Por Alejandro Ramos Magaña
El show debe continuar. Así ha sido el circo montado por el gobierno federal en el proceso de regularización de automóviles ilegales o llamados "chocolate".
El 6 de diciembre pasado desde Palacio Nacional se informó --como si se tratara de una hazaña--, sobre la regularización de 892 mil 722 vehículos de procedencia extranjera, principalmente de Estados Unidos, en un lapso de nueve meses. Y de acuerdo con el Decreto presidencial se pretende que el universo total sea de 1.5 millones de automotores.
Las autoridades federales presumen que esta iniciativa permitió lograr ingresos al erario público por 2 mil 231 millones 805 mil pesos, y según estos recuros se destinarán a los trabajos de bacheo de calles y avenidas. Pero hasta ahora, no se sabe cuantos metros o kilómetros lineales se han bacheado y en qué estados del país.
Lo que el gobierno de López Obrador omite, mañosamente, es que este Decreto golpeó seriamente a la industria automotriz nacional --que como bien lo señala la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)--, es la que genera empleos e impuestos.
Además, esta inicitiva con sello clientelar, vino a robustecer las redes de contrabandistas mexicanos, pues esta medida les abre las puertas para continuar introduciendo a México miles de vehículos de desecho de Estados Unidos y con ello continuar dañanado a la industria automotriz mexicana y al ambiente.
La basura automotriz estadounidense ha venido a elevar más las emisiones tóxicas a la atmósfera, lo que implica un fuerte golpe al combate a la contaminación atmosférica y también para mitigar los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.
El "bondadoso" Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, modelos 2016 para atrás, supuestamente terminaba el 31 de diciembre pasado, pero gracias al gobierno federal lo extendió hasta marzo próximo en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, NUevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
De qué sirve que el gobierno federal presuma compromisos ambientales a nivel global, cuando lo que hace es premiar lo chueco y altamente contaminante. Las emisiones de este tipo de vehículos son óxidos de nitrógeno (precursor del ozono), dióxido de azufre, partículas finas, monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO₂).
Por ejemplo, en Tamaulipas se estima que con el Decreto presidencial se regularicen aproximadamente 150,000 vehículos en malas condiciones automotrices y con sistemas de seguridad vencidos, lo que implica un riesgo para quien los conduce como contra otros automovilistas y transeúntes. Y sólo en la ciudad de Tijuana cerca de un millón de autos chuecos serán legalizados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existe un parque vehicular de 50.5 millones de automotores, y con esta medida de legalización habrá incrementos significativos de vehículos en circulación.
La AMDA ha señalado que suman 19 procesos de regularización que se han aplicado entre 1979 y 2011, y desde hace 10 años se suspendieron las legalizaciones masivas, pero en el gobierno de López Obrador la medida es alarmante. México se está convirtiendo en el "basurero" de automóviles.
Cabe precisar que la importación de vehículos extranjeros se formalizó a partir del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, pues antes sólo en las ciudades fronterizas se permitía a estos autos circular con permisos especiales y que tuvieran más de ocho años de fabricación.
Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se permitió que ejidatarios de las ciudades fronterizas pudieran importar vehículos usados con más de 10 años de antigüedad. Sin embargo, muchos ejidatarios encontraron un gran negocio, pues se dedicaban a comprar autos o camionetas y las revendían en otros estados del centro del país, acción que era amparada por las autoridades corruptas de las aduanas.
Ahora que los problemas ambientales se han complicado por el calentamiento global, lo mínimo que habría que exigirle al gobierno federal es de que sea congruente al establecer medidas más estrictas para los autos nuevos, que sean más limpios y eficientes (NOM-163), pero por la otra, también debería de impedir que la basura automotriz de Estados Unidos afecte nuestro ambiente y la economía nacional.
Andrés Manuel López Obrador presume que el costo por regularizar este tipo de autos chuecos será de 2,500 pesos, cuando antes era de entre 12,000 y 20,000 pesos, y asegura que el dinero recaudado se destinará para mejorar las vialidades fronterizas. Ya veremos si eso se cumple. Y también promete que habrá mayor seguridad con esta legalización de autos al ingresar al Registro Público Vehicular con nombres de los propietarios, pues muchos delitos se cometen en este tipo unidades chatarra.
Ahora con el proceso electoral de 2024 en puerta, todo apunta a que esta política clientelar se extienda, no hasta marzo próximo, sino todo el año y en todo el país.
La aplanadora clientelar de López Obrador va contra las inversiones, hunde más a la economía mexicana y elevará el daño a la salud por la contaminación atmosférica.
El telón sigue abierto y el show continúa...
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Adicionalmente ya no existen refacciones para reparar los vehículos ya que en lo genersl tienen mas de 15 sños de antigüedad lo que lleva a un consumo de gasolina y contaminacion gravísimos.
Es mucho más grave, los registros no sin confiables, el valor de estos vehículos hace qye es preferible darse a la fuga que hacer frente a la responsabilidad.