Fuera del radar la emergencia climática

Por Alejandro Ramos Magaña

Hace seis años, la pandemia por el COVID-19 provocó una disminución global de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de aproximadamente un 7%, como resultado de la reducción de actividades económicas, industriales, movilidad interna y externa, así como en la generación de electricidad, según lo reportado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

A pesar de la grave crisis sanitaria, este reporte representó un indicio positivo para intensificar de manera sostenida los esfuerzos para disminuir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que provocan el calentamiento global.

Sin embargo, la mitigación de las emisiones globales fue efímera, ya que en 2022 todos los sectores productivos se reactivaron por completo, lo que resultó en el retorno de millones de toneladas de emisiones tóxicas a la atmósfera, impactando negativamente la calidad del aire y los ecosistemas, y exacerbando los efectos del calentamiento global.

En consecuencia, la reducción del 7% en 2020 ha demostrado ser de limitada efectividad hasta la fecha. Si no se implementan medidas urgentes para reducir las emisiones hasta un 25%, como se prevé en el Acuerdo de París (firmado por 195 países en 2015), las consecuencias podrían ser catastróficas a nivel global, tal como lo ha advertido la ONU.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en su Informe sobre la Brecha de Emisiones 2020, advirtió que, a pesar de la disminución en las emisiones de dióxido de carbono derivada de la reducción en la quema de combustibles fósiles, el planeta se dirige peligrosamente hacia un aumento de temperatura de 3 grados Celsius en este siglo.  La reducción del 7% en las emisiones, consecuencia de la pandemia, representó, según expertos, únicamente el 0.01 grados Celsius del calentamiento global proyectado para el año 2050.

Cabe recordar que el Acuerdo de París, establecido durante la Conferencia de las Partes (COP21), fijó como objetivo primordial limitar el calentamiento global entre 1.5 y 2 grados Celsius para el año 2030.  Este objetivo únicamente podrá alcanzarse si la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) alcanza el 25%.

En noviembre de 2025, previo a la Conferencia de las Partes (COP30), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó su Informe sobre la Brecha de Emisiones y lanzó una alerta mundial.  En dicho informe, se advirtió que la superación del límite de 1.5 grados Celsius de calentamiento global se perfila como una realidad inminente en la próxima década, dado que los planes de las naciones para la reducción de los GEI son “insuficientes”, en combinación con la crisis geopolítica global “cada vez más desafiante”.  

Durante los últimos seis años, se han registrado temperaturas globales sin precedentes, alcanzando niveles históricos máximos en 2023, 2024 y 2025. Se prevé que 2026 se convertirá en el cuarto año consecutivo con temperaturas superiores a las registradas históricamente.  Las consecuencias de este fenómeno serán altamente perjudiciales para la humanidad y el medio ambiente, manifestándose en sequías extremas, huracanes de mayor intensidad y frecuencia, tormentas a pesar de la tendencia generalizada a la disminución de las precipitaciones, derretimiento de glaciares y un aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.  Estos eventos se ven agravados por la continua destrucción de bosques y selvas en diversos países, lo que provoca migraciones más intensas en los denominados corredores secos, donde la tierra ha perdido su capacidad productiva, como es el caso del corredor seco de la región centroamericana.

La lucha contra el cambio climático requiere una respuesta equivalente a la que las naciones implementaron durante la pandemia de COVID-19. Anualmente, los fenómenos meteorológicos extremos envían señales claras de la urgente necesidad de reducir las emisiones de los GEI. Sin embargo, los gobiernos no han respondido con una estrategia rápida, efectiva, enérgica y a largo plazo.

En el caso de México, las emisiones de gas metano, un gas con un potencial de calentamiento global significativamente mayor que el dióxido de carbono, se dispararon un 128.03% entre 1990 y 2021.  Este dato es el más reciente disponible públicamente, ya que desde 2022 el gobierno federal ha suspendido la transparencia en la divulgación de las emisiones de metano; México ocupa el décimo lugar mundial en la emisión de metano con casi 6.8 millones de toneladas a la atmósfera anualmente. Cabe destacar que Pemex, una fuente dominante de estas emisiones, tampoco ha proporcionado información sobre sus emisiones de metano desde 2021.  Los compromisos internacionales y nacionales en materia de cambio climático no se están cumpliendo, y la salud humana y la conservación de los ecosistemas no constituyen una prioridad para los últimos dos gobiernos federales.

Ahora, Pemex no ha proporcionado información sobre la causa del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, el cual se inició en febrero pasado. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales ambientalistas, el incidente se originó en un ducto subterráneo ubicado en el complejo Cantarell, según lo verificado mediante monitoreo satelital.  A lo largo de febrero y durante casi todo marzo, el gobierno federal no reconoció el severo impacto del derrame, el cual se extendió desde Tabasco hasta Tamaulipas, afectando seriamente la actividad pesquera en la región.  La cuantificación de otros daños a los ecosistemas marinos aún no se ha realizado. La opacidad sobre el desastre ambiental se mantiene como en el caso del huachicol fiscal.

En tanto, en diciembre de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dirigió un llamado a los jefes de Estado para que declararan un “estado de emergencia climática”.  En su declaración, advirtió que los compromisos actuales son insuficientes para contener el aumento de la temperatura media de la Tierra a un máximo de 1,5 grados Celsius.

El llamado de Guterres es histórico, tanto por realizarse en un año crítico marcado por la pandemia del COVID-19, como por demostrar que la acción colectiva de la humanidad puede efectivamente reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre.

Los científicos han sido claros y contundentes: si no se implementan cambios en las políticas para neutralizar el carbono, un aumento de temperatura del planeta de 3 grados Celsius provocará cambios irreversibles en la Tierra.  Han advertido que “un país no debe emitir más gases de efecto invernadero de los que puede absorber”. 

A nivel global, la República Popular China se erige como el principal emisor de los GEI, al tiempo que exhibe un compromiso relativamente bajo en la lucha contra el cambio climático.  Asimismo, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, sus políticas se contraponen diametralmente a los esfuerzos para mitigar el cambio climático.  En una acción sin precedentes, ha retirado a su nación del Acuerdo de París por segunda ocasión, habiendo realizado esta acción previamente en 2019 y reiterándola en enero de 2025.  Su argumentación se centra en la percepción de que el acuerdo impone cargas económicas desproporcionadas a la economía estadounidense.

Dadas estas circunstancias, es previsible que los compromisos asumidos en las próximas cumbres climáticas experimenten una significativa reducción en su ambición.  Este retroceso es particularmente preocupante, como se evidencia en el caso de México.

Se espera que el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, no se diluya en la anécdota frente a un escenario de temperaturas máximas históricas, como se anticipa para este 2026.