Tras 40 horas de audiencia, Ernesto Ruffo termina en el Altiplano por caso de combustibles
Una jueza dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel y otros implicados por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Por Mario Victorino
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanecerá en prisión preventiva luego de que una jueza federal determinara imponerle esta medida cautelar por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y a delitos de delincuencia organizada, en un caso conocido como el de "huachicol ferroviario".
La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, tras una audiencia inicial que se prolongó por casi 40 horas mediante videoconferencia, en la que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación.
Ernesto Ruffo será trasladado al penal del Altiplano
Como parte de la resolución judicial, Ernesto Ruffo Appel deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "Altiplano", ubicado en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal en su contra.
La misma medida cautelar fue impuesta a Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes también enfrentarán el proceso privados de su libertad.
En contraste, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en prisión domiciliaria debido a problemas de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue enviada al Cereso Nezahualcóyotl Sur.
FGR señala presunto esquema de contrabando de hidrocarburos
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones apuntan a una organización que habría participado en operaciones irregulares para importar, distribuir y comercializar combustibles mediante un esquema de contrabando.
Según la autoridad, el mecanismo consistía en introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando cantidades menores a las realmente transportadas o clasificando el combustible como otro tipo de mercancía con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
La FGR sostiene que este tipo de operaciones generan un importante daño económico al Estado mexicano y, además, representan una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
Investigan operaciones vinculadas con Ingemar
Las investigaciones también señalan que las operaciones presuntamente relacionadas con la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo Appel sería accionista mayoritario, habrían ocasionado un daño estimado de 4 mil millones de pesos al erario federal entre enero y julio de 2025, derivado del supuesto incumplimiento de obligaciones fiscales.
Estos hechos forman parte de una investigación considerada de alta complejidad por las autoridades federales, la cual derivó en la detención de los imputados mediante un operativo coordinado entre la FGR y el Gabinete de Seguridad.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional
Durante la audiencia, las defensas de los ocho imputados solicitaron acogerse a la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando un juez determine si existen elementos suficientes para vincularlos o no a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Mientras tanto, los acusados permanecerán sujetos a las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.
Fuerte operativo para el traslado de los imputados
Tras concluir la audiencia, poco después de las 9:30 de la mañana, Ernesto Ruffo Appel y los demás imputados abandonaron las instalaciones de la FEMDO bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
El traslado se realizó a bordo de un vehículo táctico blindado Black Mamba, escoltado por unidades de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con destino al penal federal del Altiplano.
Con esta resolución, el caso del presunto huachicol ferroviario entra en una nueva etapa judicial, mientras la Fiscalía busca acreditar la participación de los imputados en una de las investigaciones de contrabando de hidrocarburos de mayor impacto en los últimos años.