Ni todos tienen internet ni todos tienen banco: las dudas detrás de la nueva ley de pagos
El Senado aprobó la Ley de Economía Digital: Hacienda podrá imponer pagos digitales en ciertos sectores, pese a alertas por exclusión y fiscalización.
Por Mario Victorino
El Senado aprobó la Ley de Economía Digital para impulsar los pagos con códigos QR, tarjetas y transferencias, pero la facultad de Hacienda para imponer medios electrónicos en determinados sectores encendió las alertas por fiscalización, exclusión financiera y falta de contrapesos.
La reforma busca reducir el uso de efectivo y ampliar el acceso a los servicios financieros mediante herramientas digitales. Sin embargo, el debate legislativo dejó una pregunta central: ¿qué ocurrirá con las personas que no tienen internet, carecen de una cuenta bancaria o trabajan en la economía informal?
El dictamen fue aprobado con 73 votos a favor y 34 en contra y remitido al Ejecutivo federal para los efectos correspondientes.
Hacienda podrá imponer pagos digitales en sectores estratégicos
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva Ley de Economía Digital es la facultad que se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos o actividades relevantes en los que los pagos digitales serán la única modalidad permitida.
La dependencia tendrá un plazo de 15 días hábiles para definir esos sectores, una atribución que provocó cuestionamientos tanto de la oposición como del senador morenista Francisco Ricardo Sheffield Padilla.
La priista Carolina Viggiano Austria criticó que la decisión quede en manos de Hacienda y acusó a la dependencia de actuar con autoritarismo.
“No puede ser que le demos esta facultad a Hacienda”, sostuvo la legisladora, quien también cuestionó que la dependencia tenga amplias atribuciones sin aceptar modificaciones a sus decisiones.
Desde Morena, Sheffield advirtió sobre los riesgos de concentrar esa facultad sin establecer mecanismos suficientes de revisión y contrapesos.
“Me parece un instrumento muy peligroso, para que no tenga un punto de chequeo, un punto de revisión, una contraparte de fondo y qué mejor que el Banco de México”, afirmó.
El senador confirmó que votó contra el dictamen, una postura que exhibió diferencias dentro del bloque oficialista sobre los alcances de la reforma.
Pagos con QR, transferencias y tarjetas: qué cambiará
La legislación pretende facilitar las transacciones electrónicas y ampliar el uso de medios de pago distintos al efectivo. Para ello, contempla que las terminales punto de venta que actualmente aceptan tarjetas puedan procesar también pagos mediante códigos QR.
Asimismo, prevé que el Banco de México emita disposiciones para homologar el funcionamiento de las aplicaciones financieras, con la intención de facilitar las operaciones entre plataformas.
Otro cambio consiste en establecer que las instituciones financieras acepten la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos válidos de confianza para contratar servicios de manera remota.
Los promotores de la reforma sostienen que estas medidas pueden reducir trámites, facilitar las operaciones comerciales y ayudar a que más personas accedan a servicios financieros.
El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió el proyecto al señalar que la digitalización debe beneficiar también a los pequeños negocios y a quienes enfrentan obstáculos para participar en la economía formal.
El legislador reconoció, sin embargo, que digitalizar las operaciones no elimina por sí solo las desigualdades económicas.
Por su parte, Emmanuel Reyes Carmona afirmó que los pagos electrónicos pueden reducir costos y permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas construyan historiales de transacciones que faciliten el acceso al crédito formal.
Sin internet ni cuenta bancaria: el riesgo de excluir a millones
La posibilidad de convertir los pagos digitales en una obligación generó cuestionamientos sobre la capacidad de la población para cumplir con las nuevas disposiciones.
La senadora priista Claudia Edith Anaya advirtió que las brechas de conectividad, la falta de bancarización y la informalidad representan obstáculos para una transición generalizada hacia los medios electrónicos.
Durante el debate, citó cifras sobre personas que no utilizan internet, adultos mayores sin cuentas bancarias y trabajadores del campo que permanecen desconectados.
Su cuestionamiento apunta a un problema práctico: si un establecimiento o una actividad económica queda obligada a operar exclusivamente con medios digitales, las personas sin conexión, dispositivos adecuados o acceso a servicios financieros podrían enfrentar nuevas barreras para realizar compras y pagos.
La digitalización puede facilitar operaciones para quienes cuentan con infraestructura tecnológica, pero no garantiza que todas las personas tengan las mismas condiciones para utilizarla.
Por eso, uno de los principales desafíos será determinar cómo se aplicarán las obligaciones y qué alternativas tendrán quienes se encuentren fuera del sistema financiero o carezcan de conectividad.
Oposición alerta por una posible mayor fiscalización
Otro de los argumentos contra la reforma fue el riesgo de que la expansión de los pagos electrónicos facilite la vigilancia de las operaciones económicas, particularmente entre quienes trabajan en la informalidad.
El senador panista Francisco Javier Ramírez Acuña advirtió sobre la posibilidad de que las nuevas herramientas se utilicen para ampliar la fiscalización de personas y contribuyentes que actualmente realizan transacciones en efectivo.
La preocupación se relaciona con el alcance que tendrá la información generada por los pagos digitales y con la manera en que las autoridades podrán utilizarla conforme a las disposiciones aplicables.
No obstante, la aprobación de la ley no significa, por sí misma, que todas las operaciones de la economía informal quedarán automáticamente sujetas a nuevas obligaciones fiscales. El alcance dependerá de las reglas que se emitan y de las facultades legales aplicables.
La discusión también plantea la necesidad de establecer límites claros sobre el tratamiento de los datos financieros, la protección de la información personal y los mecanismos para revisar las decisiones de las autoridades.
¿Se eliminará el efectivo en México?
La reforma busca reducir la dependencia del dinero físico, pero contempla excepciones para situaciones en las que los sistemas electrónicos no funcionen.
De acuerdo con el dictamen, cuando se presenten contingencias técnicas o interrupciones de los sistemas de pago, los establecimientos deberán aceptar efectivo o cheque.
Esta salvaguarda reconoce que las operaciones digitales también pueden verse afectadas por fallas de conexión, problemas técnicos o interrupciones en los servicios financieros.
Sin embargo, permanece la incertidumbre sobre los sectores que Hacienda clasificará como estratégicos, las condiciones para imponer pagos exclusivamente digitales y los mecanismos que permitirán supervisar esa decisión.
El debate, por tanto, va más allá de modernizar los métodos de pago. También involucra el acceso a servicios financieros, la autonomía de los usuarios, la protección de datos y el alcance de las atribuciones gubernamentales.
La Ley de Economía Digital fue aprobada con 73 votos a favor y 34 en contra. Su aplicación dependerá de las disposiciones correspondientes y de cómo se definan las actividades en las que el efectivo dejaría de ser una opción ordinaria de pago.