Reforestación desarticulada

Por Alejandro Ramos Magaña

Recientemente, tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de ejidatarios en una inspección por diversas regiones del sur del estado de Veracruz.  Esta experiencia nos permitió constatar las deficiencias inherentes al programa social “Sembrando Vida”, el cual carece de un proyecto nacional integral que aborde los desafíos del sector agropecuario, particularmente en los ámbitos económico, social e hídrico.

Implementado en 2019 por el gobierno federal anterior, “Sembrando Vida” se concibió como una iniciativa de reforestación que ofrece oportunidades laborales a los campesinos. Sin embargo, en diversas entidades federativas, se ha observado un fenómeno contrario: la proliferación de bosques y selvas devastados.

Los propios ejidatarios han manifestado la ausencia de supervisión y evaluación adecuadas, lo que ha incentivado a cientos de campesinos a talar sus parcelas, destruyendo bosque o selva, con el fin de incorporarse a “Sembrando Vida” y obtener así un ingreso mensual estable.

Para el año 2026, el gobierno federal ha proyectado un presupuesto de aproximadamente 987 mil 160 millones de pesos para programas sociales, lo que, según economistas, representa alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Dentro de la política pública del gobierno federal, “Sembrando Vida” se ha integrado a la plataforma de programas prioritarios destinados a la mitigación del cambio climático.  En este contexto, se ha asignado un presupuesto específico dentro del Anexo 16, el cual asciende a 212 mil 569 millones de pesos para el año 2026.

Durante nuestro recorrido por la región sur del estado de Veracruz, tuvimos la oportunidad de interactuar con grupos de biólogos adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la Universidad Veracruzana. Estos profesionales llevan a cabo diversas investigaciones en todo el territorio veracruzano, así como en los estados de Campeche, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.  En sus investigaciones, denunciaron que los ejidatarios, con el objetivo de acceder al subsidio mensual superior a 6,000 pesos otorgado por la Secretaría de Bienestar, se han dedicado a la tala indiscriminada y a la destrucción de la vegetación para justificar ante las autoridades su inclusión en el padrón de beneficiarios de dicho programa.

Los ejidatarios han violado las regulaciones relativas al cambio de uso de suelo, sin que las autoridades competentes hayan implementado medidas para prevenir esta autodestrucción de los ecosistemas.  Al cuestionar a algunos ejidatarios veracruzanos sobre las razones que motivaron la destrucción de sus parcelas, la respuesta proporcionada fue sencilla y falaz: “había plaga y estaba fuera de control”.

Cabe destacar que algunos campesinos han recurrido al uso de maquinaria pesada para despejar extensas superficies superiores a 200 hectáreas dentro de un ejido. Esta práctica tiene como objetivo que cada propietario de la tierra pueda justificar la asignación de 2.5 hectáreas que la Secretaría del Bienestar requiere como requisito para su ingreso al programa.  En este programa, se les exige a los beneficiarios el establecimiento de plantaciones de árboles frutales y maderables, principalmente caoba y cedro, caobilla y pino.  Adicionalmente, se les solicita fomentar el cultivo en ciclo corto. 

A pesar de la devastación del hábitat de numerosas especies de mamíferos, aves y reptiles, como se ha observado en las regiones de Bacalar, Quintana Roo; Centla y Huimanguillo, Tabasco; Progreso y Dzilam de Bravo, Yucatán; Los Tuxtlas, Catemaco y Acayucan, Veracruz; y Calakmul, Campeche, que representan los territorios más críticos de esta destrucción de ecosistemas, según lo reportan los biólogos.

Otro daño significativo a los ecosistemas se deriva de la imposición a los ejidatarios del cultivo de especies arbóreas maderables, cítricos y aguacates, entre otras, que no son nativas de la región. Esta práctica agota rápidamente los recursos del suelo, ya que requiere una alta tecnificación para su conservación.

Además, una considerable cantidad de semillas y plántulas se obtiene de la empresa de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todas las semillas y árboles se adquieren en el vivero de Romo, ubicado en Tapachula, Chiapas.

Durante su administración, López Obrador afirmó que el programa Sembrando Vida estaba erradicando los cultivos de amapola y marihuana en Durango, Sinaloa y Chihuahua mediante la siembra de productos agroforestales. Sin embargo, el cultivo de sustancias estupefacientes persistió durante su sexenio en el denominado Triángulo Dorado, donde incluso la población local teme confrontar al crimen organizado.  La situación no ha experimentado cambios significativos en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Es posible que las autoridades, incluyendo a la presidenta, desconozcan los procesos de producción agrícola y, por ende, se facilite la discusión sobre reforestaciones y generación de empleo basándose únicamente en estadísticas proporcionadas por ejidatarios que participan en un programa con resultados inciertos.  Este programa, hasta la fecha, ha demostrado promover la deforestación, la imposición de cultivos y la erosión de suelos.

Es innegable que existen terrenos cuya productividad se ve limitada por la aridez, mientras que otros experimentan una disminución significativa en su vida productiva en un lapso de 5 a 6 años.  Estos aspectos, evidentemente, no son abordados en los discursos oficiales, una realidad que los campesinos comprenden. Sin embargo, la necesidad económica los obliga a participar en este tipo de programas, los cuales presentan características más políticas y populistas que una genuina intención de incrementar la productividad de la tierra.

Tanto expertos como ejidatarios coinciden en que el programa “Sembrando Vida” no incorpora las técnicas ancestrales de producción de alimentos y omite la considerable biodiversidad existente.  Esta política ha generado un conflicto con las tradiciones de los pueblos originarios y comunidades indígenas.

Las autoridades de la Secretaría de Bienestar reportan que el programa cuenta con más de 450,000 sembradores registrados y abarca un millón 100,000 hectáreas.

Es previsible que el empresario Romo, ex colaborador de López Obrador, vea incrementado su poder económico mientras siga sin cambios este programa.

En el mediano plazo, se evidenciará la magnitud de las irregularidades asociadas a este programa y las consecuencias de no intervenir en los ecocidios cometidos por algunos ejidatarios con el fin de obtener los limitados recursos que ofrece “Sembrando Vida”.  Queda claro que este programa ha pasado por alto las cosmovisiones de los pueblos originarios y comunidades indígenas, provocando su destrucción.

En conclusión, “Sembrando Vida” contribuye a la destrucción de la biodiversidad y fomenta la deforestación, lo que, a su vez, acelera la erosión de suelos. Y con el cambio climático encima los impactos al ambiente serán más severos.