¿Qué esconden? Gobierno reserva investigaciones contra Rubén Rocha hasta 2031
Las investigaciones sobre presuntos vínculos de Rubén Rocha con el narcotráfico fueron reservadas por cinco años. Conoce las razones.
Por Mario Victorino
Las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos entre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y grupos del crimen organizado permanecerán bajo reserva durante los próximos cinco años, luego de que la autoridad federal determinara clasificar la información contenida en el expediente.
La decisión impide que, por el momento, se conozcan los avances, diligencias y documentos integrados en las carpetas de investigación que fueron abiertas tras diversas denuncias y señalamientos públicos sobre supuestas relaciones entre el mandatario sinaloense y organizaciones criminales.
La resolución ha generado un nuevo debate sobre los alcances del derecho de acceso a la información cuando existen investigaciones penales en desarrollo y sobre la necesidad de garantizar la secrecía de las indagatorias para no afectar su curso.
¿Por qué se reservó la información?
La clasificación de los expedientes se sustenta en las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permiten mantener bajo reserva la información relacionada con investigaciones ministeriales cuando su divulgación pueda comprometer el desarrollo de las diligencias.
De acuerdo con el criterio de la autoridad, hacer públicos los documentos podría revelar líneas de investigación, estrategias ministeriales, datos de prueba o información protegida que eventualmente afectaría el debido proceso.
La reserva tendrá una vigencia de cinco años, aunque ese plazo podría modificarse si las investigaciones concluyen antes o si una resolución judicial ordena la publicidad de la información.
Las acusaciones contra Rubén Rocha
Durante los últimos meses, el nombre de Rubén Rocha Moya ha aparecido en diversas versiones periodísticas y declaraciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos del narcotráfico que operan en Sinaloa.
Hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha emitido una sentencia que determine responsabilidad penal en su contra y el gobernador con licencia ha rechazado de manera reiterada las acusaciones, calificándolas como falsas y sin sustento.
Las investigaciones continúan abiertas y permanecen en etapa ministerial.
Debate sobre transparencia
La decisión de reservar el expediente ha generado opiniones encontradas entre especialistas en transparencia y organizaciones civiles.
Por un lado, se sostiene que mantener la secrecía de las investigaciones es indispensable para evitar que se comprometan las diligencias o se vulneren derechos de las personas involucradas.
Por otro, diversos sectores consideran que, debido al alto interés público del caso y al cargo que desempeñó Rubén Rocha Moya, debería existir mayor transparencia respecto al estado que guardan las investigaciones.
El equilibrio entre el derecho a la información y la protección del proceso penal vuelve a colocarse en el centro del debate.
¿Qué sigue?
Mientras la información permanezca clasificada, únicamente las autoridades ministeriales tendrán acceso al contenido íntegro de las carpetas de investigación.
La reserva no implica el cierre del caso ni determina la inocencia o culpabilidad de las personas investigadas; únicamente limita el acceso público a los documentos mientras continúan las diligencias.
En caso de que las investigaciones concluyan con el ejercicio de la acción penal o con una determinación ministerial definitiva, parte de la información podría hacerse pública conforme a la legislación vigente.