Sedena rechaza responsabilidad de la Guardia Nacional en asesinato de Carlos Manzo
Sedena niega fallas de la Guardia Nacional en el asesinato de Carlos Manzo. Asegura que el alcalde no tenía protección especial asignada.
Por Mario Victorino
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un posicionamiento oficial en el que niega que la Guardia Nacional (GN) haya incurrido en omisiones o fallas operativas en el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. El pronunciamiento surge tras las críticas de ciudadanos, líderes locales y organizaciones civiles que cuestionaron la ausencia de protección al edil durante el evento público en el que fue ejecutado.
De acuerdo con la Sedena, Carlos Manzo no contaba con un esquema de seguridad personalizado ni había solicitado medidas especiales de resguardo ante amenazas previas. La dependencia argumentó que la Guardia Nacional mantiene presencia permanente en Uruapan como parte de su despliegue territorial, pero que no tenía asignación directa para custodiar al alcalde en actos públicos.
Contexto del crimen y reacción ciudadana
Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre mientras participaba en el Festival de las Velas, una celebración tradicional en el centro de Uruapan. El ataque ocurrió a plena luz del día y frente a decenas de asistentes, lo que generó indignación nacional y reavivó el debate sobre la seguridad de autoridades locales en zonas de alta presencia criminal.
Tras el crimen, familiares del edil, dirigentes comunitarios y organizaciones sociales señalaron la aparente ausencia de elementos de la Guardia Nacional en el perímetro del evento, pese a que Uruapan ha sido identificado como uno de los municipios con mayor actividad del crimen organizado en Michoacán.
Sedena: no había solicitud de protección
En su comunicado, la Sedena subrayó que la asignación de escoltas o medidas de protección a funcionarios municipales debe ser solicitada formalmente por las autoridades locales o estatales, y que en este caso no existía ningún requerimiento registrado. También aclaró que la Guardia Nacional no tiene como función principal la protección individual de alcaldes, sino tareas de patrullaje, vigilancia y apoyo a las fuerzas civiles.
La dependencia reiteró su disposición a colaborar con la Fiscalía General del Estado de Michoacán en las investigaciones, pero rechazó categóricamente que haya existido negligencia por parte de sus elementos desplegados en la zona.
Debate sobre seguridad a funcionarios locales
El caso de Carlos Manzo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los presidentes municipales en regiones controladas por el crimen organizado. En los últimos cinco años, más de 40 alcaldes han sido asesinados en México, muchos de ellos sin protección oficial pese a haber denunciado amenazas.
Diversos sectores han exigido una revisión del protocolo de seguridad para autoridades locales, así como la creación de un mecanismo nacional de protección que no dependa exclusivamente de solicitudes individuales. El asesinato de Manzo y la respuesta de la Sedena reavivan la discusión sobre la responsabilidad del Estado en garantizar la vida de quienes ejercen cargos públicos en contextos de alto riesgo.