El próximo 5 de enero se cumplirá un año desde que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció, en Tepeapulco, Hidalgo, la sustitución total del combustóleo por gas natural en la termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, ubicada a casi 8 kilómetros de la ciudad de Tula. 

Los ejidatarios se han unido en defensa de la agricultura regional y por el agua. Su principal objetivo no solo es proteger la tierra, sino también preservar los recursos naturales ante el cambio climático y el desabasto de agua, así como combatir las omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales.

El crecimiento urbano e industrial desregulado en México ha provocado la contaminación de ríos, lagos, costas y acuíferos debido a descargas domésticas, agrícolas e industriales.  Este fenómeno afecta negativamente la flora y fauna, la salud humana, el medio ambiente y el paisaje.

En Toluca, los piperos dispararon los precios del agua ante la escasez, generando preocupación ciudadana y presión sobre las autoridades locales para garantizar el abasto.

Pareciera que en México existe una política de moda que se llama: extender superficies ecológicas. La narrativa suena llamativa, pagadora, pero bien sabemos que en el mayor de los casos solo queda en buenas intenciones.

El robo de agua en México se agrava con redes criminales que operan pozos ilegales, pipas sin control y tomas clandestinas. La sobreexplotación de acuíferos, infraestructura colapsada y complicidad institucional exigen reformas urgentes y vigilancia ciudadana.