La disputa por los ingresos de 2027: Morena defiende las cuotas y el PAN acusa más endeudamiento
Diputados aprobaron en lo general cambios a la Ley Federal de Derechos; el gobierno prevé recaudar 177 mil millones de pesos en 2027.
Por Mario Victorino
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal de Derechos, que contempla incrementos en las cuotas de diversos servicios que presta el Estado a ciudadanos mexicanos y extranjeros. La medida recibió 329 votos a favor, 117 en contra y ninguna abstención, en medio de cuestionamientos de la oposición por el endeudamiento público y la política económica del gobierno federal.
Con los cambios, el gobierno prevé obtener 177 mil 185 millones de pesos por derechos en 2027, de acuerdo con las proyecciones de la Ley de Ingresos de la Federación. El dictamen todavía debía concluir su discusión en lo particular y ser enviado al Senado para continuar el proceso legislativo.
La aprobación abre el debate sobre cuánto deberán pagar los usuarios por determinados trámites y servicios públicos, mientras Morena defendió la actualización de las cuotas como una medida para ajustarlas a los costos de operación de las instituciones. La oposición, en cambio, cuestionó la política de endeudamiento y la conducción de las finanzas públicas.
Morena defiende los aumentos: busca ajustar las cuotas al costo de los servicios
Al presentar el dictamen en tribuna, el diputado morenista Carol Altamirano argumentó que la reforma no debía entenderse únicamente como una revisión de tarifas, sino como una actualización de las disposiciones legales para adecuarlas a los costos de los servicios y a las necesidades operativas de las instituciones.
“El propósito que se atiende en el dictamen es mantener una correspondencia justa y proporcional entre los servicios que proporciona el Estado, los costos asociados a su prestación y los beneficios que reciben quienes hacen uso de ello”, sostuvo el legislador.
La defensa oficial se centra en que las cuotas deben guardar relación con los gastos que implica prestar los servicios públicos y con el aprovechamiento de los bienes nacionales.
Sin embargo, para los usuarios el efecto concreto dependerá de cuáles tarifas aumenten, cuánto se incrementen y qué trámites resulten afectados. La cifra de recaudación prevista no significa que todos los servicios subirán en la misma proporción ni que todos los ciudadanos pagarán más.
Oposición cuestiona el endeudamiento del gobierno de Sheinbaum
Durante la discusión, el diputado panista José Elías Lixa presentó una moción suspensiva para intentar frenar el avance del dictamen. Su propuesta no fue aceptada.
Lixa cuestionó el endeudamiento de las administraciones federales y lanzó críticas contra los gobiernos de Morena. Al argumentar su postura, señaló que se había recurrido a deuda para cubrir obligaciones financieras anteriores y responsabilizó a los gobiernos previos por lo que calificó como una conducción irresponsable de las finanzas públicas.
El legislador también afirmó que la administración de Claudia Sheinbaum ha endeudado más al país que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Ese señalamiento corresponde a la postura del diputado y requiere contrastarse con indicadores comparables, como el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la deuda como proporción del producto interno bruto y los periodos de medición. Sin esa comparación, la afirmación no basta para establecer por sí sola cuál administración acumuló más deuda bajo criterios equivalentes.
El rechazo de la moción suspensiva permitió que continuara la discusión del dictamen, que avanzó con una mayoría de votos a favor.
¿Cuánto espera recaudar el gobierno con la Ley Federal de Derechos?
La proyección de 177 mil 185 millones de pesos para 2027 forma parte de las estimaciones de ingresos federales. Los derechos son pagos establecidos por ley por determinados servicios que presta el Estado en funciones de derecho público o por el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público.
La reforma contempla ajustes a cuotas de distintos servicios, aunque el impacto para cada persona dependerá de las tarifas específicas incluidas en el texto definitivo.
Por ello, para conocer el efecto en el bolsillo será necesario revisar la versión aprobada en lo particular y la que eventualmente avale el Senado. La cifra total de recaudación no debe confundirse con el monto adicional que generarán exclusivamente los incrementos, pues la recaudación proyectada puede incluir los ingresos ordinarios del rubro.
La discusión fiscal continúa en el Congreso
La votación en lo general representa la aprobación de la estructura central del dictamen, pero no concluye por sí sola el proceso legislativo. Después de la discusión en lo particular, el proyecto debe seguir el procedimiento correspondiente en el Senado.
En paralelo, la Cámara de Diputados tenía previsto avanzar en la discusión de otras disposiciones fiscales, incluida la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).
El debate sobre la Ley Federal de Derechos pone frente a frente dos argumentos: el de Morena, que sostiene que las cuotas deben actualizarse para reflejar los costos de los servicios, y el de la oposición, que cuestiona el manejo de las finanzas públicas y las consecuencias de la política económica federal.
El punto decisivo para los contribuyentes será conocer cuáles tarifas cambiarán, a partir de cuándo entrarán en vigor y cuánto representarán los nuevos pagos para quienes necesiten realizar los trámites afectados.