Seguridad sin intervención: Sheinbaum reafirma límites a agencias extranjeras en México
El gobierno mexicano reafirma que ninguna agencia extranjera puede operar en territorio nacional. La seguridad es responsabilidad exclusiva del Estado, y cualquier colaboración internacional se limita al intercambio de información bajo supervisión institucional.
Por Mario Victorino
El gobierno federal reafirmó su postura de no permitir operativos de seguridad por parte de agentes extranjeros en territorio mexicano. La administración actual considera que la seguridad nacional debe ser gestionada exclusivamente por instituciones mexicanas, sin injerencias externas.
Esta posición se fortalece en medio de tensiones diplomáticas con agencias estadounidenses, particularmente tras la difusión de iniciativas unilaterales como el “Proyecto Portero”, anunciado por la DEA. El gobierno mexicano ha negado la existencia de acuerdos que autoricen acciones operativas de agencias extranjeras en el país.
Marco legal y antecedentes institucionales
La delimitación de funciones extranjeras en materia de seguridad se sustenta en reformas constitucionales y en la Ley de Seguridad Nacional. Estas normativas establecen que los agentes extranjeros pueden estar presentes en México únicamente para labores de enlace e intercambio de información, bajo supervisión del Estado.
El marco legal vigente prohíbe la intervención directa en investigaciones, persecuciones o acciones operativas sin autorización expresa. Esta política se consolidó tras episodios diplomáticos previos, como la detención del general Salvador Cienfuegos, que evidenciaron los riesgos de una cooperación asimétrica.
Redefinición de la cooperación bilateral
México y Estados Unidos trabajan en la construcción de un nuevo acuerdo de seguridad que priorice el respeto mutuo y la coordinación institucional. Este nuevo marco busca superar prácticas del pasado en las que agencias extranjeras operaban con autonomía dentro del territorio mexicano.
La estrategia del gobierno mexicano apunta a fortalecer la soberanía, garantizar el control institucional sobre la seguridad pública y evitar que intereses externos interfieran en decisiones estratégicas. La cooperación internacional continuará, pero bajo reglas claras que aseguren la primacía del Estado mexicano en la conducción de sus políticas de seguridad.