de dos a seis horas, y que el representante que asista al menor salvaguarde sus derechos en atención al interés superior de la niñez.