“Secuestrada” por Antorcha Campesina: así denuncian el supuesto control de la Universidad Chapingo

Por Mario Victorino

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) enfrenta una nueva controversia por los señalamientos de integrantes de su comunidad, quienes acusan que Antorcha Campesina habría consolidado un amplio control sobre la institución, desde órganos de gobierno hasta diversas áreas administrativas y académicas.

Profesores, investigadores y estudiantes inconformes sostienen que la influencia de esta organización política de origen priísta ha crecido durante los últimos años y que, bajo la administración del rector Ángel Garduño García, se habrían impulsado modificaciones a reglamentos, estructuras y mecanismos de contratación que, aseguran, favorecen al grupo.

Los señalamientos incluyen presunta cooptación de integrantes del Consejo Universitario, contratación irregular de personal, cambios en la estructura institucional, restricciones para investigadores y docentes, así como supuestos mecanismos de presión contra quienes cuestionan a la administración.

A estas acusaciones se suma un elemento que coloca las finanzas de la Universidad Autónoma Chapingo bajo especial escrutinio: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presumió un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de la universidad por más de 51 millones de pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Es importante señalar que estos señalamientos no significan, por sí mismos, que exista una responsabilidad penal o administrativa acreditada contra las personas mencionadas. Se trata de acusaciones y observaciones que deberán ser esclarecidas ante las instancias correspondientes.

¿Cómo habría llegado Antorcha Campesina a controlar Chapingo?

De acuerdo con integrantes de la comunidad universitaria inconformes con la actual administración, la presencia de Antorcha Campesina en Chapingo no es nueva.

La organización habría buscado durante años influir en la elección de autoridades universitarias, pero, según los testimonios recogidos, anteriormente distintos grupos de la comunidad habían impedido que alcanzara un dominio tan amplio.

Los opositores ubican un punto de inflexión en 2022, cuando personas vinculadas con Antorcha Campesina habrían impulsado la llegada de Ángel Garduño García a la rectoría, después de la destitución de José Solís Ramírez y de una etapa marcada por conflictos y paros dentro de la institución.

Desde entonces, aseguran, el grupo habría incrementado su presencia en los órganos encargados de tomar decisiones.

Los críticos de la administración describen la situación como un “secuestro” de la Universidad Autónoma Chapingo y sostienen que la institución habría dejado de concentrarse exclusivamente en sus objetivos académicos para convertirse, en algunas áreas, en un espacio para construir estructuras políticas.

Denuncian cambios en estatutos y estructura universitaria

Uno de los principales reclamos de los sectores inconformes tiene que ver con modificaciones a los estatutos, reglamentos y estructura administrativa de la universidad.

Los profesores consultados sostienen que se han creado o transformado áreas que, según su interpretación, no tendrían reconocimiento dentro de la estructura institucional original.

Entre los cambios mencionados está la transformación de la Abogacía General en una jefatura jurídica, mientras que la Dirección de Centros Regionales habría desaparecido para incorporarse a la Dirección General de Investigación y Posgrado.

También se señala la creación de subdirecciones que, según los denunciantes, no estarían contempladas originalmente en la estructura de la UACh.

Otro punto de conflicto es el reglamento institucional para el ingreso y permanencia del personal académico.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (Stauach) manifestó su rechazo al documento y advirtió que podría afectar la estabilidad laboral de los profesores.

El sindicato sostiene que el reglamento mantiene esquemas de contratación temporal y no define con claridad las condiciones para obtener una plaza por tiempo indeterminado, situación que, desde su perspectiva, podría terminar debilitando la estabilidad de los trabajadores académicos.

Más de 200 “asesores”, otro de los señalamientos

Entre las acusaciones formuladas por integrantes de la comunidad también aparece la contratación de más de 200 asesores, quienes, según los denunciantes, habrían ingresado mediante mecanismos que no respetaron los requisitos académicos y administrativos establecidos.

Los opositores aseguran además que entre las personas contratadas habría integrantes o simpatizantes de Antorcha Campesina.

La acusación, de ser acreditada por las autoridades correspondientes, abriría otro frente de revisión sobre la forma en que la administración universitaria ha utilizado sus recursos y contratado personal.

Por ahora, se trata de señalamientos de integrantes de la comunidad que deberán ser confrontados con la documentación administrativa y, en su caso, con las investigaciones de las autoridades fiscalizadoras.

Acusan presión contra investigadores y docentes

La disputa no se limita a los órganos de gobierno.

Profesores e investigadores también denuncian un deterioro en las condiciones para realizar actividades académicas y científicas.

Según los inconformes, durante la actual administración se han endurecido los requisitos para registrar proyectos de investigación y disminuido algunos apoyos, mientras que los pagos relacionados con estas actividades pueden retrasarse.

Los docentes aseguran que en algunos casos terminan utilizando recursos propios para mantener sus investigaciones mientras esperan el reembolso correspondiente.

También denuncian problemas para cubrir todas las materias al inicio de los semestres debido a la falta de profesores, situación que habría obligado a algunos académicos a asumir grupos adicionales.

Los críticos de la administración consideran que este escenario puede terminar afectando directamente a los estudiantes y la calidad educativa de una institución considerada estratégica para la formación de profesionales del sector agropecuario.

Señalan presunta cooptación de estudiantes

Otro de los señalamientos más delicados se refiere a la relación entre la organización política y los estudiantes.

Los opositores aseguran que existirían mecanismos para acercar a jóvenes a la estructura antorchista mediante apoyos, regalos, actividades recreativas, viajes y equipos tecnológicos.

También afirman que estudiantes con dificultades económicas o problemas académicos habrían recibido ayuda para resolver determinadas situaciones a cambio de integrarse a actividades del grupo.

Estas acusaciones son especialmente relevantes porque, de comprobarse, implicarían una utilización de recursos o estructuras universitarias para fines ajenos a la formación académica.

Los denunciantes también aseguran que existirían grupos dedicados a atacar en redes sociales a profesores y trabajadores críticos de la administración mediante perfiles falsos y publicaciones difamatorias.

Temen que Antorcha Campesina busque perpetuarse en la rectoría

Dentro de la Universidad Autónoma Chapingo también existe preocupación por el próximo proceso de renovación de la rectoría.

Los profesores inconformes sostienen que Antorcha Campesina buscaría mantener el control de la institución mediante la eventual reelección de Garduño García o mediante el respaldo a un candidato cercano a la organización.

Por ello, solicitan que las autoridades federales presten atención a lo que ocurre en Chapingo y realicen una revisión de su estructura administrativa y financiera.

La petición incluye una auditoría integral que permita determinar si los recursos públicos han sido utilizados conforme a la normatividad.

La ASF detecta posibles irregularidades por más de 51 millones

Uno de los elementos que da mayor peso al reclamo de una revisión financiera son los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

De acuerdo con los datos proporcionados, la ASF presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de la Universidad Autónoma Chapingo por 51 millones 138 mil 657 pesos, derivado de pagos que consideró improcedentes.

El monto se relaciona con diferentes conceptos.

Entre ellos se encuentran 8 millones 416 mil 469 pesos en sueldos pagados a 595 empleados por encima de los montos establecidos en el tabulador autorizado.

También se observaron 40 millones 625 mil 511 pesos correspondientes a compensaciones garantizadas otorgadas a 170 empleados, además de pagos superiores a los tabuladores por concepto de despensa, renta, transporte y útiles escolares.

La fiscalización también identificó un millón 655 mil 889 pesos pagados a 97 trabajadores después de su fecha de baja, así como recursos correspondientes a trabajadores que no habrían tenido descuentos por inasistencias o que no registraron debidamente su asistencia.

La ASF señaló que estos recursos deberán ser aclarados o, en su caso, reintegrados conforme a los procedimientos correspondientes.

El rector Ángel Garduño también enfrenta cuestionamientos

La administración de Ángel Garduño García ha sido objeto de otros cuestionamientos.

Los inconformes han señalado, entre otros asuntos, el uso de recursos universitarios relacionados con su defensa jurídica en un proceso judicial.

El rector enfrentó una causa penal en la que fue acusado de violación agravada contra una alumna de la Universidad Autónoma Chapingo. De acuerdo con la información proporcionada, en febrero pasado un juez determinó una sentencia absolutoria, aunque posteriormente la defensa de la denunciante interpuso una apelación.

El caso fue remitido a otra instancia judicial y permanece bajo revisión.

La existencia de este proceso tampoco implica que Garduño García haya sido declarado responsable del delito, pues el procedimiento judicial ha tenido distintas etapas y recursos.

¿Qué está en juego en la Universidad Chapingo?

La disputa va más allá de una confrontación política interna.

La Universidad Autónoma Chapingo es una institución pública especializada en educación agrícola y cuenta con una presencia histórica en la formación de profesionales vinculados con el campo mexicano.

Por ello, los académicos inconformes consideran que cualquier disputa por el control político de la institución puede terminar afectando su principal función: la enseñanza, la investigación y la formación de especialistas para el sector agropecuario.

El temor expresado por algunos profesores es que los cambios administrativos y políticos terminen debilitando áreas de investigación, reduciendo apoyos y modificando programas académicos de acuerdo con intereses externos a la comunidad universitaria.

También han advertido sobre la posibilidad de que algunas sedes regionales pierdan relevancia o incluso desaparezcan.

Chapingo, entre la disputa política y la exigencia de transparencia

El conflicto en la Universidad Autónoma Chapingo coloca nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la autonomía universitaria, la participación de organizaciones políticas en instituciones públicas y la obligación de garantizar transparencia en el uso de recursos federales.

Las acusaciones contra Antorcha Campesina y la administración de Garduño García provienen principalmente de sectores inconformes de la comunidad universitaria, por lo que deberán ser investigadas y sustentadas ante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, las observaciones de la ASF representan un asunto distinto y documentado dentro del proceso de fiscalización de recursos públicos, cuya aclaración corresponde a la propia universidad y a las autoridades fiscalizadoras.

El reclamo central de los opositores es que las autoridades federales revisen a fondo qué ocurre en Chapingo, tanto en materia financiera como administrativa y académica.

La universidad, sostienen, no debería convertirse en un espacio de disputa por el control político, sino mantenerse enfocada en la formación de profesionistas, la investigación científica y la atención de los problemas del campo mexicano.