Enciende alerta ambiental la actividad porcina en Yucatán

Por Alejandro Ramos Magaña

La Península de Yucatán se encuentra gravemente impactada por la actividad de las granjas porcícolas, las cuales han provocado daños ambientales y de salud durante varios años. Asimismo, de acuerdo con ejidatarios de la región, se ha observado un aumento en los despojos de tierras lo que violenta los cambios de uso de suelo..

Debido a los impactos en las tierras indígenas mayas, este problema se ha internacionalizado y ha generado la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A mediados de este mes, el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Marcos Orellana, recorrió las zonas afectadas y constató los severos daños que han provocado a los ecosistemas más de 500 granjas porcícolas. Estas granjas generan altos volúmenes de heces y aguas residuales contaminadas por los elevados niveles de antibióticos y hormonas presentes en el líquido que se infiltra directamente al subsuelo, el cual presenta características kársticas (cuevas, sumideros y ríos subterráneos interconectados), impactando así a los acuíferos.

De acuerdo con los pobladores y el Relator Especial, Marcos Orellana, cada granja tiene una capacidad para albergar entre 50,000 y 60,000 chanchos, y su ubicación cercana a pequeñas comunidades representa un serio riesgo para la salud de los habitantes. Además, la ONU documentó que gran parte de estas granjas no poseen los permisos ambientales correspondientes y han omitido las consultas con las comunidades indígenas.

Se ha documentado la deforestación no autorizada de cientos de hectáreas, lo que, según los pobladores, incrementa el riesgo de contaminación del sistema de cenotes.

En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), comprobó que la actividad porcina en Yucatán había contaminado 12 cenotes.

La información recopilada por el Relator Especial de las Naciones Unidas será sometida a una exhaustiva evaluación por parte del organismo, con el fin de emitir un dictamen que será presentado a las autoridades mexicanas federal y estatal.

A pesar del acuerdo establecido en febrero de este año entre el gobierno federal y el de Yucatán para coordinar acciones de supervisión, capacitación y regulación de la industria porcina, aún no se han obtenido resultados satisfactorios que garanticen el cumplimiento de la actividad porcina con las normativas ambientales y de salud.

La acción más significativa se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2025, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera definitiva una megagranja ubicada en la localidad de Santa María Chi, perteneciente al Municipio de Mérida, propiedad de la empresa Pecuaria Peninsular. Esta empresa descargó durante años sus aguas contaminadas sin cumplir con las normatividades pertinentes, además de incumplir con siete medidas correctivas.

Cabe destacar que en 2021, la comunidad maya del municipio de Homún, en Yucatán, emprendió una lucha por la conservación de la riqueza de sus ecosistemas.  Incluso los niños, conscientes de la importancia de este patrimonio, se unieron para que su voz fuera escuchada en el máximo tribunal del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Homún se encuentra ubicado en dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de los Cenotes, decretada por el gobierno de Yucatán en octubre de 2013, y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, decretado en 1989. Estas áreas constituyen el hábitat de especies vegetales endémicas, una amplia variedad de mamíferos –incluyendo el jaguar, venado cola blanca, jaguarundi, coyote, tejón, armadillo y murciélagos, entre otros–, peces de agua dulce, reptiles y 200 especies de aves.

Biólogos del Instituto de Ecología de la UNAM han identificado los cenotes de esta reserva como el hábitat de especies amenazadas y en peligro de extinción, entre las que se encuentran tres especies de peces: la brótula ciega mexicana, la anguila ciega de cenote y el topote aleta grande.

Debido a esta riqueza biológica y al buen estado de conservación de la región, la Convención Ramsar, instrumento internacional relativo principalmente al hábitat de las aves acuáticas, declaró a Homún Humedales de Importancia Internacional para la protección del medio ambiente el 2 de febrero de 2007.

En la región se desarrolla turismo rural de bajo impacto, ubicado fuera del casco urbano, el cual representa una fuente significativa de recursos económicos para la comunidad.

En octubre de 2013, el presidente municipal de Homún otorgó a la empresa Producción Alimentaria Porcícola un permiso de cambio de uso de suelo para la construcción de una planta de naves porcícolas con capacidad para albergar más de 49 mil cerdos, sin considerar los decretos estatales, las declaraciones internacionales pertinentes ni consultar a la comunidad.

La referida acción generó inquietud entre la población, la cual expresó su preocupación por la presunta corrupción de la entonces autoridad municipal y acusó a la misma de ser responsable de un potencial ecocidio en la región.

Cabe destacar que la empresa Producción Alimentaria Porcícola contaba con un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), expedido por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán (actualmente Secretaría de Desarrollo Sustentable, SDS).

Esta circunstancia incrementó las sospechas de corrupción, dado que pobladores, expertos y ambientalistas denunciaron que la dependencia no implementó las medidas requeridas por la normatividad para mitigar posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud pública, especialmente en ausencia de evidencia científica que garantice que no habría daños.

En respuesta a las protestas generalizadas, el Cabildo del Ayuntamiento de Homún convocó una sesión extraordinaria con carácter urgente y procedió a la anulación del permiso, fundamentando su decisión en los decretos y declaraciones de protección ambiental relativos al anillo de cenotes.

El conflicto se trasladó al ámbito judicial, ya que la empresa impugnó la revocación del permiso y solicitó una suspensión del ordenamiento emitido por la autoridad.  En un hecho inusual que sugiere un proceso irregular, el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán concedió una suspensión provisional que permitió la continuación de las obras de la megagranja, argumentando la ausencia de riesgos ambientales y sociales.  La sentencia del Tribunal anuló la revocación del Cabildo.

En consecuencia, un grupo de organizaciones sociales promovió, el 5 de mayo de 2021, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso amicus curiae (amigo de la Corte). Este recurso permite que terceros ajenos a un proceso ofrezcan opiniones de relevancia para la resolución de un caso sometido a conocimiento judicial hasta su resolución definitiva.

Entre las organizaciones que participaron en la promoción del recurso se encuentran Earthjustice, Waterkeeper Alliance, el Centro para la Diversidad Biológica, Coastal Carolina Riverwatch y Greenpeace México, entre otros expertos.  Estas organizaciones manifestaron su apoyo a los niños mayas que se opusieron al funcionamiento de la planta porcina.

Los promotores del recurso advirtieron sobre las afectaciones derivadas de la contaminación del agua, las emisiones atmosféricas y la propagación de bacterias y virus en el entorno.

Diversas organizaciones y expertos en la materia afirmaron que la operación de esta megagranja porcina generaba aproximadamente 272 millones de kilogramos de heces y orina anualmente, una cantidad que superaba la producción de desechos de la población humana de la ciudad de Tijuana.

Jill Johnston, profesora de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien también adhirió al escrito de “amigo de la corte”, señaló que existen estudios científicos que indican que la industria porcina, ubicada en proximidad a comunidades humanas, libera contaminantes que perjudican la salud humana, afectando el sistema respiratorio, provocando cuadros asmáticos, alterando la presión arterial y generando estrés y ansiedad.

Asimismo, en dicho escrito se advirtió sobre los daños potenciales a los cenotes, la degradación de suelos, la afectación a la fauna y flora silvestre de la región, y la contribución al cambio climático debido a las emisiones de gas metano.

Ana María Rule, profesora de salud e ingeniería ambiental y directora del Laboratorio de Evaluación de Exposición de la Universidad Johns Hopkins, quien también apoyó la iniciativa, enfatizó la alta vulnerabilidad de la Península de Yucatán a los huracanes, lo que probablemente provocará el desbordamiento de los pozos de desechos de esta instalación.

Kelly Hunter Foster, abogada Senior de Waterkeeper Alliance, aseguró que las operaciones de confinamiento de cerdos a escala industrial, que emplean pozos de desechos, pueden contaminar tanto las aguas subterráneas como las superficiales, además de emitir gases peligrosos a la atmósfera.

Un estudio realizado de manera paralela por los investigadores Yamile Aguilar, Francisco Bautista y Fátima Tec Pool, advirtió sobre las características biofísicas del territorio de Homún, caracterizado por suelos delgados, un acuífero poco profundo, una gran cantidad de cenotes y una alta biodiversidad, son extremadamente vulnerables a las operaciones de la industria porcina.

A finales de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la suspensión definitiva de la megagranja porcícola en Homún, Yucatán, protegiendo así los derechos de niños, niñas y la comunidad maya a un medio ambiente sano y al acceso al agua.

Esta resolución constituyó un hito histórico y representó una lección significativa para México.

En la actualidad, el desafío es aún mayor para la Federación, así como para los gobiernos estatal y municipales; la Organización de las Naciones Unidas ya ha dado un paso importante con el apoyo de las comunidades indígenas.