De la defensa de Durazo a la renuncia: el caso del hijo de Guadalupe Taddei
Hijo de Guadalupe Taddei renuncia al gobierno de Alfonso Durazo tras bloqueo de cuentas por la UIF en investigación sobre proveedores del INE.
Por Mario Victorino
La investigación financiera que involucra a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, alcanzó también a su entorno familiar. Su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, presentó su renuncia como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el bloqueo de sus cuentas bancarias.
La salida del funcionario fue confirmada la noche del miércoles 11 de noviembre por la vocería del Gobierno de Sonora. Su dimisión ocurrió después de que trascendiera su inclusión en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero, dentro de una investigación por posibles operaciones irregulares relacionadas con empresas proveedoras del INE.
El caso forma parte de una indagatoria que comprende a 40 personas y empresas: 25 personas físicas y 15 morales. Entre los señalados aparecen Guadalupe Taddei, su hijo, otro familiar, ocho exfuncionarios electorales y empresarios relacionados con compañías que obtuvieron contratos del organismo electoral.
De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, las autoridades identificaron movimientos financieros considerados de riesgo y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá investigar los posibles delitos y determinar si existen responsabilidades.
El bloqueo de cuentas constituye una medida administrativa y preventiva, por lo que no representa, por sí mismo, una sentencia ni acredita la comisión de algún delito por parte de las personas incluidas.
Durazo había defendido a su colaborador
La renuncia de Piñeda Taddei representa un nuevo episodio en la controversia por la presencia de integrantes de la familia de Guadalupe Taddei en distintos espacios de la administración pública.
El funcionario se incorporó al Gobierno de Sonora en enero de 2025 como titular de la Consejería Jurídica. En agosto de ese mismo año pasó a ocupar la Secretaría Particular de Alfonso Durazo, responsabilidad que desempeñó durante aproximadamente 15 meses.
Su nombramiento ya había provocado cuestionamientos por el parentesco con la entonces presidenta del INE y los señalamientos sobre la presencia de familiares de Taddei en instituciones públicas.
El pasado 29 de octubre, Durazo rechazó que existiera un grupo familiar con influencia dentro de su administración y defendió la trayectoria profesional de su colaborador.
En aquella ocasión, el mandatario aseguró que no había razones para separarlo del cargo mientras no existieran conclusiones de las investigaciones que acreditaran alguna irregularidad.
La salida ocurre apenas dos semanas después de que Guadalupe Taddei dejara la presidencia del INE, el 26 de octubre, en medio de cuestionamientos por presuntos conflictos de interés y relaciones con proveedores del organismo electoral.
La investigación también alcanza a otros integrantes de la familia
La controversia no se limita a Luis Rogelio Piñeda Taddei. También trascendió que Delia Sugey Cruz Montaño, su esposa, dejó su puesto como administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora, aunque esa salida no contaba con la misma confirmación institucional que la renuncia del hijo de la exconsejera presidenta.
Las indagatorias de la UIF se relacionan con presuntas irregularidades financieras alrededor de proveedores que obtuvieron contratos del INE, entre ellos empresarios que durante años mantuvieron relaciones comerciales con el organismo electoral.
La investigación coloca bajo escrutinio operaciones financieras, vínculos empresariales y relaciones con antiguos funcionarios del instituto, en un caso que ha reavivado las críticas sobre posibles conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Por ahora, la renuncia de su hijo al Gobierno de Sonora no resuelve los cuestionamientos sobre las operaciones investigadas ni representa una conclusión de las autoridades. La FGR deberá determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales.