Se desmorona el equipo de Taddei: 19 funcionarios dejan el INE en medio de investigaciones
INE suma 19 renuncias de funcionarios ligados a Taddei mientras Blanca Cruz analiza posibles denuncias por presunta corrupción y contratos irregulares.
Por Mario Victorino
La crisis interna del Instituto Nacional Electoral (INE) se profundiza tras la salida de 19 funcionarios de mandos altos y medios vinculados con la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, en medio de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos, relaciones con proveedores y una posible red de corrupción dentro del organismo.
Las renuncias comenzaron a multiplicarse después de que se revelaran las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra proveedores del instituto y los presuntos vínculos de uno de ellos con la entonces consejera presidenta.
A este escenario se sumó la salida de Taddei, quien anunció su renuncia el 26 de octubre, lo que desencadenó movimientos en distintas áreas administrativas y operativas del organismo electoral.
De acuerdo con la información disponible, algunos funcionarios habrían recibido solicitudes para dejar sus cargos debido a su cercanía con Taddei y a que sus nombres aparecieron en audios relacionados con el proveedor investigado por las autoridades financieras.
La sucesión de salidas exhibe el alcance de la crisis que enfrenta el INE y coloca bajo presión a la nueva presidencia provisional, encabezada por Blanca Yassahara Cruz García, que ahora debe revisar los expedientes y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
Las renuncias alcanzan a directivos y colaboradores de confianza
Entre los funcionarios que dejaron sus cargos se encuentran Juan Manuel Vázquez, exdirector Jurídico; Pablo Chirinos, exdirector de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE); Iliana Araceli Hernández, excoordinadora de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Achar, exdirector de Informática, y Sergio Uzeta, excoordinador de Comunicación Social.
También figura Alfonso Burciaga, director de Materiales y Suministros de la Dirección Ejecutiva de Administración.
Las salidas se suman a las de tres titulares de áreas cuyas renuncias fueron solicitadas por las consejerías electorales y a las de 12 colaboradores de confianza que estaban adscritos a la oficina de la Presidencia.
Entre estos últimos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien encabezaba la Jefatura de Oficina de la Presidencia y también fue objeto de cuestionamientos durante las sesiones del Consejo General.
La revisión no se limitará a quienes ya abandonaron el organismo. Las consejerías acordaron examinar los perfiles de funcionarios de primer y segundo nivel, incluidos titulares de direcciones ejecutivas, unidades técnicas y áreas administrativas que fueron designados durante la gestión de Taddei.
La presidenta provisional, Blanca Cruz García, ha señalado que las decisiones se tomarán de manera colegiada y que se distinguirá entre el personal de confianza y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral, cuya experiencia y trayectoria deben ser consideradas.
Además, el INE anunció la suspensión de nuevas contrataciones y adjudicaciones mientras se revisan los procedimientos. Los contratos vigentes deberán analizarse para determinar sus condiciones y posibles consecuencias jurídicas.
INE analiza posibles denuncias contra Guadalupe Taddei
Paralelamente a la reconfiguración administrativa, la nueva Presidencia del Consejo General analiza qué acciones legales puede emprender ante las presuntas irregularidades registradas durante la gestión de Taddei.
Después de una reunión de trabajo con las consejerías, Blanca Yassahara Cruz García confirmó que el área jurídica revisa las atribuciones y obligaciones del instituto para determinar si corresponde presentar denuncias penales o administrativas, o informar directamente a las autoridades fiscalizadoras.
La funcionaria aclaró que todavía no existe una determinación definitiva sobre la presentación de querellas contra la exconsejera presidenta. Primero deberán establecerse las responsabilidades institucionales y los alcances legales de las posibles acciones.
«Lo que estamos analizando es un delineado de acciones que tenemos que hacer. No solo cómo atendemos la revisión de los expedientes, cómo atendemos la colaboración con el Órgano Interno de Control, con la Auditoría Superior de la Federación, sino también analizar si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva», explicó.
La revisión contempla la colaboración con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancias que pueden investigar el manejo de recursos públicos, los procedimientos de contratación y las posibles responsabilidades administrativas.
Cruz García también advirtió que el INE no es una autoridad fiscalizadora, por lo que deberá determinar si tiene la obligación de proporcionar información o dar vista a otras instancias para que investiguen los hechos.
La salida de Taddei abre una revisión de su administración
La renuncia de Guadalupe Taddei, presentada el 26 de octubre, abrió un proceso de revisión interna que va más allá de la sustitución de funcionarios.
El Consejo General busca recuperar la toma de decisiones colegiada, revisar los nombramientos realizados durante su administración y examinar los procedimientos de contratación que quedaron bajo cuestionamiento.
Uno de los puntos centrales son los presuntos vínculos entre funcionarios del instituto y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor relacionado con empresas que obtuvieron contratos del organismo electoral.
Las investigaciones y los audios difundidos sobre esas relaciones han colocado bajo sospecha los mecanismos de contratación y la cercanía entre proveedores y funcionarios, aunque las posibles responsabilidades individuales todavía deben acreditarse mediante investigaciones formales.
La crisis representa un desafío para Blanca Cruz García, quien deberá garantizar la continuidad de las actividades del INE mientras se revisa la estructura administrativa y se esclarecen los señalamientos.
El organismo enfrenta así una doble presión: demostrar que puede investigar las posibles irregularidades de la administración anterior y recuperar la confianza pública antes de organizar las elecciones federales y locales de 2027.