Grupo Salinas tiene hasta enero para pagar deuda al SAT
Grupo Salinas enfrenta plazo límite en enero para cubrir una deuda de 51 mil millones de pesos con el SAT. El caso marca uno de los litigios fiscales más relevantes en México.
Por Mario Victorino
Grupo Salinas, conglomerado que integra empresas como TV Azteca, Elektra y Banco Azteca, enfrenta una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos. El origen del litigio se remonta a revisiones realizadas entre 2013 y 2018, cuando el SAT determinó que varias compañías del grupo aplicaron de manera improcedente pérdidas fiscales en el pago del Impuesto sobre la Renta. Tras años de recursos legales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en noviembre de 2025 que el adeudo es firme y debe cubrirse en enero de 2026.
Declaraciones oficiales en la conferencia matutina
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que el plazo de pago inicia en enero y que no existen más instancias de impugnación. Señaló que el monto corresponde a obligaciones firmes y que el grupo empresarial podrá solicitar reducciones de hasta 39% si demuestra voluntad de pago inmediato.
La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que el caso es un asunto legal y que el Gobierno se apegará estrictamente a lo que marca la ley. Subrayó que la resolución de la Corte obliga al pago y que las dependencias involucradas garantizarán la legalidad de cada paso en el proceso.
Implicaciones económicas y políticas
El desenlace del caso es observado de cerca por otros grandes contribuyentes, ya que representa un mensaje de firmeza en la fiscalización. Para las finanzas públicas, el pago de 51 mil millones de pesos significaría recursos adicionales para programas sociales y proyectos de infraestructura. En el ámbito político, el Gobierno busca mostrar que no habrá trato preferencial y que la ley se aplica de manera equitativa.
Impacto político y social
La disputa entre Grupo Salinas y el SAT se ha convertido en un tema de debate público, ya que involucra a uno de los conglomerados más influyentes del país. El desenlace del caso será observado de cerca por otros grandes contribuyentes y por la ciudadanía, que exige transparencia y equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.