¿Golpe al huachicol o un decomiso por comprobar? Las dudas que rodean los 59 millones de litros
El decomiso de 59 millones de litros de combustible enfrenta cuestionamientos sobre su procedencia y la actuación de la Fiscalía en Guanajuato.
Por Mario Victorino
El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, presentado la semana pasada como uno de los mayores golpes contra el huachicol en México, comienza a enfrentar cuestionamientos sobre la procedencia real del producto y la actuación de las autoridades encargadas de investigar el caso.
El operativo permitió localizar 10 tanques con millones de litros de hidrocarburos en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide. La magnitud del aseguramiento fue presentada como un golpe histórico contra las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles.
Sin embargo, conforme avanzan las investigaciones, la principal pregunta comienza a ser otra: ¿los 59 millones de litros corresponden en su totalidad a combustible de procedencia ilícita?
La respuesta será fundamental para dimensionar el alcance real del decomiso.
El aseguramiento que fue presentado como histórico
El hallazgo se produjo durante una acción de seguridad en Guanajuato, donde autoridades localizaron una infraestructura utilizada para almacenar grandes cantidades de hidrocarburos.
Los 10 tanques encontrados concentraban aproximadamente 59 millones de litros, una cantidad que por su volumen convirtió el operativo en uno de los aseguramientos de combustible más importantes reportados en el país.
La magnitud del hallazgo generó una inmediata reacción política y mediática, debido a que el combate al llamado huachicol —que incluye tanto el robo de combustible como otras modalidades de extracción, almacenamiento, transporte y comercialización ilícita— se ha convertido en una de las prioridades de seguridad del gobierno federal.
El aseguramiento fue presentado como una muestra de la capacidad de las autoridades para golpear las estructuras dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos.
Pero una incautación no equivale automáticamente a una sentencia.
La cantidad asegurada no determina por sí sola su ilegalidad
El punto central de la investigación será establecer qué tipo de combustible estaba almacenado, cuál era su procedencia y bajo qué condiciones llegó al inmueble.
Que un producto haya sido asegurado por las autoridades significa que quedó bajo su custodia mientras se determina su situación jurídica. No significa, por sí mismo, que los 59 millones de litros hayan sido obtenidos mediante robo.
Para acreditar que se trata de hidrocarburos ilícitos será necesario contar con elementos periciales, documentales y financieros que permitan reconstruir su origen y la cadena de comercialización.
En otras palabras, el volumen del decomiso y su valor económico pueden dimensionar la importancia del operativo, pero no sustituyen la investigación sobre la procedencia del combustible.
¿Qué debe determinar la Fiscalía?
La investigación deberá responder varias preguntas.
Una de las principales es quién era el propietario o responsable de los hidrocarburos y qué empresas o personas participaron en su almacenamiento.
También deberá establecerse si existían permisos para almacenar el combustible, de dónde provenía, quién lo transportó hasta las instalaciones y cuál era su destino final.
Otro elemento será determinar si la documentación utilizada para acreditar la legal procedencia del producto era auténtica y correspondía efectivamente con el combustible almacenado.
Estos elementos son relevantes porque una parte de las redes dedicadas al mercado ilícito de hidrocarburos opera precisamente mediante mecanismos destinados a dar apariencia de legalidad a productos de procedencia irregular.
Por ello, la investigación no necesariamente termina con el aseguramiento físico de los tanques.
Las dudas ponen bajo la lupa el actuar de la Fiscalía
El caso también ha generado cuestionamientos sobre la forma en que la Fiscalía ha manejado la información relacionada con el aseguramiento.
La presentación pública de los 59 millones de litros como un gran golpe contra el huachicol generó expectativas sobre el alcance de la operación. Sin embargo, mientras no concluyan los peritajes y las investigaciones sobre la procedencia del combustible, no puede darse por hecho que la totalidad del volumen corresponde a hidrocarburos robados.
Esta diferencia es importante.
Una cosa es informar que las autoridades aseguraron 59 millones de litros y otra afirmar que descubrieron 59 millones de litros de combustible robado.
La primera afirmación se refiere a un hecho material: el volumen asegurado.
La segunda requiere una acreditación judicial y pericial sobre la procedencia del producto.
El caso podría ser mucho más complejo que un simple decomiso
El volumen encontrado plantea además interrogantes sobre la infraestructura necesaria para almacenar y movilizar semejante cantidad de combustible.
Los 59 millones de litros representan una operación logística de enormes dimensiones. Su traslado, almacenamiento y eventual comercialización habrían requerido instalaciones, transporte, recursos financieros y una red de participantes.
Por ello, el interés de la investigación no se limita a conocer el origen de los hidrocarburos.
También será relevante identificar quiénes estaban detrás de la operación y qué empresas o personas participaron en la cadena de suministro.
Si los peritajes confirman que el producto era de procedencia ilícita, el caso podría revelar una estructura de grandes dimensiones dedicada al mercado ilegal de combustibles.
Si una parte importante del producto resulta tener procedencia legal, en cambio, el alcance del decomiso tendría que ser reevaluado respecto de cómo fue presentado inicialmente.
La investigación será la que determine el alcance real del golpe al huachicol
El aseguramiento de los 59 millones de litros representa, por sí mismo, un operativo de enorme magnitud. Sin embargo, el dato definitivo será la cantidad de combustible cuya procedencia ilícita pueda ser acreditada legalmente.
La Fiscalía tendrá que presentar los resultados de los peritajes y las pruebas que permitan determinar el origen de los hidrocarburos, así como las responsabilidades de las personas involucradas.
Hasta entonces, el dato de los 59 millones de litros debe entenderse como el volumen del combustible asegurado, no necesariamente como la cantidad de hidrocarburos robados.
La diferencia puede parecer menor frente a la espectacular cifra del decomiso, pero jurídicamente y para dimensionar el combate al huachicol es fundamental.
El operativo de Guanajuato pasó así de ser presentado como un golpe histórico contra el mercado ilegal de combustibles a convertirse también en un caso bajo escrutinio: ahora las autoridades tendrán que demostrar qué había realmente dentro de esos 10 tanques y cuál era el origen de los millones de litros asegurados.