Renuncias en bloque sacuden al INE: investigarán posibles irregularidades antes de pagar finiquitos
Doce funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei renunciaron al INE; el OIC revisará posibles investigaciones antes de determinar sus finiquitos.
Por Mario Victorino
La crisis administrativa en el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo capítulo con la renuncia de 12 funcionarios de confianza adscritos a la oficina de la Presidencia, quienes trabajaban bajo la gestión de Guadalupe Taddei Zavala. La nueva presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García, informó que cada salida será revisada para determinar si existen investigaciones o procedimientos administrativos pendientes.
Las renuncias se suman a las de tres funcionarios que dejaron sus cargos previamente, en medio de la revisión de la estructura administrativa y de los señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro del instituto.
Cruz García explicó que las consejerías acordaron dar vista al Órgano Interno de Control (OIC) para conocer si alguno de los funcionarios que dejaron sus puestos está involucrado en auditorías o procedimientos en curso. Con base en esa información, se determinará el trámite que corresponda para el pago de sus finiquitos.
Carlos Daniel Luna Rosas, entre los funcionarios que renunciaron
Entre las salidas se encuentra la de Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de Oficina de Guadalupe Taddei.
Luna Rosas había trabajado como asesor de representantes de Morena ante el Consejo General del INE antes de incorporarse directamente a la oficina de la entonces consejera presidenta. Su trayectoria y su cercanía con Taddei lo colocaron en el centro de cuestionamientos durante una sesión reciente del Consejo General.
También se han señalado presuntos vínculos personales dentro de las contrataciones de la institución, incluido el señalamiento de que su pareja obtuvo un puesto en el INE. Estas afirmaciones deberán distinguirse de cualquier irregularidad que, en su caso, sea acreditada por las instancias competentes.
Blanca Cruz confirmó que el exjefe de Oficina presentó formalmente su renuncia y precisó que el número de salidas podría aumentar conforme avance la revisión administrativa.
El OIC determinará si existen investigaciones pendientes
La presidenta provisional señaló que las renuncias, tanto voluntarias como las que eventualmente se soliciten, deberán seguir los procedimientos administrativos correspondientes.
El objetivo es que el Órgano Interno de Control informe si existen investigaciones, auditorías o procedimientos relacionados con los servidores públicos que dejaron sus cargos. Esa revisión permitirá determinar si procede el pago de las prestaciones de salida o si existe algún impedimento legal para cubrirlas mientras se resuelve una investigación.
La medida busca evitar que la conclusión de una relación laboral impida dar seguimiento a posibles responsabilidades administrativas.
Sin embargo, la existencia de una auditoría o una investigación no implica por sí misma que una persona haya cometido una falta. Cualquier determinación deberá sustentarse en los expedientes y en las disposiciones legales aplicables.
La nueva presidencia revisará la estructura administrativa
Cruz García explicó que las consejerías acordaron evaluar de manera colegiada a las personas integrantes de la Junta General Ejecutiva y a las y los titulares de las unidades técnicas antes de tomar decisiones sobre su permanencia.
La revisión forma parte de las medidas adoptadas después de la salida de Guadalupe Taddei y de los cuestionamientos sobre la estructura administrativa del organismo electoral.
La nueva presidenta provisional sostuvo que su gestión no concentrará las decisiones relevantes en una sola persona. Afirmó que los asuntos de importancia serán analizados y acordados por las consejerías, con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.
También señaló que no ejercerá las facultades extraordinarias asociadas a la Presidencia del INE, por lo que buscará que las decisiones institucionales se adopten mediante acuerdos colegiados.
No habrá despidos masivos, asegura Blanca Cruz
La presidenta provisional descartó que las renuncias vayan a convertirse en una salida masiva de trabajadores del instituto.
Explicó que las consejerías acordaron distinguir entre el personal de confianza, cuya permanencia será evaluada, y los trabajadores operativos con años de antigüedad en el INE.
La revisión se concentrará en los puestos directivos y en la estructura de confianza vinculada con la Presidencia, sin asumir que el personal operativo debe dejar sus funciones por haber trabajado durante la administración anterior.
La distinción, sostuvo, busca preservar la experiencia acumulada por los trabajadores y evitar que los cambios en la dirección del organismo afecten las tareas cotidianas.
El INE enfrenta la revisión antes del proceso electoral de 2027
Los cambios administrativos ocurren mientras el instituto se prepara para el Proceso Electoral Federal 2026-2027, que exigirá coordinación operativa, organización territorial y cumplimiento de los calendarios legales.
Cruz García aseguró que las renuncias y la revisión de la estructura no afectarán la organización electoral. Sostuvo que el INE mantiene su capacidad institucional y que las actividades necesarias para el próximo proceso continuarán conforme a lo previsto.
La prioridad, indicó, es atender los señalamientos de presuntas irregularidades sin comprometer la operación del organismo encargado de organizar las elecciones federales.
La salida de 12 funcionarios cercanos a Taddei, sumada a las tres renuncias anteriores, representa un ajuste relevante en la estructura de la Presidencia. El alcance de las investigaciones y las decisiones sobre los finiquitos dependerán ahora de la información que entregue el Órgano Interno de Control y de los procedimientos que correspondan.
Por el momento, las renuncias no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad administrativa. La revisión institucional deberá establecer si existen elementos para iniciar, continuar o concluir procedimientos contra alguno de los funcionarios involucrados.