De Lord Molécula a Loret de Mola: las acusaciones de “chayote” que sacuden al periodismo

Por Mario Victorino

En México, el debate sobre los llamados periodistas chayoteros alcanza tanto a comunicadores críticos de la llamada Cuarta Transformación como a periodistas, caricaturistas y creadores de contenido identificados con Morena o con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los nombres que han aparecido en distintas controversias están Carmen Aristegui, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Azucena Uresti, Carlos Pozos —conocido como Lord Molécula—, Ignacio Rodríguez, de El Chapucero, y el medio satírico El Chamuco.

Pero no todos los casos tienen el mismo sustento. Algunos involucran acusaciones políticas o ataques en redes sociales; otros, registros de contratos de publicidad oficial. Ninguno de esos elementos, por sí solo, demuestra que una persona haya recibido sobornos para modificar su cobertura periodística.

¿Qué significa ser “chayotero” en el periodismo mexicano?

En el lenguaje político y periodístico de México, chayotero es una expresión despectiva para describir a un comunicador al que se acusa de recibir dinero, regalos, contratos o beneficios a cambio de publicar información favorable a un funcionario, partido o gobierno, o de evitar contenidos que puedan perjudicar sus intereses.

El término está relacionado con una práctica histórica de subordinación de algunos medios al poder político mediante convenios publicitarios, pagos y otras formas de apoyo económico. Sin embargo, su uso actual también se ha convertido en un arma de confrontación: con frecuencia se utiliza para descalificar a periodistas que cuestionan a un gobierno o mantienen una postura política contraria.

Por eso, llamar chayotero a un comunicador no demuestra que haya recibido dinero de manera irregular. Para sostener una acusación de corrupción periodística se necesitan pruebas verificables, como contratos, transferencias, comunicaciones o evidencias de que un beneficio estuvo condicionado a una línea editorial.

Carmen Aristegui: controversias sobre publicidad e independencia editorial

La periodista Carmen Aristegui ha protagonizado controversias relacionadas con la publicidad oficial, la independencia de los medios y sus investigaciones sobre presuntos conflictos de interés.

Su trayectoria incluye trabajos periodísticos que han incomodado a gobiernos de distintos partidos, además de enfrentamientos públicos con actores políticos y empresariales. Las discusiones sobre el financiamiento de los medios y sus relaciones con anunciantes han alimentado cuestionamientos sobre la independencia editorial.

Sin embargo, para afirmar que Aristegui recibió pagos ilícitos a cambio de favorecer a un gobierno sería necesario acreditar ese intercambio. Las críticas a su trabajo, los desacuerdos con sus posturas o la existencia de relaciones comerciales de un medio no constituyen, por sí solos, pruebas de sobornos.

El caso muestra la importancia de distinguir entre cuestionar legítimamente la independencia de una periodista y presentar como un hecho una acusación que no ha sido demostrada.

Joaquín López-Dóriga: el debate sobre publicidad oficial y línea editorial

El conductor Joaquín López-Dóriga también ha sido blanco de señalamientos y descalificaciones políticas relacionadas con la cercanía histórica entre grandes medios de comunicación y el poder público.

Las críticas se han centrado en el papel de la televisión y la radio durante gobiernos anteriores, en el peso de la publicidad oficial y en la manera en que determinados medios cubren a funcionarios y partidos.

No obstante, es necesario distinguir entre los contratos publicitarios de una empresa de comunicación, los ingresos personales de un periodista y la existencia de un acuerdo para favorecer políticamente a alguien. Son asuntos diferentes y requieren pruebas específicas.

La publicidad gubernamental puede ser legítima si se asigna conforme a criterios transparentes. El problema aparece cuando se utiliza para premiar coberturas favorables, castigar investigaciones críticas o mantener relaciones opacas entre autoridades y medios.

Carlos Loret de Mola: críticas desde el oficialismo

Carlos Loret de Mola se ha convertido en uno de los periodistas más confrontados por López Obrador y sus simpatizantes, particularmente por sus investigaciones y publicaciones críticas sobre integrantes de la llamada Cuarta Transformación.

Desde el oficialismo y sus bases digitales se le ha acusado de actuar políticamente contra Morena. En sentido contrario, sus defensores sostienen que sus investigaciones forman parte del escrutinio al poder y que las descalificaciones buscan desacreditar su trabajo.

La discusión sobre sus intereses, sus fuentes de financiamiento o sus relaciones empresariales puede formar parte del debate público, siempre que se sustente en información comprobable. Sin embargo, criticar al gobierno no demuestra que un periodista sea independiente, del mismo modo que mantener una postura contraria a Morena tampoco prueba que reciba dinero de la oposición.

Para establecer un caso de chayote se tendría que demostrar un beneficio indebido vinculado con una cobertura o una decisión editorial concreta.

Ciro Gómez Leyva: confrontación política y acusaciones de parcialidad

Ciro Gómez Leyva también ha sido objeto de acusaciones de parcialidad por parte de simpatizantes de Morena y de críticos que cuestionan el enfoque de sus espacios informativos.

Las controversias en torno a sus comentarios, entrevistas y análisis suelen reflejar la polarización política del país. Para algunos sectores, sus intervenciones representan críticas legítimas al gobierno; para otros, favorecen determinadas narrativas opositoras.

Pero una postura editorial, incluso si resulta cuestionable o abiertamente crítica, no demuestra por sí misma que exista un pago irregular. Para sostener que un periodista es chayotero debe acreditarse una relación económica indebida y, en su caso, su conexión con decisiones editoriales.

La misma exigencia de pruebas debe aplicarse a comunicadores de todos los signos políticos.

Azucena Uresti: ataques en redes y especulaciones sobre su salida de Milenio

La periodista Azucena Uresti ha sido señalada de manera recurrente en redes sociales, en particular por cuentas identificadas con el movimiento obradorista.

En agosto de 2021, después de que se difundiera una amenaza atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación contra la periodista, usuarios y cuentas afines al entonces presidente López Obrador la acusaron de fabricar un montaje e incluso de tener supuestos vínculos económicos con grupos criminales. Esos señalamientos circularon sin que se presentaran públicamente pruebas que acreditaran tales acusaciones.

En enero de 2024, Uresti anunció su salida de Milenio, donde había trabajado durante dos décadas. La decisión provocó especulaciones sobre presiones o censura debido al contexto político, aunque no quedó demostrado que su salida hubiera sido ordenada por el gobierno federal.

López Obrador negó haber solicitado a los propietarios de medios que censuraran periodistas y pidió que se explicaran las circunstancias del caso.

El episodio muestra cómo la etiqueta de chayotera puede utilizarse como arma política contra periodistas con posiciones críticas, sin que necesariamente existan evidencias de pagos ilegales. Las acusaciones contra Uresti no deben confundirse con hechos probados.

Lord Molécula: contratos de publicidad oficial

Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula, ganó notoriedad por sus preguntas durante las conferencias matutinas de López Obrador y por su presencia en el entorno mediático del entonces presidente.

Una investigación periodística basada en registros de transparencia reportó que el canal Lord Molécula Oficial facturó 46 mil 400 pesos a la Cámara de Diputados por dos cintillos publicitarios. También registró un pago de 34 mil 800 pesos del Senado por tres espacios publicitarios.

Los datos documentan ingresos por publicidad oficial. No demuestran, por sí mismos, que el dinero se haya entregado a cambio de preguntas favorables, cobertura sesgada o propaganda política encubierta.

La controversia plantea una pregunta relevante: ¿qué criterios utilizan las instituciones públicas para contratar publicidad con medios digitales, canales de YouTube y comunicadores independientes?

La respuesta debería encontrarse en contratos accesibles, criterios de asignación claros y mecanismos de rendición de cuentas.

El Chapucero: controversias electorales y un contrato publicitario

Ignacio Rodríguez, conocido como El Chapucero, es un creador de contenido identificado públicamente con López Obrador y con posiciones favorables a Morena.

Su actividad ha generado controversias electorales. En 2021, el PRD presentó una queja relacionada con publicaciones presuntamente favorables a Morena durante el periodo de veda electoral. El expediente judicial registró la disputa sobre la existencia y valoración de esos mensajes, pero no equivale a una resolución que haya demostrado que Rodríguez recibió dinero a cambio de propaganda.

Otra controversia surgió en 2026, cuando reportes periodísticos señalaron que Grupo Hojas Políticas de Comunicación, empresa vinculada en esas publicaciones con su entorno familiar, recibió un contrato de publicidad de Lotería Nacional por un millón de pesos, IVA incluido.

El contrato reportado corresponde a servicios publicitarios. No prueba que el dinero haya sido entregado personalmente a Rodríguez ni que se haya condicionado a una línea editorial favorable.

Para determinar si existió alguna irregularidad sería necesario revisar el objeto del contrato, los servicios efectivamente prestados, los criterios de adjudicación y cualquier evidencia de un posible intercambio indebido.

Oro Sólido: contratos de publicidad para un portal afín al oficialismo

Oro Sólido, un portal asociado en reportes periodísticos con Nancy Rodríguez, también apareció en la discusión sobre publicidad oficial destinada a proyectos de comunicación con contenidos favorables al gobierno de López Obrador.

Una investigación publicada en 2021 reportó contratos de publicidad oficial para una empresa relacionada con el proyecto, incluidos convenios con dependencias federales y las cámaras del Congreso. El monto acumulado entre 2018 y 2021 se estimó en una cantidad cercana al millón de pesos.

La existencia de estos contratos permite examinar cómo se distribuyó la publicidad institucional y qué servicios se contrataron. Sin embargo, no acredita automáticamente que el medio o sus integrantes recibieran dinero a cambio de apoyar a Morena.

La cuestión central es si los recursos se asignaron bajo reglas transparentes y si los servicios contratados correspondieron a los pagos. Para determinarlo se necesitan los expedientes y las condiciones específicas de cada convenio.

El Chamuco: contratos públicos por más de seis millones de pesos

El medio satírico El Chamuco también apareció en reportes sobre publicidad oficial destinada a proyectos de comunicación identificados con posiciones cercanas al gobierno.

Una investigación publicada en 2022 reportó que la empresa Caricaturas, Internet, Animaciones y Revistas acumulaba 22 contratos publicitarios con dependencias federales y autoridades de la Ciudad de México, por un monto conjunto de aproximadamente 6.48 millones de pesos.

Entre las instituciones mencionadas estaban el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud.

El dato documenta contratos públicos reportados por la investigación, pero no prueba que se hayan otorgado a cambio de modificar contenidos, suavizar críticas o respaldar decisiones gubernamentales.

La publicidad oficial destinada a medios satíricos o críticos no es irregular por definición. El escrutinio debe centrarse en la transparencia de los convenios, la justificación de la contratación, la entrega de los servicios y la existencia de posibles condicionamientos editoriales.

¿Los comunicadores afines a Morena también pueden ser señalados de recibir “chayote”?

Sí. El término no debería aplicarse únicamente a periodistas críticos de Morena o cercanos a partidos opositores. La discusión sobre la independencia editorial debe incluir a comunicadores, youtubers, portales y comentaristas vinculados con cualquier fuerza política.

En los últimos años, los creadores de contenido digital han ganado presencia en la conversación pública. Algunos han recibido publicidad institucional, mientras otros participan abiertamente en la defensa de proyectos políticos o en la confrontación con sus adversarios.

Pero ser simpatizante de Morena, del PRI, del PAN o de cualquier otro partido no convierte automáticamente a alguien en chayotero. Tampoco lo hace recibir publicidad oficial, siempre que exista una contratación legítima y transparente.

Lo que sí merece investigación es el posible uso de recursos públicos para financiar propaganda presentada como información independiente, premiar a comunicadores por su respaldo político o excluir deliberadamente a medios críticos.

Para sostener esas conclusiones se requieren documentos y pruebas, no únicamente afinidades ideológicas.

Publicidad oficial, propaganda y sobornos: diferencias fundamentales

Buena parte de la discusión sobre los llamados chayoteros se complica porque se mezclan prácticas diferentes.

La publicidad oficial consiste en contratar espacios para difundir campañas o información institucional. Su existencia no implica necesariamente una irregularidad, aunque debe sujetarse a criterios transparentes y verificables.

La propaganda política busca promover una figura, partido o proyecto. Puede difundirse abiertamente, pero el problema surge cuando se presenta de manera engañosa como periodismo independiente o se oculta quién financia el mensaje.

El soborno o pago indebido implica un intercambio ilícito de beneficios. Para demostrarlo no basta con encontrar un contrato de publicidad o comprobar que un comunicador comparte opiniones favorables a un gobierno: debe acreditarse la conducta irregular correspondiente.

Esta distinción es indispensable para evaluar tanto a los periodistas críticos del oficialismo como a los creadores de contenido que respaldan a Morena. Si se exige transparencia a unos, debe exigirse a todos.

El problema de fondo: quién financia a los medios y bajo qué condiciones

La publicidad gubernamental puede convertirse en una herramienta de presión cuando las autoridades asignan recursos sin reglas claras, premian a medios cercanos y retiran contratos a quienes publican investigaciones incómodas. También puede generar conflictos de interés cuando los ingresos de un proyecto dependen de instituciones sobre las que sus contenidos deberían ejercer escrutinio.

En el entorno digital, la discusión se ha ampliado porque canales de YouTube, portales pequeños y creadores independientes pueden contratar publicidad con dependencias públicas, al igual que los medios tradicionales. La transparencia debe abarcar a todos, independientemente de su tamaño, audiencia o posición política.

Los casos de Lord Molécula, El Chapucero, Oro Sólido y El Chamuco muestran que existen contratos publicitarios que pueden investigarse y someterse al escrutinio público. El caso de Azucena Uresti evidencia, por su parte, cómo las acusaciones en redes pueden convertirse en mecanismos de hostigamiento político cuando se presentan como hechos sin pruebas verificables.

En cuanto a Carmen Aristegui, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva, las críticas a sus coberturas o a sus posibles relaciones comerciales también deben analizarse con documentación y criterios consistentes, no mediante etiquetas partidistas.

La pregunta relevante no es qué periodista simpatiza con qué partido, sino si existen pruebas de que recibió un beneficio a cambio de alterar, ocultar o manipular información. Sin esa evidencia, el término chayotero funciona como insulto político, no como una conclusión demostrada.