Derechos de las audiencias: el debate que no debe pasar inadvertido
En medio de discusiones sobre censura, libertad de expresión y polarización mediática, hay un tema clave que se ha relegado del centro del debate público: los derechos de las audiencias.
Por Sofía González Torres
En medio de discusiones sobre censura, libertad de expresión y polarización mediática, hay un tema clave que se ha relegado del centro del debate público: los derechos de las audiencias. Desde la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2013, se estableció con claridad la necesidad de proteger a quienes consumimos contenidos en radio, televisión y plataformas electrónicas. Sin embargo, una serie de reformas, omisiones y retrocesos han dejado esos derechos en un limbo legal y operativo.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) define con precisión los derechos de las audiencias: recibir información veraz y oportuna, distinguir entre hechos y opiniones, identificar con claridad la publicidad, y contar con defensorías que atiendan quejas o inconformidades. A pesar de que estos derechos fueron restablecidos en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy en día no existen lineamientos vigentes que los hagan efectivos. No hay mecanismos claros para exigir su cumplimiento. No hay defensorías funcionales. La voz de las audiencias, en la práctica, sigue sin escucharse.
En este contexto, la reciente iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, representa una oportunidad valiosa para corregir el rumbo. Al colocar en el centro los derechos humanos de las audiencias, la propuesta reconoce que la democracia mediática no se construye únicamente desde la libertad de expresión de los concesionarios, sino también desde la garantía de derechos para quienes reciben los contenidos.
La iniciativa no parte de cero. Retoma figuras fundamentales como la del defensor de las audiencias, ahora bajo criterios de independencia, y establece la obligación para los concesionarios de emitir Códigos de Ética que deberán ajustarse a lineamientos definidos por la autoridad reguladora. También avanza en un aspecto fundamental para la equidad: la accesibilidad. La propuesta contempla medidas específicas para garantizar el acceso efectivo a la información para personas con discapacidad, lo que representa un paso importante hacia la igualdad en el ejercicio del derecho a la comunicación.
El presente lo exige. Hoy, más del 80% de los concesionarios en México no cuentan con un defensor de las audiencias registrado. En contraste, en países como Argentina, la Defensoría del Público ha canalizado miles de reclamos, con participación activa de la sociedad civil. Cuando existen mecanismos reales, las audiencias se informan, se organizan y exigen su derecho a una comunicación justa y plural.
En un entorno mediático marcado por la desinformación, la concentración de medios y la opacidad de muchos contenidos, garantizar la transparencia informativa y la participación ciudadana es una necesidad democrática.
De acuerdo con una encuesta del INEGI (Módulo sobre Ciberacoso 2022), 6 de cada 10 personas consideran que los medios de comunicación contribuyen a la desinformación, especialmente en temas políticos y sociales. Este dato refuerza la necesidad de garantizar derechos como la diferenciación entre información y opinión, o la identificación clara de publicidad.
Por eso, abrir este debate más allá del ruido y las trincheras políticas es responsabilidad de todas y todos: legisladores, concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanía. La reforma propuesta ofrece una base para construir un sistema más justo, más transparente y más incluyente. Que este debate no pase desapercibido. Que las audiencias —es decir, todas y todos nosotros— ocupen, por fin, el lugar que les corresponde: el centro del sistema de comunicación democrática en México.