El Bart y el intento de asesinato a Ciro Gómez Leyva
El atentado contra Ciro Gómez Leyva marcó un punto crítico en la violencia contra periodistas en México. Conoce quién es El Bart, cómo se planeó el ataque y los avances judiciales en este caso clave.

Por Mario Victorino
El intento de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022, se convirtió en uno de los episodios más alarmantes para la libertad de prensa en México. A casi tres años del atentado, el caso ha tomado un giro definitivo con la sentencia de los principales responsables, entre ellos Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias El Bart, quien fue identificado como el autor material del ataque.
La noche del 15 de diciembre de 2022, mientras Gómez Leyva se dirigía a su domicilio tras su noticiario nocturno, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta. Uno de ellos abrió fuego contra el vehículo del periodista, el cual resistió los impactos gracias a su blindaje. Aunque salió ileso, el ataque representó una amenaza directa no solo contra su vida, sino contra el periodismo nacional.
Las investigaciones posteriores revelaron la existencia de una célula criminal integrada por al menos 14 personas, de las cuales siete ya enfrentan sentencias condenatorias. El Bart fue condenado a 14 años de prisión por su participación directa como tirador, mientras que Pedro Gómez Jaramillo, alias Pool, recibió 12 años por bloquear el paso del vehículo.
Ambos aceptaron su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado. Según sus declaraciones ante la autoridad, habrían actuado bajo órdenes de un hombre identificado como Armando Escárcega, alias El Patrón, quien supuestamente recibió instrucciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Afirmaron haber sido entrenados previamente en estados como Jalisco y Colima, donde se les instruyó en tácticas paramilitares.
Sin embargo, persisten dudas sobre la veracidad de este supuesto vínculo con el CJNG. Algunos analistas sugieren que podría tratarse de una estrategia de defensa para reducir condenas o desviar la atención de los verdaderos autores intelectuales. A la fecha, no se ha logrado confirmar plenamente si el cártel participó o si se trata de una narrativa construida para el proceso judicial.
En entrevistas recientes desde prisión, El Bart ha causado polémica por la frialdad con la que habla de sus crímenes. Afirma haber asesinado a más de 20 personas sin remordimientos, señalando que lo hizo por dinero. En su testimonio, describió su ingreso al mundo del sicariato como una forma de supervivencia, marcada por la pobreza y la marginalidad. La entrevista ha generado fuertes reacciones en redes sociales y medios, pues exhibe de manera descarnada la deshumanización de quienes se integran al crimen organizado.
La respuesta institucional no se ha hecho esperar. Aunque en un principio el caso estuvo bajo investigación de la Fiscalía capitalina, en septiembre de 2023 fue transferido a la Fiscalía General de la República (FGR), que asumió el expediente ante la lentitud y opacidad de las autoridades locales. Desde entonces, el proceso ha tomado mayor ritmo, con más detenciones y avances judiciales.
El atentado contra Ciro Gómez Leyva se ha convertido en un emblema de la vulnerabilidad que enfrentan los periodistas en México. El país ha sido señalado de forma recurrente como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, y casos como este no solo confirman esa percepción, sino que subrayan la necesidad de políticas públicas efectivas para proteger a quienes ejercen esta labor fundamental.
A pesar de los avances en el proceso judicial, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó el ataque? ¿Cuál fue la verdadera motivación detrás de este intento de homicidio? ¿Se trató de un encargo político, criminal o personal? Mientras estas interrogantes persistan, el caso seguirá abierto en la conciencia pública.
Por lo pronto, la sentencia contra El Bart representa un paso importante hacia la justicia. Aunque no resuelve todas las aristas del caso, envía un mensaje claro: los ataques contra periodistas no quedarán impunes. La sociedad civil, los medios y las autoridades están obligados a seguir vigilantes.