“Es inconcebible”: Congreso de EU investiga a la DEA por dejar circular fentanilo
Congreso de EU investiga a la DEA por permitir que grandes cargamentos de fentanilo circularan mientras agentes seguían a narcotraficantes.
Por Mario Victorino
La DEA, la principal agencia antidrogas de Estados Unidos, enfrenta una investigación del Congreso por una controvertida estrategia que habría permitido que enormes cargamentos de fentanilo llegaran a las calles mientras agentes federales seguían los envíos para construir casos penales de mayor alcance.
La polémica práctica, conocida dentro de las investigaciones como dejar que las drogas “caminen”, consiste en vigilar cargamentos de narcóticos sin detenerlos inmediatamente, con la expectativa de identificar a otros integrantes de las organizaciones criminales involucradas.
Ahora, legisladores republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes buscan determinar si esa estrategia permitió que cantidades potencialmente letales de fentanilo circularan entre consumidores estadounidenses.
El presidente del comité, el congresista republicano por Kentucky James Comer, envió este lunes una carta al secretario de Justicia, Todd Blanche, para exigir registros relacionados con la política de la DEA y conocer quién autorizó que los cargamentos continuaran su recorrido.
“Una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas”, escribió Comer.
La DEA no había respondido a una solicitud de comentarios sobre la investigación.
La DEA vigiló cargamentos en lugar de decomisarlos
La investigación se concentra particularmente en Nuevo México, estado que se ha convertido en uno de los puntos relevantes de la crisis de fentanilo en Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación de The Associated Press, agentes de la DEA vigilaron repetidamente entre 2023 y 2025 grandes cargamentos de fentanilo sin decomisarlos de inmediato.
La información se basa, entre otros elementos, en testimonios de denunciantes dentro de la propia agencia.
En algunos casos, los agentes habrían observado cómo distribuidores trasladaban enormes cantidades de pastillas mientras las autoridades recopilaban información para avanzar hacia otros integrantes de las redes criminales.
La estrategia pretendía llegar a los niveles superiores de las organizaciones.
El problema es que, mientras los investigadores construían esos casos, el fentanilo seguía circulando.
Cientos de miles de pastillas quedaron en las calles
Uno de los episodios que ahora se encuentra bajo escrutinio ocurrió en Albuquerque.
Agentes de la DEA habrían seguido desde helicópteros y vehículos de vigilancia a presuntos distribuidores que ingresaban a hoteles con mochilas que, según las autoridades, podían contener hasta 100 mil pastillas de fentanilo.
En lugar de decomisar inmediatamente el cargamento, los investigadores continuaron siguiéndolo.
Para los críticos de esta estrategia, ahí se encuentra el principal problema: una agencia que advierte públicamente que incluso pequeñas cantidades de fentanilo pueden provocar la muerte permitió que cantidades extraordinariamente mayores continuaran su camino hacia los consumidores.
La pregunta que ahora deberá responder el Departamento de Justicia es hasta qué punto esa práctica fue autorizada y si se respetaron los protocolos diseñados para impedir que el narcótico llegara a las comunidades.
La contradicción de “One Pill Can Kill”
El escándalo adquiere una dimensión todavía mayor por la propia campaña de prevención de la DEA.
Durante años, la agencia ha utilizado el lema “One Pill Can Kill”, que advierte que una sola pastilla puede contener una cantidad mortal de fentanilo.
Al mismo tiempo, según las denuncias ahora investigadas, agentes federales habrían permitido que cientos de miles de pastillas circularan mientras mantenían bajo vigilancia a las organizaciones criminales.
La contradicción ha provocado cuestionamientos sobre el equilibrio entre construir investigaciones de largo plazo y proteger inmediatamente a la población.
El argumento de las autoridades es que las investigaciones contra grandes organizaciones criminales requieren tiempo y que decomisar un cargamento puede alertar a los responsables y destruir la posibilidad de identificar a otros integrantes.
Pero los denunciantes sostienen que esa estrategia puede tener un costo demasiado alto cuando la sustancia involucrada es un opioide sintético extremadamente potente.
Trump endureció originalmente los protocolos
Comer enfocó su solicitud en las políticas aplicadas durante el gobierno de Joe Biden.
El congresista acusó a la administración anterior de haber relajado los protocolos establecidos durante el primer mandato de Donald Trump para reducir el riesgo de que el fentanilo llegara a las calles.
Según la carta enviada al Departamento de Justicia, las reglas adoptadas en 2017 establecían que los agentes debían incautar o impedir la distribución del fentanilo tan pronto como fuera posible.
Pero en 2024 el Departamento de Justicia modificó esas disposiciones y otorgó mayor discrecionalidad a los agentes para decidir cuándo intervenir.
La justificación fue que preservar una investigación podía generar mayores beneficios para desmantelar las organizaciones criminales.
Ese cambio es ahora uno de los puntos centrales de la investigación del Congreso.
La estrategia continuó con Trump
La controversia, sin embargo, no terminó con el cambio de administración.
La investigación de AP encontró que la práctica de permitir que las drogas continuaran circulando también se mantuvo durante el segundo gobierno de Donald Trump.
Esto ocurrió incluso antes del que fue presentado como el mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, anunciado en mayo de 2025.
En aquella operación las autoridades aseguraron alrededor de 3 millones de pastillas de fentanilo.
El resultado fue presentado como un golpe histórico al tráfico de opioides.
Pero, de acuerdo con testimonios de agentes involucrados en investigaciones previas, cantidades todavía mayores habían quedado fuera de los decomisos mientras se seguía la pista de los distribuidores.
Un supervisor asegura que la red pudo caer seis meses antes
Uno de los señalamientos más graves proviene de un exsupervisor de la DEA que participó en una de las investigaciones.
El exfuncionario sostiene que la red criminal pudo haber sido desmantelada seis meses antes de que finalmente se realizaran los grandes decomisos.
Su testimonio forma parte de las denuncias presentadas por tres informantes que han decidido cuestionar públicamente la práctica.
El argumento de los denunciantes es que la estrategia no solamente retrasó los decomisos, sino que permitió que grandes cantidades de una droga potencialmente mortal permanecieran disponibles para su distribución.
Ahora corresponde a los investigadores determinar si esos señalamientos están sustentados y si existieron violaciones a las reglas internas del Departamento de Justicia.
Nuevo México demanda al Departamento de Justicia
La polémica también llegó a los tribunales.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para intentar obtener algunos de los mismos registros que ahora solicitan los legisladores.
El caso ha colocado bajo presión a las autoridades federales, que tendrán que explicar cómo se tomaron las decisiones relacionadas con los cargamentos.
La investigación puede terminar determinando si la práctica fue excepcional y autorizada en circunstancias específicas o si se convirtió en una política mucho más extendida.
Inspector general revisará si ocurrió en otros estados
El escándalo tampoco se limitará a Nuevo México.
El organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció este mes una revisión a nivel nacional para determinar si las autoridades federales utilizaron la misma estrategia en otras investigaciones.
La revisión también contempla analizar políticas relacionadas con investigaciones que utilizan escuchas telefónicas.
El objetivo será conocer si existieron otros casos en los que agentes observaron el movimiento de grandes cantidades de fentanilo sin intervenir inmediatamente.
Si la práctica se utilizó de manera generalizada, las consecuencias políticas podrían ser mucho mayores.
La DEA defiende las investigaciones de largo plazo
El administrador de la DEA, Terry Cole, defendió la estrategia de investigaciones complejas y de largo plazo.
En una entrevista con Fox News, Cole sostuvo que las investigaciones se realizan bajo el marco de la ley y señaló que la agencia debe mantenerse enfocada en sus objetivos criminales.
También respaldó la revisión emprendida por el inspector general.
El argumento de la DEA es conocido dentro de las investigaciones antidrogas: detener al primer distribuidor puede ser relativamente sencillo, pero identificar y procesar a los responsables de niveles superiores requiere seguir el dinero, las comunicaciones y los movimientos de la droga.
El dilema aparece cuando el narcótico que se está siguiendo es fentanilo.
¿Cuánto fentanilo llegó a las calles?
Esta es una de las preguntas que ahora deberán responder las investigaciones.
El Congreso busca conocer cuántos cargamentos fueron vigilados sin ser decomisados, qué cantidad de fentanilo contenían, cuánto tiempo permanecieron bajo seguimiento y cuántos de esos cargamentos terminaron finalmente en manos de los consumidores.
También será necesario determinar si hubo muertes o intoxicaciones que puedan vincularse directamente con cargamentos que las autoridades decidieron no interceptar.
La magnitud del problema podría conocerse únicamente cuando el Departamento de Justicia entregue los registros solicitados.
El dilema que enfrenta la lucha antidrogas
La investigación coloca a la DEA frente a una contradicción difícil de resolver.
Por un lado, las autoridades necesitan desarrollar investigaciones complejas para desmantelar organizaciones completas y no solamente detener a los distribuidores de menor nivel.
Por otro, permitir que grandes cantidades de fentanilo circulen implica aceptar un riesgo potencial para la población.
La pregunta política es hasta dónde puede llegar una agencia federal para fortalecer un expediente criminal antes de que la propia estrategia termine generando un daño mayor.
Ese será precisamente el punto que deberán esclarecer el Congreso, el inspector general y el Departamento de Justicia.
La investigación apenas comienza.
Pero el hecho de que los cuestionamientos provengan de agentes de la propia DEA, autoridades estatales y ahora legisladores federales convierte el caso en una de las controversias más serias sobre la estrategia antidrogas de Estados Unidos.
Mientras la DEA advierte que una sola pastilla puede matar, el Congreso busca saber por qué sus propios agentes permitieron que cientos de miles de ellas siguieran circulando en nombre de investigaciones de mayor alcance.