Salinas Pliego vendió participación en AT&T México con deuda fiscal pendiente
Ricardo Salinas Pliego vendió su participación en AT&T México mientras arrastraba una deuda fiscal millonaria. La operación revive cuestionamientos sobre evasión, privilegios empresariales y omisiones del SAT.
REDACCIÓN
Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más poderosos de México, concretó la venta de su participación en AT&T México mientras enfrentaba una deuda fiscal multimillonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La transacción, que involucra activos estratégicos en telecomunicaciones, ha desatado una nueva ola de críticas sobre el trato preferencial que reciben ciertos grupos empresariales y la aparente inacción de las autoridades fiscales ante operaciones de alto perfil.
La venta se realizó en medio de un prolongado litigio entre Grupo Salinas y el SAT, por presuntos adeudos que superan los 2 mil millones de pesos. Aunque el empresario ha negado reiteradamente deber impuestos, documentos oficiales y resoluciones judiciales han confirmado la existencia de obligaciones fiscales pendientes. La operación con AT&T, sin embargo, se concretó sin que el Estado mexicano interviniera para congelar activos o condicionar la venta al cumplimiento tributario.
¿Qué se vendió y por qué importa?
La participación de Salinas Pliego en AT&T México proviene de la fusión entre Iusacell y Nextel, empresas que fueron adquiridas por AT&T en 2015. Grupo Salinas mantuvo una participación residual en la operación, que ahora ha sido liquidada en una transacción privada. Aunque los detalles financieros no han sido revelados públicamente, se estima que el monto supera los cientos de millones de dólares.
La relevancia de esta venta radica en que involucra activos estratégicos en telecomunicaciones, un sector clave para la infraestructura digital del país. Además, la operación se realizó mientras el empresario enfrentaba señalamientos por evasión fiscal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del SAT para garantizar el cumplimiento de obligaciones antes de permitir movimientos financieros de gran escala.
¿Privilegios fiscales o omisión institucional?
La venta de activos por parte de un contribuyente con litigios fiscales abiertos plantea dudas sobre el marco legal que regula estas operaciones. En teoría, el SAT puede solicitar medidas cautelares para evitar que los deudores fiscales dispongan de sus bienes sin saldar sus obligaciones. Sin embargo, en este caso no se aplicaron restricciones, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un ejemplo de trato preferencial.
La falta de acción por parte de las autoridades fiscales también ha encendido alarmas entre expertos en transparencia y rendición de cuentas. La operación con AT&T se concretó sin que se hiciera pública ninguna medida de fiscalización adicional, lo que refuerza la percepción de que ciertos empresarios operan bajo reglas distintas al resto de los contribuyentes.
Reacciones y presión pública
La noticia ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios exigen que el SAT explique por qué no intervino en la operación. El caso también ha sido retomado por colectivos que promueven la justicia fiscal, quienes señalan que permitir la venta de activos sin saldar deudas es una forma de validar la impunidad empresarial.
Mientras tanto, Salinas Pliego mantiene su postura de que no debe impuestos y que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de extorsión política. La venta de su participación en AT&T podría fortalecer su posición financiera, pero también lo expone a nuevas críticas sobre el uso de estructuras corporativas para evadir responsabilidades fiscales.
¿Qué sigue?
La operación con AT&T México podría convertirse en un caso emblemático sobre la relación entre grandes empresarios y el sistema fiscal mexicano. Si el SAT no actúa para recuperar los adeudos pendientes, el caso podría escalar hacia instancias internacionales o convertirse en bandera política para quienes exigen una reforma fiscal profunda.
Por ahora, el empresario ha capitalizado su participación en una de las telecomunicaciones más importantes del país, mientras el Estado mexicano enfrenta el dilema de cómo garantizar justicia fiscal sin ceder ante presiones económicas o políticas.