Agentes de la CIA ya operaban en Chihuahua desde 2025

Por Mario Victorino

Los dos agentes estadounidenses que murieron en abril de 2026 durante un operativo contra un presunto narcolaboratorio en Chihuahua ya tenían presencia en el estado desde octubre de 2025, de acuerdo con datos de prueba presentados por el Ministerio Público durante la audiencia judicial contra el exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Los fallecidos fueron identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Según los registros expuestos por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ambos habrían participado en actividades de seguridad antes del operativo del 19 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, donde murieron junto con dos funcionarios estatales.

La información contradice la versión inicial de la Fiscalía estatal, que sostuvo que los estadounidenses únicamente habían solicitado transporte al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, quien también falleció en el accidente.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó reservaciones de hotel, contratos de arrendamiento de automóviles, registros de geolocalización y testimonios de agentes estatales para reconstruir los movimientos de los estadounidenses. Esos elementos apuntan a una presencia prolongada en Chihuahua y a posibles participaciones en otros despliegues policiales.

Las revelaciones abren nuevas interrogantes sobre el tiempo que los agentes permanecieron en el estado, las actividades que realizaron, los funcionarios mexicanos que conocían su presencia y las condiciones legales bajo las cuales habrían participado en operaciones de seguridad.

Reservaciones de hotel y vehículos ubican a los agentes desde octubre de 2025

Uno de los principales elementos expuestos por el Ministerio Público fueron los registros de hospedaje de Richard Leiter Johnston III, quien habría permanecido en la ciudad de Chihuahua durante octubre de 2025 y regresado entre el 21 y el 31 de enero de 2026.

La Fiscalía también presentó contratos de arrendamiento de dos automóviles Volkswagen Jetta de color gris vinculados a Johnston. Uno de los contratos contemplaba una reservación del 14 al 20 de abril de 2026, periodo en el que se realizó el operativo contra el presunto narcolaboratorio de El Pinal.

En el caso de John Dudley Black, los datos presentados señalaron que se hospedó en el hotel Holiday Inn de la capital estatal, donde ocupó la habitación 2312.

Los registros de geolocalización de los vehículos también fueron incorporados a la investigación. Según la exposición del Ministerio Público, los datos mostraban estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde se encuentran instalaciones del sistema C4 y oficinas vinculadas con operaciones estratégicas.

La Fiscalía utilizó esos registros para sostener que la presencia de los agentes no se limitó a una visita ocasional en abril de 2026. Sin embargo, la interpretación definitiva de las pruebas y su relación con las responsabilidades individuales corresponde a las autoridades judiciales.

Los agentes habrían participado en otros operativos en Chihuahua

Los elementos presentados durante la audiencia también apuntan a que los dos estadounidenses habrían participado en actividades previas al despliegue de El Pinal.

Entre los antecedentes mencionados por el Ministerio Público figura un operativo realizado el 19 de marzo de 2026 en los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, los agentes estadounidenses habrían acompañado en distintas ocasiones a Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua.

La Fiscalía sostuvo que la presencia de los extranjeros estuvo relacionada con actividades de las áreas estatales encargadas de combatir delitos de alto impacto. También presentó testimonios de funcionarios que dijeron haber tenido contacto con ellos y que inicialmente los identificaban como personal de la Embajada de Estados Unidos.

Uno de los aspectos más delicados de la investigación es la presunta entrega de armas largas a los agentes estadounidenses en instalaciones de la Fiscalía estatal antes del operativo de abril.

Según los datos expuestos por el Ministerio Público, las armas habrían sido entregadas en la oficina de Zuany Portillo para que los extranjeros las llevaran consigo al despliegue en la Sierra Tarahumara.

Estos señalamientos deberán esclarecerse para determinar quién autorizó las actividades, qué funcionarios conocían la participación de los estadounidenses y si se cumplieron las disposiciones legales que regulan la presencia y actuación de agentes extranjeros en México.

La versión inicial de la Fiscalía quedó bajo cuestionamiento

Tras el accidente de abril, la explicación inicial de la Fiscalía de Chihuahua señalaba que los agentes estadounidenses habían solicitado un traslado al entonces director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes.

Sin embargo, los contratos de renta de vehículos, las reservaciones de hotel y los datos de geolocalización presentados meses después apuntan a una relación más prolongada con instalaciones y personal de la corporación estatal.

La diferencia entre ambas versiones es relevante porque la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad no es equivalente a su presencia como visitantes o personal de enlace diplomático.

La investigación federal sostiene que los estadounidenses participaron en un operativo armado sin la autorización requerida de las autoridades mexicanas. El caso derivó en la detención de Jáuregui, quien enfrenta acusaciones relacionadas con la presunta participación irregular de los extranjeros.

El exfiscal ha negado haber autorizado su intervención y ha cuestionado que existan pruebas directas que lo vinculen con esa decisión. Su defensa sostiene que no hay una orden o comunicación que demuestre que dio instrucciones para permitir la participación de los agentes.

Por ello, las pruebas sobre la presencia de los estadounidenses en Chihuahua deben distinguirse de las que puedan acreditar quién autorizó sus actividades y qué responsabilidad corresponde a cada funcionario.

¿Quiénes eran Richard Leiter Johnston y John Dudley Black?

Los dos estadounidenses tenían antecedentes de servicio en las fuerzas armadas de su país antes de su participación en actividades vinculadas con la CIA.

Richard Leiter Johnston III, de 35 años, estudió Historia y chino mandarín en la Universidad de Virginia. Posteriormente se incorporó al Ejército estadounidense, donde alcanzó el grado de capitán y participó en operaciones en Afganistán. También tuvo experiencia en unidades de operaciones especiales y despliegues en el extranjero.

John Dudley Black, de 43 años, había servido en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y también tenía antecedentes de despliegue en Afganistán. Su trayectoria militar incluyó funciones de apoyo al mando de la Primera División de Marines.

Ambos murieron la madrugada del 19 de abril de 2026 cuando el vehículo en el que viajaban, como parte de un convoy que regresaba del operativo contra el presunto narcolaboratorio de El Pinal, cayó por un barranco en la Sierra Tarahumara y se incendió.

En el mismo accidente murieron Oseguera Cervantes y otro funcionario de la Fiscalía estatal.

La identidad y el historial de los estadounidenses adquirieron relevancia pública después de que se conociera su participación en el operativo y surgieran cuestionamientos sobre su presencia armada en territorio mexicano.

El operativo de El Pinal detonó la crisis entre Chihuahua y el Gobierno federal

El 19 de abril de 2026, un grupo de autoridades participó en una operación contra un presunto laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua.

El accidente en el que murieron los cuatro funcionarios expuso la presencia de dos agentes estadounidenses dentro del despliegue. La confirmación posterior de que eran integrantes de la CIA y que presuntamente habían participado armados en la operación provocó cuestionamientos sobre la legalidad de la colaboración y el conocimiento que tenían las autoridades federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe realizarse mediante los canales institucionales y dentro del marco legal mexicano. La participación directa de agentes extranjeros en operaciones sensibles sin la autorización correspondiente constituye el centro de la controversia.

La Fiscalía General de la República inició una investigación para establecer cómo ingresaron los agentes, qué actividades desarrollaron y qué funcionarios mexicanos pudieron haber facilitado su intervención.

El caso también abrió una disputa política entre el Gobierno federal y la administración de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, cuyo entonces fiscal general terminó bajo investigación.

César Jáuregui enfrenta acusaciones, pero niega haber autorizado a los agentes

La investigación contra César Jáuregui Moreno avanzó después de que el exfiscal dejara el cargo el 27 de abril de 2026, en medio de la controversia por la participación de los estadounidenses en el operativo.

Jáuregui fue detenido en octubre y enfrenta procedimientos judiciales relacionados con los hechos. La acusación federal incluye presunta traición a la patria por la participación de agentes extranjeros en una operación de seguridad sin la autorización requerida. También existe una causa estatal relacionada con presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones públicas y otros posibles delitos.

Durante su comparecencia, el exfiscal negó haber autorizado la participación de Johnston y Black. Su defensa cuestiona que los datos presentados demuestren de manera directa que él tomó la decisión o dio instrucciones para permitir la intervención de los estadounidenses.

La investigación tendrá que establecer la cadena de decisiones, la actuación de los mandos operativos y el papel que desempeñaron los funcionarios estatales involucrados.

La presencia de los agentes desde octubre de 2025, si se acredita mediante las pruebas incorporadas al proceso, ampliaría el periodo que las autoridades deben investigar y permitiría examinar posibles operaciones previas al accidente de abril.

Las preguntas pendientes sobre la presencia de la CIA en Chihuahua

Los registros presentados durante la audiencia modifican la cronología conocida del caso, pero no resuelven por sí solos todas las interrogantes sobre las actividades de los estadounidenses.

Entre los puntos pendientes están la naturaleza de las operaciones en las que habrían participado, quién organizó su presencia, bajo qué condiciones tuvieron acceso a instalaciones estatales, quién les habría entregado armas y qué conocimiento tenían las autoridades federales sobre sus movimientos.

También deberá aclararse si los funcionarios estatales que tuvieron contacto con los agentes actuaron bajo instrucciones formales, acuerdos de cooperación o decisiones que no fueron comunicadas a las instancias correspondientes.

El caso pone bajo escrutinio los mecanismos de coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, así como los controles institucionales que deben regir la participación de personal extranjero en operaciones dentro del territorio nacional.

Por ahora, la Fiscalía sostiene que cuenta con registros documentales y testimonios que ubican a los agentes en Chihuahua desde octubre de 2025. La responsabilidad penal de Jáuregui y de otros posibles involucrados deberá definirse a partir de las pruebas y las resoluciones judiciales correspondientes.