Maru Campos rechaza comparecer y desata crisis política en el Senado
Senado acusa posible violación a la soberanía nacional en Chihuahua y analiza responsabilidades contra Maru Campos.
Por Mario Victorino
La tensión política entre el Gobierno de Chihuahua y el Senado de la República escaló este 28 de abril de 2026 luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública presentaran un informe en el que se advierte una posible violación a la soberanía nacional, derivada de la presunta presencia de agentes extranjeros durante un operativo en el municipio de Morelos, Chihuahua.
Durante la sesión del pleno, el senador Óscar Cantón Zetina presentó el informe oficial en el que se detalló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rechazó asistir a la reunión convocada por el Senado para explicar los hechos relacionados con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio y la supuesta participación de agentes extranjeros.
La ausencia de la mandataria estatal provocó la cancelación de la reunión y abrió un nuevo frente político que podría derivar en investigaciones por responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales.
Maru Campos declina asistir al Senado
De acuerdo con el informe leído ante el pleno, mediante el oficio número 037-2026, recibido a las 09:05 horas del 28 de abril, la titular del Poder Ejecutivo estatal declinó la invitación emitida por el Senado.
La respuesta llegó menos de dos horas antes de la reunión programada entre las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, lo que obligó a cancelar el encuentro previsto para que la gobernadora y el fiscal general del estado explicaran los hechos ocurridos el pasado 19 de abril.
Ante ello, se convocó de inmediato a las juntas directivas de ambas comisiones para analizar el caso y aprobar un informe que ahora podría escalar a una ruta jurídica y constitucional más severa.
El caso que detonó la crisis política
El origen del conflicto está en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde presuntamente participaron cuatro agentes extranjeros.
Según lo expuesto por el Senado, la llamada Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narcolaboratorio —creada por el propio gobierno estatal— reconoció la presencia de estos agentes, lo que encendió alertas sobre una posible actuación fuera del marco legal.
Además, se señaló que el fiscal general del estado, antes de presentar su renuncia, habría admitido responsabilidad en los hechos que motivaron la reunión de trabajo.
Para los legisladores, esto podría representar una grave omisión institucional y una presunta violación directa a la Ley de Seguridad Nacional.
Senado advierte posible violación constitucional
El informe sostiene que los hechos ocurridos podrían actualizar una transgresión a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los artículos 40, 76, 108 y 117.
El artículo 40 establece que México es una república federal con competencias claramente delimitadas entre Federación y entidades federativas.
En ese sentido, los senadores subrayaron que ninguna entidad puede intervenir unilateralmente en materias relacionadas con seguridad nacional, relaciones internacionales, defensa del territorio o control de agentes extranjeros.
También se citó el artículo 117, fracción primera, que prohíbe a los estados celebrar alianzas con otros países o realizar acciones que comprometan atribuciones reservadas exclusivamente a la Federación.
La preocupación central radica en que la presunta presencia de agentes extranjeros habría ocurrido sin autorización federal, sin reporte institucional y sin coordinación con el Gobierno de México.
Ley de Seguridad Nacional bajo la lupa
Las comisiones también argumentaron que los hechos podrían constituir violaciones directas a los artículos 1, 3, 5, 26 y 70 de la Ley de Seguridad Nacional.
De acuerdo con el documento, el artículo 1 obliga a las entidades federativas a colaborar activamente con la Federación en la preservación de la seguridad nacional.
El artículo 3 protege como bienes jurídicos la soberanía, independencia e integridad del Estado mexicano, mientras que el artículo 5 considera como amenaza cualquier acto de interferencia extranjera en asuntos nacionales.
Especial relevancia tomó el artículo 70, que establece reglas estrictas para la interacción de servidores públicos con agentes extranjeros, incluyendo autorización previa, reportes escritos y supervisión institucional.
Según el Senado, cualquier omisión en estos procedimientos representa un riesgo directo para la soberanía nacional.
¿Traición a la patria?
Uno de los puntos más delicados del informe fue la referencia al artículo 123 del Código Penal Federal, relacionado con el delito de traición a la patria.
Aunque los legisladores aclararon que corresponderá exclusivamente a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales determinar si existe responsabilidad penal, advirtieron que la facilitación o tolerancia de actos realizados por entes extranjeros al margen del control del Estado mexicano podría encuadrar en este delito.
La sola mención de esta figura jurídica elevó el nivel político del caso y colocó a Chihuahua en el centro del debate nacional.
Senado anticipa nuevas acciones
El documento firmado por la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y por Óscar Cantón Zetina fue turnado para conocimiento del pleno del Senado.
El objetivo, explicaron, es que el máximo órgano de decisión de la Cámara Alta determine las acciones constitucionales y legales necesarias para esclarecer los hechos y, en su caso, exigir responsabilidades.
La discusión podría abrir un precedente importante sobre los límites de actuación de los gobiernos estatales en temas de seguridad nacional y soberanía.
Mientras tanto, la decisión de Maru Campos de no acudir al Senado sigue generando fuertes reacciones políticas y mantiene a Chihuahua en el centro de una de las controversias más delicadas del año.