Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa
Ángel Aguirre fue vinculado a proceso por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa y permanecerá en el Altiplano durante la investigación.
Por Mario Victorino
El exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada relacionado con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La decisión fue tomada por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de una audiencia que se prolongó durante más de 15 horas.
La resolución significa que el proceso penal contra el exmandatario continuará, aunque la vinculación no equivale a una sentencia de culpabilidad. El juez consideró que los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes, en esta etapa, para presumir su posible responsabilidad en los hechos que se le imputan.
¿De qué acusan a Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa?
La FGR sostiene que Aguirre Rivero habría participado en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La acusación se apoya principalmente en testimonios que señalan que el entonces gobernador habría recibido material videográfico considerado relevante para esclarecer lo ocurrido aquella noche y posteriormente habría ordenado su destrucción.
Según la investigación presentada ante el juez, las imágenes correspondían a cámaras ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
En ellas presuntamente podía observarse el paso de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes, así como la intervención de personas armadas y policías.
Para la Fiscalía, ese material podía resultar fundamental para reconstruir la ruta que siguieron los estudiantes y determinar quiénes participaron en su detención.
Fiscalía señala presunta destrucción de videos
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero que habrían aportado información sobre la existencia y traslado de un disco con las imágenes.
De acuerdo con la acusación, una de ellas habría extraído un sobre que contenía el material de una oficina del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y posteriormente lo habría entregado a Aguirre.
La Fiscalía sostiene que el exgobernador recibió el material y posteriormente lo entregó al entonces procurador estatal Iñaki Blanco, con la instrucción de deshacerse de él.
Las autoridades también señalan que posteriormente se habría ordenado eliminar otras evidencias relacionadas con los acontecimientos de Iguala.
Estos señalamientos forman parte de la hipótesis presentada por la FGR ante el juez y serán materia de investigación durante el proceso penal.
Defensa de Aguirre presentó 31 pruebas
La defensa del exgobernador intentó desacreditar la acusación con 31 datos de prueba, entre testimonios y documentos.
Uno de los principales argumentos fue que Aguirre no se encontraba en Guerrero el día en que presuntamente recibió el material videográfico.
Sus abogados sostuvieron que el 29 de septiembre de 2014 el entonces gobernador se encontraba en la Ciudad de México para participar en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Con este argumento, la defensa buscó demostrar que Aguirre no pudo haber recibido personalmente el disco en Guerrero ni haber ordenado su destrucción desde la entidad.
Sin embargo, el juez determinó que las pruebas presentadas por la defensa no eran suficientes para desvirtuar, en esta etapa procesal, los elementos aportados por la Fiscalía.
Aguirre permanecerá en el penal del Altiplano
Tras la vinculación a proceso, el exgobernador deberá permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrentará el proceso por desaparición forzada.
La defensa ha planteado que la medida cautelar sea modificada para permitir que Aguirre continúe el proceso bajo prisión domiciliaria, argumentando cuestiones relacionadas con su estado de salud y su edad.
Hasta el momento, el juez determinó que permanezca recluido mientras continúa la investigación.
La resolución representa un nuevo capítulo en uno de los casos de desaparición más emblemáticos de México.
Juez concede 120 días para investigación complementaria
El juez concedió un plazo de 120 días para concluir la investigación complementaria.
Durante este periodo, la Fiscalía podrá profundizar en los elementos que sustentan la acusación, mientras la defensa tendrá oportunidad de reunir y presentar nuevas pruebas para intentar demostrar la inocencia del exmandatario.
Una vez concluida esta etapa, el proceso avanzará conforme a las determinaciones del órgano jurisdiccional.
La defensa también ha anunciado que buscará impugnar la decisión judicial.
¿Qué sigue para Ángel Aguirre?
Con la vinculación a proceso, el caso entra en una nueva etapa judicial. El exgobernador seguirá privado de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria.
La Fiscalía deberá fortalecer los elementos que presentó durante la audiencia para sostener su acusación, mientras los abogados de Aguirre buscarán desacreditar los testimonios y documentos que forman parte de la investigación.
El punto central del proceso será determinar si existen elementos suficientes para acreditar que Aguirre tuvo responsabilidad en el ocultamiento o destrucción de evidencias vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas.
La decisión ocurre casi 12 años después de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, un caso que continúa sin esclarecerse completamente.
El caso Ayotzinapa vuelve a poner a Aguirre ante la justicia
Ángel Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes en Iguala. Tras la crisis política provocada por la desaparición de los normalistas, solicitó licencia al cargo en octubre de 2014.
Ahora, casi una década después de aquellos acontecimientos, el exgobernador enfrenta un proceso penal federal por desaparición forzada.
La resolución judicial no determina todavía su culpabilidad, pero sí establece que existen elementos suficientes para que enfrente un proceso penal por los hechos que le imputa la Fiscalía.
El caso continuará bajo investigación durante los próximos 120 días, mientras las autoridades y la defensa presentan y analizan nuevos elementos.