ASF abre revisión histórica del INE: investigará contratos desde la época del IFE
La ASF investigará contratos del INE, IFE y organismos electorales de 2000 a 2025 tras detectar presuntas irregularidades históricas en el gasto público.
Por Mario Victorino
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión integral de las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales (Oples) desde el año 2000, luego de detectar indicios de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La investigación abarcará un periodo de 25 años y buscará identificar posibles anomalías en el ejercicio del gasto, en medio de los señalamientos sobre contratos para la adquisición de material electoral y presuntos conflictos de interés en los procesos de licitación.
En un comunicado, la ASF informó que realiza una auditoría integral al INE y a los organismos electorales estatales. Explicó que sus trabajos de inteligencia, incluido el análisis de información solicitada a las entidades federativas, advierten la existencia de “múltiples irregularidades históricas” en el uso de recursos públicos.
La fiscalización está a cargo de la institución encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel y se produce después de que reportes periodísticos documentaran presuntas irregularidades en contrataciones del organismo electoral, entre ellas posibles acuerdos entre empresas proveedoras para simular competencia y repartirse contratos.
Tres líneas de investigación sobre el gasto electoral
La ASF detalló que la revisión se desarrollará mediante tres líneas de trabajo. La primera consiste en investigaciones de oficio sobre posibles anomalías en las contrataciones públicas del INE, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y todos los Oples.
La segunda contempla un estudio histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025. El propósito es identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales por parte de grupos empresariales o servidores públicos.
La tercera línea comprende una auditoría integral al INE y la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
Con ello, la investigación no se limitará a los contratos recientes ni a la administración de Guadalupe Taddei, sino que abarcará distintas etapas de las autoridades electorales y permitirá examinar cómo se asignaron los recursos públicos durante un cuarto de siglo.
ASF ya había señalado operaciones por 8 mil 870 millones de pesos
El anuncio amplía las indagatorias que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, dio a conocer el pasado 30 de octubre ante la Cámara de Diputados.
En esa ocasión, informó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. Dentro de esas operaciones, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales y alrededor de 430 millones al INE.
Entre los posibles mecanismos irregulares señalados se encuentran la simulación de competencia en licitaciones, la subcontratación entre compañías vinculadas y la participación de empresas con poca o ninguna capacidad operativa.
La ASF busca determinar si existieron redes de proveedores y servidores públicos que intervinieron en la asignación de contratos o en el manejo de recursos. Sin embargo, los señalamientos forman parte de investigaciones en curso y no representan, por sí mismos, responsabilidades administrativas o penales ya acreditadas.
La revisión histórica podría ampliar el alcance político e institucional del caso, pues permitirá examinar contratos celebrados durante las distintas administraciones del IFE y del INE, además de las operaciones de los organismos electorales estatales.