Fecha: 2022-12-20

Por José Luis Luege Tamargo 

El presidente López Obrador pasará a la historia no como un reformador, sino como el destructor de las instituciones democráticas del país. Con el llamado “Plan B” de la reforma electoral, el presidente ha demostrado su talante autoritario y antidemocrático, emulando a regímenes dictatoriales del continente, como en Venezuela y Nicaragua.

Resulta muy cínica la posición de la presidencia, al anunciar que vetaría la reforma en el caso de incluir el artículo de “la vida eterna para la chiquillada”, que permitía el traspase artificial de votos a partidos minoritarios, violando la Constitución, cuando fue el propio López Obrador quien envió la propuesta de reforma electoral que incorporaba no uno, sino varios artículos violatorios de la Constitución. Al ser rechazada su propuesta de reforma constitucional, el presidente repitió la misma fórmula que aplicó con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y de la Guardia Nacional, es decir, proponer iniciativas de reforma a leyes secundarias, violatorias de la Constitución.

Esto se llama perjurio y ameritaría la acción inmediata de los otros poderes para condenar estas graves violaciones del ejecutivo federal. El presidente juró guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanen y ha hecho lo contrario.

Lamentablemente, López Obrador ha impuesto el sojuzgamiento de los otros dos poderes como ya ha quedado demostrado en sus órdenes a legisladores de su partido: “que se apruebe sin modificar una sola coma” y en las presiones diarias a jueces, magistrados y ministros, para debilitar también al Poder Judicial.

Los diputados y senadores de Morena, votaron el Plan B de reforma electoral, sin haber siquiera leído la propuesta y no lo hicieron además, porque era materialmente imposible. Una modificación de gran calado al sistema electoral, pretendieron resolverla en unas horas, sin discusión en comisiones, sin dictámenes y de una forma vergonzosa que quedará en la conciencia de estos legisladores el resto de sus vidas. En lugar de cumplir con la responsabilidad de ser los representantes de la Nación, quedaron como simples operadores sumisos a la orden de un dictador en potencia.

El impasse que se ha dado en el procedimiento de reforma electoral, debido a la modificación en Cámara de Diputados que rechazó el traspase de votos a partidos pequeños, es una señal positiva para quienes luchamos en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la democracia en nuestro país, sin embargo, no queda la menor duda que la intención de López Obrador es la destrucción del INE, para imposibilitar su función en las próximas elecciones locales y federales.

El problema no está solo en artículos que el Senado identificó como violatorios de la Constitución, sino en la reducción implacable de la estructura orgánica y del presupuesto operativo del Instituto. López Obrador insiste en los altos costos del INE, cuando sabe perfectamente que el recurso mayor se distribuye a los partidos políticos y al mantenimiento y credencialización del Padrón Electoral; los gastos de operación del instituto son menores. En su propuesta, el presidente debilita a tal grado al INE, que quedaría imposibilitado materialmente para cumplir sus funciones de organización, capacitación y vigilancia de los procesos de elección. Estas reformas en su conjunto, también representan una violación a nuestra Constitución.

Se requiere por lo tanto la mayor presión ciudadana, tanto a nivel del Congreso de la Unión, como del Poder Judicial asi como buscar el apoyo de organismos internacionales, para evitar a toda costa la aprobación de la iniciativa aberrante y antidemocrática de un presidente que se ha convertido en aprendiz de dictador.

Twitter @JL_Luege

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