Crecer ambientalmente…, pero en “papel”
Pareciera que en México existe una política de moda que se llama: extender superficies ecológicas. La narrativa suena llamativa, pagadora, pero bien sabemos que en el mayor de los casos solo queda en buenas intenciones.
Por Alejandro Ramos Magaña
Pareciera que en México existe una política de moda que se llama: extender superficies ecológicas. La narrativa suena llamativa, pagadora, pero bien sabemos que en el mayor de los casos solo queda en buenas intenciones.
Mientras el gobierno federal anunció el 29 de octubre pasado (aprovechando el contexto de la Cumbre Climática CP30, en Brasil), el crecimiento en un 50% de las zonas de conservación ecológica en el país; por el otro lado, se mantiene la disminución presupuestal a la institución encargada de brindar protección a las superficies naturales: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp, la cual se creó en el año 2000 para conservar las ANP). De 2019 a la fecha este organismo ha sufrido el recorte de más de 1,500 millones de pesos.
Andrés Manuel López Obrador presumió que, su gobierno fue el que más Áreas Naturales Protegidas (ANP, encargadas de la conservación de la biodiversidad biológica como lasa reservas de la biosfera) decretó en el país, por encima de las 40 que estableció Lázaro Cárdenas (1934-1940). Sin embargo, el tabasqueño omitió decir que fue en su administración cuando recortó más de 1,400 millones de pesos a la Conanp. Y este tipo de medidas han afectado el cuidado del ambiente, ya que hay menos personal capacitado, faltan recursos, los programas de manejo y cuidado se quedan cortos o no existen, y las ANP pierden sus objetivos para las que fueron creadas.
De las 232 ANP que tiene México, poco más de 100 cuentan con planes de manejo, tal y como lo estipula ley.
La Meta 30x30 que asumió México (Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal), establece que para 2030 se deberá tener protegida el 30% de la superficie marina y el 30% de la superficie terrestre, a nivel mundial y en cada nación. A la fecha el país cuenta con 103.1 millones de hectáreas bajo el esquema de ANP, tanto marinas como terrestres. Y ahora pretende, en los próximos 5 años, sumar 50.2 millones de hectáreas, lo que representa 50.4% más de lo que actualmente se tiene.
En un marco conceptual toda esta iniciativa es loable, pero en el escenario real vemos que los decretos de las ANP (y hasta los parques nacionales) se van rezagando por carecer de fondos, personal y planes de mantenimiento y manejo indispensables.
También la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha resultado afectada por los recortes presupuestales, pues en 2026 ejercerá con 827 millones de pesos, 1.5% menos que en 2025. Además, solo cuenta con 500 inspectores en todo el país para atender: tala ilegal, tráfico de especies, cambios de uso de suelo irregular, industrias, maltrato animal, desarrollos turísticos e inmobiliarios, zonas costeras y terrestres, entre otras actividades.
Por esta razón los daños ambientales se multiplican en el territorio nacional, y por consiguiente será muy complicado cumplir con acuerdos internacionales y cuidar los recursos naturales de la nación.
Y otra asunto, que no es menor, son los 67 parques nacionales (que preservan flora y fauna nativas y son áreas recreativas), que en el caso de México no están en las prioridades de una agenda de Estado de seguridad ambiental.
Somos un país en que cada año se incrementa la escasez de agua, principalmente, en las ciudades capitales muy pobladas y con robustas economías, pero a esas fábricas de agua se les deja que, la misma acción del hombre, las degrade o las destruya.
Los cambios de uso de suelo enfocados a la ganadería y la agricultura, así como la tala clandestina, plagas e incendios forestales se han encargado de disminuir y degradar amplias superficies de masa forestal. Y este daño está vinculado al clima y al agua. El impacto es regional y global, la estabilidad ambiental está en riesgo para los próximos años.
Eso es lo que ha ocurrido de forma acelerada, al menos en las últimas cuatro décadas, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl (creado en 1935 para proteger la Sierra Nevada y en 2010 declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera Los Volcanes) con una superficie original de 96 mil 600 hectáreas, pero actualmente posee 39 mil 819 hectáreas, ya que en 1947 se le redujeron por decreto gubernamental sus límites ‒igual que otros parques‒, para permitir la explotación forestal a las fábricas de papel. El 11 de febrero de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se publicó el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que se declaraba extinguida la Unidad Industrial de Explotación Forestal, que tuvo a favor las Fábricas de Papel de San Rafael y Anexas, S.A
Este parque nacional es una importante zona de recarga del acuífero que abastece a los valles de Puebla, Morelos y Estado de México –estados en los que se ubica‒, pero en amplias extensiones sobresale la superficie erosionada, que impide la infiltración del agua pluvial al subsuelo. Existen áreas, donde antes se erigían robustos árboles, que ahora cedieron la superficie a los pastizales, los cuales son el alimento para la ganadería extensiva.
Además, otro enemigo de este bosque es la propia gente, que por años lo ha maltratado al contaminarlo con basura, por el robo de tierra, la extracción ilegal de material pétreo como grava, arena y balastre, así como el despojo de flora y fauna.
Este parque nacional (como la mayoría de los 67 que tiene México) ha sido poco valorado por las autoridades federales en turno, y cada vez es más vulnerable por la actividad humana ‒ejidatarios de la región y personas externas‒, ya que la explotación irregular de madera con fines comerciales se mantiene y los cambios de uso de suelo siguen sin freno afectando la biodiversidad y los servicios ambientales que brinda esta zona natural.
Existe un factor de fondo que se debe considerar con los parques nacionales ‒y que algunos investigadores han señalado con oportunidad‒, y es la cambiante política sexenal, y como estas zonas no contribuyen a la economía nacional, entonces no se les ha dado la importancia que merecen. Y menos ahora con los gobiernos de la llamada 4T que, desde 2019 han venido reduciendo las partidas presupuestales para los programas de conservación de los recursos naturales del país.
En los Planes Nacionales de Desarrollo, de cada sexenio, no se define ninguna estrategia con metas medibles para los parques nacionales, y en el mejor de los casos, los gobiernos locales sólo los promueven como espacios para el turismo de campo que se focalizan en pequeños espacios, y el resto de la superficie se le deja a la deriva.
Algunos esfuerzos privados han sobresalido para la conservación de los bosques, pero no están en la estrategia nacional.
El marzo de 2008, las entonces autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) firmaron un convenio con la Fundación Produce Puebla, AC, y Volkswagen-México para impulsar un plan de restauración ambiental en una superficie de 200 hectáreas del Parque Nacional Izta-Popo a más de 3,900 metros sobre el nivel del mar. Y el convenio otorgó el resguardo de las 200 hectáreas por 10 años a VW-México (y refrendo de otros 10 años).
El corporativo automotriz aportó más de 400 mil dólares para la plantación de 300 mil pinos de alta montaña ‒tarea que cubrió durante dos años‒, y proyectó la construcción de 11 mil fosas de captación de agua pluvial y de deshielo para infiltrarla al acuífero, y se le dio mantenimiento a otras 25 mil fosas que habían sido construidas durante los gobiernos de Zedillo y Fox.
Si bien se trató de un esfuerzo loable, este proyecto de restauración ambiental se enfrentó durante y después del proceso de reforestación a la incesante práctica de la ganadería.
Grupo BIMBO, entre otras otras empresas y bancos también han realizado, en los últimos 20 años, intensas jornadas de reforestación, y de educación ambiental, pero estas acciones terminan siendo esfuerzos parciales, ya que no se incluyen en estrategias de Estado.
No hay duda que los servicios ecosistémicos van perdiendo efectividad y con ello se trunca el desarrollo sostenible de México. Es deseable que los próximos Planes Nacionales de Desarrollo sean en realidad instrumentos de estrategia de crecimiento, y no solo buenos deseos como cartas a los Reyes Magos.