ALERTA CON EL HUACHICOLEO DEL AGUA
El modelo de gestión del agua en México es insostenible. Sobreexplotación crónica de acuíferos, infraestructura envejecida, fugas, hundimientos diferenciales y falta de inversión robusta han abierto la puerta a un nuevo mercado ilícito: el tráfico de agua o huachicoleo, que ya es controlado por el crimen organizado.
Por Alejandro Ramos Magaña
El modelo de gestión del agua en México es insostenible. Sobreexplotación crónica de acuíferos, infraestructura envejecida, fugas, hundimientos diferenciales y falta de inversión robusta han abierto la puerta a un nuevo mercado ilícito: el tráfico de agua o huachicoleo, que ya es controlado por el crimen organizado.
De acuerdo con datos oficiales, de los 653 acuíferos del país, 114 se encuentran en estado crítico, pues se extrae más agua de la que la naturaleza puede infiltrar. A esta crisis se suma la explotación ilegal de ductos y pozos, la proliferación de tomas clandestinas y la operación de redes de pipas que venden el líquido a sobreprecio bajo la fachada de sindicatos.
El fenómeno ha rebasado a las autoridades. Como ocurrió con la tala clandestina, los grupos delictivos ahora ganan la batalla por el agua.
EL DIAGNÓSTICO: MÁS DE UN MILLÓN DE HOGARES DEPENDEN DE PIPAS
Según el INEGI, en 2024 un millón 42 mil viviendas en México dependían diariamente de pipas para su abasto. A ellas se suman hospitales, hoteles, restaurantes, gasolineras e industrias. Las entidades con mayor dependencia son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz.
Esta necesidad ha sido capitalizada por organizaciones que operan bajo el modelo de cobro de piso: obligan a los consumidores a comprar agua solo con ellos y a sobreprecio.
Testimonios recabados por este periodista entre hoteleros, restauranteros y gasolineros del Estado de México coinciden: se trata de grupos armados, con grupos de choque, que además de robar y revender agua, utilizan las pipas para distribuir droga en colonias y zonas industriales.
OPERACIÓN CAUDAL
El 25 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) asestó un golpe simultáneo mediante la Operación Caudal en 48 municipios, entre ellos Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco, Naucalpan, Tecámac, Atizapán, Chimalhuacán, Cuautitlán y Toluca.
Resultados:
• 150 pozos intervenidos y 138 tomas clandestinas desmanteladas en ductos municipales.
• 7 personas detenidas.
• 189 inmuebles asegurados.
• 332 pipas de 10 mil y 20 mil litros y 37 camiones cisterna decomisados.
El negocio es redituable: una pipa de 10 mil litros se vende en 2 mil pesos en el mercado negro, cuando su costo promedio regulado es de mil 100 pesos. También se encuentran las pipas que operan los municipios y autoridades estatales y cuyo abasto de agua en colonias es gratuita, pero la mayoría de los piperos cobran según la urgencia que tenga la población.
EL MAPA CRIMINAL
Detrás del delito de defraudación fiscal en materia de suministro de agua potable, la FGJEM identificó a los llamados “sindicatos”: Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON); Libertad; Los 300; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME); 25 de Marzo; 22 de Octubre; Choquiza; Movimiento Zavala y Autotanques Martínez.
De acuerdo con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estos grupos mantienen nexos con el crimen organizado. Al CNI llegaron además denuncias ciudadanas que señalan complicidad de autoridades municipales y estatales, lo que explicaría por qué estas redes han operado por años con impunidad.
Aunque también habría que cuestionar la actuación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de los gobiernos locales, quienes no investigan o toleran de forma corrupta la explotación ilegal de pozos, lo que ha originado una actividad paralela de extracción y venta de agua.
“Este tipo de huachicoleo requiere personal técnico, información clave de ductos, mapeos de zonas de desabasto crítico. Muchas pipas ni siquiera tienen documentación en regla. Muchos bolsillos institucionales se han llenado de dinero ilícito por años”, señala la investigación.
Un operativo similar urge en la Ciudad de México. En alcaldías como Tlalpan, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza proliferan las tomas clandestinas y la explotación ilegal de pozos.
También en otros estados es urgente este tipo de operaciones, y que se transparenten resultados y seguimientos de investigación y sanciones. Y sobre todo poner mucha vigilancia con el personal técnico de los organismos operadores de agua.
La propia Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA-CDMX) reconoce que el huachicoleo de agua se incrementó 128% entre 2022 y 2023, tendencia que se mantuvo hasta 2025. Hasta ahora no hay un reporte oficial al respecto.
Sin duda, este ilícito afecta el suministro regular y la calidad del agua para millones de capitalinos.
Hasta mayo pasado, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México establecía multas: de 10 mil 857 a 32 mil 571 pesos para usuarios domésticos con conexiones ilegales, y de 54 mil 285 a 108 mil 570 pesos para usuarios no domésticos.
El 27 de mayo de 2026 el Congreso de la CDMX aprobó reformar los artículos 237 y 238 del Código Penal capitalino.
Ahora se castiga como despojo de agua:
• 6 a 10 años de prisión más multa de 11,731 a 58,655 pesos por extraer, sustraer o comercializar agua alterando infraestructura.
• 6 a 12 años de prisión más multa de hasta 234,620 pesos cuando haya almacenamiento y distribución con fines de lucro.
• 7 a 12 años de prisión si lo comete un servidor público, más destitución e inhabilitación.
En el Congreso de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, diputada Olivia Garza, fue quien impulsó la iniciativa para tipificar el huachicoleo de agua como delito penal, y el Congreso aprobó reformar el Código Penal para tipificar y sancionar el huachicoleo de agua.
El contexto lo amerita. El Valle de México crece en promedio una hectárea por día, y con ello aumenta exponencialmente la demanda de agua.
Especialistas coinciden en que es urgente una gestión metropolitana del agua con la participación de los gobiernos federal, del Estado de México, CDMX e Hidalgo, además de fortalecer la vigilancia ciudadana.
Después de la Operación Caudal, ¿qué sigue en el Estado de México? Y también cabe preguntar: ¿qué están haciendo las otras entidades del país donde los servicios de abasto son críticos?
Los recursos naturales siempre requerirán defensores. Nunca habrá normatividad suficiente si no comenzamos con la educación y el involucramiento directo de las personas para mejorar su medio ambiente más próximo.