El alertamiento que no llega a todos

Por Alejandro Ramos Magaña

El 20 de octubre 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un sistema nacional de alerta ante fenómenos meteorológicos que llegaría directamente a los teléfonos celulares, como ya ocurre con la alerta sísmica.

La propuesta, a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), prevé sonido y mensaje en pantalla para avisar de huracanes, tormentas, inundaciones y olas de calor, sin importar la compañía, el plan, el saldo o la conexión a internet.

Hasta hoy, 5 de octubre de 2026, no hay un informe oficial de avances. Todo indica que la cobertura no es general. El propio sistema lo reconoció a medias durante el paso del huracán Polo, que se formó en el Pacífico el 20 de septiembre pasado, alcanzó categoría 5 el día 22 y se disipó el 29 de septiembre dejando tres víctimas mortales en Baja California Sur y Sonora.

Sheinbaum aclaró entonces que el mecanismo sigue en desarrollo, y su operación depende de que las compañías telefónicas concluyan las adaptaciones técnicas.

Para el Gobierno federal se trata de complementar la labor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al informar con oportunidad sobre un fenómeno natural en una región determinada.

Es un buen paso institucional. La prevención, ante el cambio climático, dejó de ser un gasto para convertirse en una inversión necesaria. Sin embargo, la iniciativa abre una pregunta incómoda: ¿qué pasará cuando no haya internet ni teléfono celular?

En muchas comunidades rurales, en asentamientos irregulares ubicados en cauces de ríos, barrancas, laderas y zonas costeras, el suministro eléctrico no es efectivo y la señal de telefonía es deficiente. Ahí, donde más se necesita la alerta, el mensaje no llegará.

La ATDT debe decir si todas las regiones del país cuentan con cobertura y qué tipo de celular básico es suficiente para recibir el alertamiento. No puede darse por hecho que la población conoce su nivel de vulnerabilidad. Esa información se concentra en los altos niveles de gobierno o en instituciones especializadas.

El problema se agrava con los Atlas de Riesgo. La mayoría de los estados y municipios no están actualizados. Después del desastre de octubre de 2025, cuando las tormentas afectaron a 150 municipios en cinco estados, dañaron 100 mil viviendas, dejaron 500 mil personas afectadas y cobraron la vida de 76, el Gobierno federal anunció la integración de un comité científico para actualizarlos. Hasta ahora no hay reporte oficial de que se haya cumplido.

Mientras los Atlas de Riesgo permanezcan concentrados en los tomadores de decisiones y no sean del dominio público, la población no sabrá qué medidas tomar.

Cabe preguntar también qué han hecho los organismos de Protección Civil en los últimos años. Se ha comprobado que no saben coordinarse ni transmitir los alertamientos de forma efectiva y por eso el desastre siempre es de mayor impacto.

Es urgente evaluar a fondo quiénes los encabezan a nivel federal, estatal y municipal, cuál es su formación y cuál es la rotación del personal capacitado. 
Basta de improvisaciones, compadrazgos políticos y burócratas inútiles.

Hay un rezago enorme en políticas de prevención contra fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y sanitarios. Las inundaciones catastróficas siguen siendo el desastre que más daño económico provoca al país.

El desastre de 2025 debió obligar a las autoridades a replantear la política de planeación urbana. No ha ocurrido.

Sería conveniente impulsar una gran cruzada de planeación que defina jurídicamente dónde se puede crecer y en qué zonas habrá cero crecimiento, y que eso se cumpla de forma permanente.

El reto es superar la inercia de actuar sólo en la emergencia y dar el salto hacia una agenda nacional de prevención de desastres, con recursos financieros suficientes para aspirar a una tasa cero de víctimas mortales.

La prevención no es un gasto. Es la inversión más redituable.