Drama migratorio

Por Alejandro Ramos Magaña

El cambio climático, la inseguridad desbordada, desempleo y pobreza siguen provocando migraciones masivas en Centro América y Sudamérica, principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Colombia, y miles de personas intentan llegar a México y emprender su marcha a la frontera norte y buscar ingresar a Estados Unidos.

A miles de migrantes no les importa el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Tampoco quieren analizar la política de Tolerancia Cero, que promovió Trump en campaña. Tampoco les inquieta la amenaza del futuro presidente de la expulsión masiva de migrantes de territorio estadounidense, y por el momento, tampoco les inquieta la designación en control fronterizo de Thomas Homan, quien se caracteriza por su “mano dura” contra los indocumentados.

Trump a siete días de su triunfo amenaza a los migrantes, pero los desplazamientos de miles migrantes continúan su marcha hacia Estados Unidos. Las quejas entre los desplazados giran en la misma narrativa: lo crisis económica, la delincuencia organizada cada vez más violenta, y a que sus tierras no producen debido a las prolongadas sequías. 

También este fenómeno migratorio empieza a elevar las protestas de los ciudadanos de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues advierten sobre el caos urbano y de salud que están provocando al ocupar parques, jardines, canchas deportivas y espacios públicos en general. La misma situación se repite en Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. La bomba social crece y crecerá cuando asuma Trump la presidencia el 20 de enero próximo.

Entre 2019 y 2023, el gobierno federal mexicano registró la entrada al país de más de 133 millones de migrantes.

El impacto climático ha creado el llamado corredor seco centroamericano —que abarca 1,600 kilómetros de longitud desde la zona limítrofe sur del estado Chiapas hasta la zona occidente de Panamá—, y que ha sido catalogado como el peor del siglo XXI afectando severamente a cerca de 4 millones de personas, que hoy demandan asistencia humanitaria y refugio. Nada fácil de atender y brindar solución a los desplazados.

Esta semana otra caravana de más de 3 mil migrantes se moviliza hacia la frontera norte, pero grupos “hormiga” se desplazan por otros estados en busca de refugio temporal. Un buen número presenta enfermedades estomacales, pulmonares y de la piel, así como de males diabéticos y secuelas del COVID-19.

Los casos de COVID-19 no han desaparecido, y mientras en Guatemala se les exige pruebas negativas de este virus, en México no se les pide a este tipo de grupos migratorios; y en El Salvador y Honduras son mínimas las pruebas que se aplican dentro de sus territorios.

Bien se sabe que los planes sanitarios, de refugio y seguridad son deficientes en México, y las autoridades municipales y estatales están desbordados ante este fenómeno que se podrá agravar a partir de 2025 con la presidencia de Trump.

De lograr su objetivo de ingresar a nuestro país y se desplacen por todo el territorio mexicano, los migrantes pasarán por estados con altos niveles de inseguridad, y esto es aprovechado por el crimen organizado para reclutar jóvenes a sus filas criminales.

Vale recordar que en la frontera norte de México se encuentran miles de indocumentados centroamericanos, sudamericanos, africanos y del Caribe, varados desde hace más de 3 años, en espera de poder entrar a Estados Unidos.

Sólo en la zona fronteriza del estado de Chihuahua se encuentran más de 20 mil indocumentados con la esperanza de brincar al sueño americano. 

Recordemos que en 2021, el gobierno de Donald Trump presionó a México para controlar y contener a esas caravanas en nuestro propio territorio, y así se hizo, y ahora cargamos con este fenómeno sin programas claros de refugio y asistencia social.

Ahora que se avecina el cambio de poder en Estados Unidos, la mayoría de esos migrantes, y de la nueva caravana, aún tienen confianza en lograr el asilo político en Estados Unidos.

Obviamente los migrantes esperan que en los primeros 100 días del próximo gobierno estadounidense las cosas cambien a su favor, pero lo más seguro es que sean deportados y retenidos en México.

Pero bien sabemos que sean demócratas o republicanos en el poder, el tema de las depreciaciones seguirán; recordemos la política migratoria del demócrata Barack Obama, cuyo gobierno (2009-2016) deportó a miles de indocumentados mexicanos y de otros países. Obama deportó a casi 2.9 millones de migrantes, mientras que Trump en su gobierno (2016-2020), expulsó a poco más de un millón. Sin embargo, Joe Biden deportó en dos años de su gobierno (2020-2024), a 2.8 millones de migrantes, y entre mayo de 2023 a mayo de 2024 repatrió a 775 mil indocumentados.

Ante estos escenarios nada bien le espera a México con el fenómeno migratorio en la nueva era de Trump, pues fue el tema clave de su campaña y todo apunta que será su política en la materia será muy agresiva. 

Mientras las caravanas de desplazados todos los días ingresan a Chiapas. De ahí salen en concentraciones masivas y en grupos a otros estados para intentar alcanzar la frontera norte.

La pregunta obligada es: ¿Qué planes tiene el gobierno mexicano?, y ¿cuánto nos cuesta atender a miles de migrantes en campamentos y traslados? Por ahora sabemos que los municipios del sur y norte están rebasados, pese a los “maquillajes” que manejan las autoridades del gobierno federal, que para ellos todo está en orden humanitario.

También es la hora de que los gobiernos centroamericanos y sudamericanos asuman mayores compromisos con sus  compatriotas, pues hasta ahora el resultado es que no están preparados para escenarios de tal magnitud. 

La otra amenaza del cambio climático merece otro análisis, pues sus impactos seguirán elevando el fenómeno de desplazados.