Gobierno de México niega acuerdo con la DEA sobre el “Proyecto Portero”
El gobierno mexicano desmintió la existencia de un acuerdo con la DEA para implementar el “Proyecto Portero”. La administración de Claudia Sheinbaum aclaró que no hay operativos conjuntos ni convenio firmado, y que cualquier colaboración debe respetar la soberanía nacional.
REDACCIÓN
El gobierno federal negó la existencia de un acuerdo formal con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para implementar el llamado “Proyecto Portero”, una iniciativa que la agencia estadounidense presentó como colaboración binacional para combatir el tráfico de drogas, armas y dinero en la frontera norte.
La administración encabezada por Claudia Sheinbaum aclaró que no se ha firmado ningún convenio que implique operativos conjuntos, intercambio de inteligencia o acciones coordinadas con la DEA. La única actividad confirmada fue la participación de elementos mexicanos en un taller de capacitación en Texas, sin implicaciones operativas ni compromisos bilaterales.
El contexto del “Proyecto Portero”
Según el comunicado difundido por la DEA, el “Proyecto Portero” busca desmantelar redes de operadores conocidos como “guardianes” de los cárteles, responsables del flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y del retorno de armas y dinero hacia México. La agencia describió el programa como una estrategia de colaboración entre fuerzas del orden, fiscales, inteligencia y defensa de ambos países.
Sin embargo, el gobierno mexicano subrayó que no valida información emitida unilateralmente por agencias extranjeras y que cualquier acción en materia de seguridad debe ser anunciada de forma coordinada entre ambos gobiernos, respetando los principios de soberanía y legalidad.
Acuerdo en proceso con el Departamento de Estado
La administración federal confirmó que sí existe un acuerdo en construcción con el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero aclaró que aún no ha sido firmado. Este convenio se basa en cuatro principios fundamentales: respeto a la soberanía nacional, confianza mutua, respeto territorial y colaboración sin subordinación.
El pacto busca establecer lineamientos claros para la cooperación en seguridad, sin permitir la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano. La relación con agencias como la DEA está regulada por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional, reformada recientemente para limitar la actuación de entidades extranjeras.
Tensiones históricas y marco legal
Este episodio se suma a una serie de desencuentros entre México y la DEA, especialmente tras el arresto del general Salvador Cienfuegos en 2020 y la posterior reforma legal que restringió la operación de agencias extranjeras. Durante el sexenio anterior, México disolvió la Unidad de Investigación Sensible (SIU), entrenada por la DEA, y endureció los requisitos para la colaboración bilateral.
El gobierno actual ha reiterado que cualquier cooperación debe darse dentro de un marco legal específico, con comunicación formal entre instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. La prioridad es mantener la autonomía institucional y evitar subordinaciones operativas.