Invasión a suelo de conservación e impunidad

Por Alejandro Ramos Magaña

Este es un caso de destrucción ambiental y de plena impunidad en el sur de la Ciudad de México. Lo cuestionable es que esto ocurre en casi todo el país. Las autoridades de los gobiernos están rebasados o coludidos con la corrupción, y por eso la impunidad sigue reinando.

A pesar de 40 denuncias penales sin seguimiento ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), seis acuerdos interinstitucionales con la Federación, la ocupación ilegal del suelo de conservación en el paraje “El Arco”, de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, se consolida con construcciones ilegales, depósito de cascajo y redes de energía eléctrica con transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hasta el Instituto Nacional Electoral (INE) ha expedido identificaciones a la gente invasora.

De acuerdo con denuncias de ejidatarios y pobladores del ejido de Tlaltenco, la zona afectada se encuentra dentro de suelo de conservación y cuenta con vestigios arqueológicos reconocidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de alto valor ambiental, cultural e histórico.

Los hechos se remontan a 2019 y se agudizaron durante la pandemia de COVID-19. Los pobladores denuncian despojo de tierras ejidales a mano armada, invasiones, construcciones ilegales, depósito de cascajo y robo de energía eléctrica, sin que a la fecha se hayan ejecutado acciones eficaces de clausura, vigilancia y recuperación territorial.

Además de las invasiones en el suelo de conservación en el ejido (paraje La Ciénaga y están iniciando en el paraje Los Pozos) de San Francisco Tlaltenco, también están afectado en la seguridad de la zona, impactan la identidad de usos y costumbres como pueblo originario. Además de la afectación ambiental también cancelan la recarga al acuífero.

El punto más impactado por las invasiones es el Paraje del Arco, conocida como la ciénega y se trata de tierra ejidal cuya actividad es agroindustrial, y no habitacional, y está denominada como suelo de conservación, de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tláhuac 2008.

En este mismo ejido se encuentran vestigios arqueológicos, los cuales han sido afectados por la construcción de viviendas.

El suelo de conservación ecológica de dicho ejido es de 140 hectáreas, pero por las invasiones se encuentran afectadas severamente 130 hectáreas. Hoy solo se siembra en 40 parcelas de un total de 513.  Y vale precisar que, durante la pandemia de COVID-19, entre 2020-2022, fueron los años donde se intensificó el número de invasiones. El modus operandi de los invasores es amenazar con armas a los ejidatarios para que “vendan” o abandonen sus parcelas.

Las autoridades del gobierno de la CDMX han identificado que los grupos armados pertenecen al Frente Popular Francisco Villa (con vínculos con Morena) y Antorcha Campesina (con nexos con el PRI y Morena). Los ejidatarios denuncian que uno de los promotores de las invasiones es el diputado federal de Morena, Rigoberto Salgado (exjefe delegacional de Tláhuac, 2015-2018).

Los ejidatarios llevan varios años con reuniones con representantes del Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, pero a la fecha todo sigue estancado.

En dichas reuniones los principales acuerdos estuvieron encaminados a implementar acciones urgentes: desalojo y reubicación de los invasores, impedir el robo y sustracción ilegal de energía eléctrica; la circulación de vehículos automotores, motocicletas, vehículos tipo motocross, camiones de carga y góndolas utilizadas para transportar cascajo; el ingreso de materiales destinados a nuevas construcciones ilegales; así como catalogar la comisión de delitos ambientales en suelo de conservación; la invasión y despojo de terrenos ejidales y la consolidación de asentamientos humanos irregulares.

Los habitantes denunciaron que estas actividades generan contaminación a cuerpos de agua, aire y tierra por depósitos de cascajo y residuos sólidos urbanos, además de propiciar la expansión de asentamientos irregulares. Señalaron que la existencia de infraestructura eléctrica y transformadores de la CFE en la zona ha sido interpretada como una omisión frente al robo de energía que ocurre en esos asentamientos.

En tanto, el ecocidio institucional a mano armada sigue devorando lo que un día fue un importante humedal del Valle de México.

Adicionalmente, integrantes del comisariado ejidal han reportado haber recibido amenazas derivadas de su labor de defensa del territorio, por lo que solicitaron medidas urgentes de protección por parte de las autoridades competentes.

En 2025 se solicitó a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), Julia Álvarez Icaza Ramírez, la presencia permanente de la Policía Ambiental para vigilar los accesos al paraje y prevenir nuevas invasiones. La solicitud no se ha materializado de manera permanente, los grupos armados continúan presionando y amenazando a los ejidatarios para despojarlos de sus tierras.

Ante esto, los ejidatarios propusieron la coordinación de acciones entre diversas dependencias, entre ellas la SEDEMA, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), para frenar la invasión al suelo de conservación.

Pese a ello, los ejidatarios consideran que persiste una falta de acciones eficaces para detener el avance de la ocupación ilegal y recuperar las áreas afectadas. Se han realizado un aproximado de 40 denuncias sin seguimiento por parte de la FGJ-CDMX, siendo insuficiente frente a conductas relacionadas con despojo, daños ambientales y amenazas que constituyen delitos, sin resultados concretos que permitan restituir el territorio ni garantizar el acceso a la justicia.

Resulta preocupante, señalan, que aun cuando el paraje “El Arco” se encuentra dentro de una zona de alto valor ambiental, cultural e histórico y con vestigios reconocidos por el INAH, las afectaciones continúen avanzando sin medidas contundentes y coordinadas para su protección integral.

Por ello, los ejidatarios y pobladores de San Francisco Tlaltenco reiteran su exigencia de que las autoridades federales, el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Tláhuac actúen de manera inmediata, coordinada y permanente para detener las invasiones, combatir los delitos ambientales, investigar y sancionar los despojos, proteger a las personas defensoras del territorio y garantizar la conservación del patrimonio natural, cultural, arqueológico e histórico para las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, la comunidad afectada ha promovido amparos por la omisión de las diferentes autoridades de la alcaldía Tláhuac y del gobierno de la Ciudad de México.

Por otro lado, los pobladores también denunciaron un proyecto de la Secretaría Gestión Integral y Agua (SEGIAGUA) de ampliar los canales de los ejidos de San Francisco Tlaltenco y de San Pedro Tláhuac, según para recargar con aguas pluviales que inundan colonias de la alcaldía: San José del Pueblo de San Pedro Tláhuac y la Conchita, de Santiago Zapotitlán, pero en realidad lo que ocurre es que están recargando los canales con aguas negras de los drenajes de la zona urbana.

Los ejidatarios indicaron que SEGIAGUA nunca tomó en cuenta la posición de la comunidad, la cual en asamblea se opuso, y sin embargo, el plan lo ejecutó la autoridad.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación social en diversas zonas de la Ciudad de México por la pérdida de suelo de conservación, base de la recarga del acuífero que abastece a más de 9 millones de habitantes.