Israel Vallarta libre tras 20 años sin sentencia; FGR apelará para revertir el fallo
La Fiscalía General de la República apelará la liberación de Israel Vallarta, absuelto tras dos décadas sin sentencia. El caso revive tensiones sobre justicia, montaje mediático y derechos de las víctimas.
Por Mario Victorino
Israel Vallarta, acusado de secuestro en el caso que también involucró a Florence Cassez, fue liberado tras casi 20 años de prisión preventiva sin sentencia. La decisión judicial se basó en la invalidez de pruebas obtenidas mediante un montaje televisivo y en irregularidades procesales que marcaron el expediente desde su origen.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará el fallo, argumentando que aún existen víctimas que merecen justicia. La apelación busca revertir la absolución y mantener vigente el proceso penal, pese a que el caso ha sido señalado como ejemplo de violaciones al debido proceso.
🧱 Montaje, tortura y omisiones: el peso del expediente
El caso Vallarta se convirtió en símbolo de las fallas estructurales del sistema judicial mexicano. El operativo televisado en 2005, dirigido por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), fue posteriormente reconocido como una escenificación ajena a la realidad. A esto se suman denuncias de tortura, manipulación de testimonios y omisiones ministeriales que invalidaron las pruebas clave.
La jueza que otorgó la libertad a Vallarta consideró que el proceso estuvo viciado desde el inicio, y que no existían elementos suficientes para sostener la acusación. Sin embargo, la FGR insiste en que el secuestro ocurrió antes del montaje, y que las víctimas no deben quedar en estado de indefensión.
🧠 Justicia tardía, memoria activa
La liberación de Vallarta reabre el debate sobre la prisión preventiva prolongada, el uso político de la justicia y la reparación del daño. Aunque ha recuperado su libertad, el caso deja al descubierto una deuda institucional con quienes han sido procesados sin sentencia durante años.
La apelación de la FGR podría prolongar el proceso y mantener abierto un expediente que ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales. Para muchos, el caso Vallarta representa no solo una injusticia individual, sino una herida abierta en el sistema judicial mexicano.
⚖️ ¿Reparación o resistencia institucional?
La decisión de apelar también puede interpretarse como una estrategia institucional para defender la narrativa oficial que sostuvo el caso durante dos décadas. En lugar de cerrar el capítulo, la FGR parece decidida a mantenerlo vigente, incluso ante la falta de pruebas sólidas.
La apelación plantea una tensión entre el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho del acusado a un juicio justo. En medio de esa disputa, el caso Vallarta sigue siendo un espejo incómodo para el Estado mexicano.