Ministro Aguilar defiende la reforma a la Ley de Amparo pero rechaza su aplicación retroactiva
El ministro Luis María Aguilar afirma que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria para fortalecer el sistema jurídico, pero advierte que su aplicación no debe ser retroactiva. Conoce los argumentos, implicaciones y el contexto constitucional.
Por Mario Victorino
En medio del debate legislativo sobre la reforma a la Ley de Amparo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, se pronunció sobre la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula esta figura clave de protección constitucional. Sin embargo, advirtió que cualquier modificación debe respetar el principio de no retroactividad, especialmente en casos donde ya se han otorgado suspensiones o iniciado procesos judiciales.
Su postura se suma a las voces que, desde el Poder Judicial, buscan equilibrar la modernización legal con la garantía de derechos adquiridos y la certeza jurídica.
¿Por qué es necesaria la reforma?
La Ley de Amparo, vigente desde 2013, ha sido objeto de múltiples interpretaciones y ajustes. En los últimos años, ha sido utilizada para suspender obras públicas, frenar actos administrativos y proteger derechos colectivos. Aunque su función es esencial para el control constitucional, algunos sectores consideran que ha sido empleada de forma excesiva o estratégica para bloquear proyectos de interés nacional.
La reforma busca delimitar el alcance de las suspensiones provisionales y definitivas, especialmente en casos donde se afecten decisiones del Congreso o del Ejecutivo. También pretende agilizar los procesos y evitar que litigios individuales paralicen políticas públicas.
¿Qué implica la no retroactividad?
El principio de no retroactividad establece que una ley nueva no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. En el contexto de la reforma al amparo, esto significa que los juicios ya iniciados, las suspensiones otorgadas y los derechos reconocidos bajo la legislación vigente deben mantenerse intactos.
Para el ministro Aguilar, aplicar la reforma de forma retroactiva sería una violación al debido proceso y a la seguridad jurídica. Además, podría generar un conflicto entre poderes, al invalidar decisiones previamente emitidas por jueces federales.
¿Qué riesgos existen si se aplica retroactivamente?
La retroactividad podría afectar:
- Suspensiones vigentes contra obras públicas.
- Procesos colectivos promovidos por comunidades indígenas o ambientales.
- Juicios de amparo en materia fiscal, administrativa o penal.
- Derechos adquiridos por particulares en litigios en curso.
Además, abriría la puerta a impugnaciones constitucionales, controversias entre poderes y una posible crisis de legitimidad en el sistema judicial.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en el Senado y se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados. Aunque el dictamen no incluye una cláusula explícita de retroactividad, algunos juristas advierten que su redacción ambigua podría permitir interpretaciones expansivas.
El pronunciamiento del ministro Aguilar refuerza la necesidad de incluir salvaguardas claras en el texto final, para evitar que los cambios afecten procesos en curso o decisiones judiciales ya emitidas.
Balance final
La reforma a la Ley de Amparo representa un esfuerzo por modernizar el sistema jurídico mexicano, pero su implementación debe ser cuidadosa y respetuosa del marco constitucional. La postura del ministro Aguilar subraya que el fortalecimiento institucional no puede hacerse a costa de los derechos adquiridos ni de la certeza jurídica. El reto para el Congreso será construir una reforma que preserve el equilibrio entre gobernabilidad y protección ciudadana.